La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) informó que iniciará acciones legales contra el Estado ecuatoriano ante instancias nacionales e internacionales "por la violación sistemática de derechos humanos".
A través de un comunicado, la CONAIE se refirió al accionar estatal durante las manifestaciones antigubernamentales contra el alza de los combustibles y otras medidas económicas, que "produjeron muertes, heridos de gravedad y detenciones arbitrarias".
Según datos aportados esta semana por el titular de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión, 10 personas murieron y 1340 resultaron heridas en el contexto de las protestas, que se extendieron por 11 días, del 3 al 13 de octubre.
Responsabilidad del Estado
La CONAIE pide al Estado que "asuma la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes", así como por la "criminalización de la protesta social".
Ante ello, demandan la liberación de todos los compañeros detenidos y procesados, la reparación integral a las víctimas, el cese de la persecución política, así como la judicialización, ataque y calumnias a los dirigentes indígenas.
También, la organización indígena señala que se mantiene firme en la exigencia de renuncia de los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, a quienes considera como "los directos responsables de la masacre perpetrada" contra el pueblo.
¿Qué pasa con el diálogo?
Este miércoles, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, informó que el diálogo iniciado con el Gobierno, que puso fin a las protestas el pasado 13 de octubre, se encuentra "parado", porque "no ha habido ambiente de diálogo".
Entre otras cosas, la paralización se dio luego que la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciara una investigación contra Vargas luego que, en un acto público el dirigente hablara sobre la creación de un ejército propio de los movimientos indígenas. Además, el movimiento denunció ataques cibernéticos contra la organización, principalmente dirigido a sus dirigentes.
En el comunicado de este jueves, la organización señala que mantendrá el nexo con la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ecuador, ente mediador en el diálogo.
Mientras, piden garantías al Gobierno y señalan que "el proceso de diálogo debe ser público".
En esas conversaciones, las partes buscan redactar un decreto sobre el subsidio a los combustibles en el país, luego que, por presión de las protestas, se derogara el Decreto Ejecutivo 883 que eliminaba el subsidio estatal a las gasolinas extra y ecopaís y al diésel, produciendo el alza de sus precios; medida que había sido puesta en marcha en respuesta a un acuerdo alcanzado entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad que prestó al país más de 4.200 millones de dólares.
No obstante, Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), señaló, en declaraciones a la prensa, que en el diálogo también se deben abordar "temas estructurales en términos económicos" que afectan al país y que la organización sea tomada en cuanta para "discutir una política económica integral".
"Parlamento de los Pueblos"
La CONAIE, además, convocó a las organizaciones sociales y populares de Ecuador a conformar lo que han denominado "Parlamento de los Pueblos".
Esa instancia, que contará con asambleas populares, servirá para construir "un proyecto de nuevo modelo económico" en el país, "que asegure el sumak kawsay (buen vivir) y evite el endoso del nuevo paquetazo contra el pueblo".