El Tribunal Constitucional de Perú resolverá si el Parlamento sigue disuelto

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú, compuesto por siete jueces, aceptó este lunes la demanda presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, y se declaró competente para definir si la disolución del Congreso decretada por el Gobierno de Martín Vizcarra es legal o no.

Sin embargo, rechazó la medida cautelar, es decir, un pedido de rápida resolución para cancelar la suspensión del Parlamento peruano, considerando las posibles demoras que puedan existir en la resolución del caso. Se trata de una acción preventiva, contemplada en el sistema judicial de muchos países. 

De esta forma, por el momento la suspensión del Poder Legislativo se mantiene, aunque ya se inicia un proceso legal contra la decisión del Ejecutivo. En concreto, el TC aceptó tratar el conflicto, pero todavía no emitió una postura al respecto. 

Así, tras ser debidamente notificada, Presidencia tendrá un plazo de 30 días hábiles para responder la demanda. Luego, se fijará una fecha para una audiencia pública, donde cada parte tendrá a sus respectivos abogados, y con un nuevo plazo de 30 días hábiles más, el TC deberá emitir una sentencia. 

Otro conflicto a tener en cuenta es el de las fechas: la resolución del conflicto podría coincidir con los comicios legislativos impulsados por el Ejecutivo, aunque dependiendo del fallo, resta por ver si efectivamente se concretarán. Y, como curiosidad, la definición del problema quedó en manos del Tribunal, principal implicado en la cuestión de la selección de jueces, que motivó la suspensión del Congreso inicialmente.

¿Qué pasó en Perú?

El Gobierno decidió disolver el Congreso el pasado 30 de septiembre, y convocó a elecciones parlamentarias para el próximo 26 de enero con el fin de conformar un nuevo órgano legislativo. El argumento oficial para anular al Parlamento fue que aquella cámara habría rechazado en dos oportunidades la "cuestión de confianza" presentada por el Ejecutivo, y según la Constitución local, eso le da la potestad al presidente de tomar esa medida tan determinante.

Como rápida respuesta, el Congreso —ya disuelto— votó la destitución del mandatario, aunque por el momento ello no tiene valor. No obstante, una sentencia del TC podría cambiar radicalmente el escenario político nacional. 

El centro del conflicto radica en la conformación del Tribunal Constitucional (TC), el mismo que debe intervenir en grandes causas de corrupción que sacuden a la clase política, principalmente a la oposición fujimorista. En efecto, Presidencia consideró que esos legisladores estaban realizando maniobras irregulares desde sus bancas para el nombramiento de jueces, y por eso pidió el apoyo del Congreso para reformar el sistema de selección de magistrados. 

Sobre lo que pasó después, las versiones son cruzadas: la oposición dice que finalmente aprobó el pedido de confianza, y el oficialismo sostiene que en un principio no atendieron su planteo, aunque tras la amenaza de disolver el Parlamento, finalmente lo aprobaron.

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Entonces, ¿cuál fue el problema? Que a pesar de apoyar la "cuestión de confianza" para modificar el sistema, se nombró a un magistrado del Tribunal con el antiguo método. Ese es el principal argumento de Vizcarra para justificar la suspensión del Poder Legislativo en Perú: se respaldó su planteo en los papeles, pero en los hechos hicieron todo lo opuesto.

Además, se trata de un Congreso que ya propuso un proceso destituyente contra su predecesor, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, obligado a renunciar en 2018 tras un escándalo de corrupción. 

Así, la tensión política en Perú lleva semanas, y significó el bloqueo por parte de las fuerzas de seguridad en el Parlamento, protestas a favor y en contra del Gobierno, y opiniones de organismos internacionales. En su momento, la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington (EE.UU.), prefirió no intervenir y consideró que el asunto debería ser resuelto por el TC peruano.

Leandro Lutzky

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