Hombres armados asesinaron a cuatro personas en el municipio de Corinto, en la segunda masacre de la semana registrada en el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia.
El coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), José Sauca, informó a El Espectador que los cuerpos encontrados en la vereda Santa Elena de Corinto tendrían huellas de tortura y que habrían sido degollados.
Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, manifestó su rechazo por el asesinato de cinco personas, en referencia al homicidio de otra víctima en la localidad de Guasanó.
"A los narcotraficantes los mueve una codicia tal que ninguna vida les merece respeto, pero nunca han podido ni podrán doblegar a los colombianos", tuiteó el ministro, agregando que tomarán "medidas adicionales".
El miércoles 30, decenas de personas protestaron en la Plaza Bolívar de Bogotá para exigir #QuePareElGenocidioIndigena, tras la masacre de cinco indígenas, que fueron asesinados el martes cuando realizaban labores de control territorial en una zona rural del municipio de Tacueyó.
Según informó la Asociación de Cabildos indígenas del Cauca, hombres armados dispararon "a sangre y fuego, terminando con la vida de Neehwesx Cristina Bautista (gobernadora indígena) y otros cuatro comuneros".
Otros crímenes
Ante los recientes hechos de violencia que se han cobrado la vida de líderes de pueblos originarios, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) pidió una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la región y exigió a las autoridades adoptar medidas que permitan "superar la grave situación de emergencia humanitaria, social, y económica" que sufren las comunidades ancestrales en el Cauca.
La más reciente masacre llega tras el anuncio del presidente de Colombia, Iván Duque, de desplegar 2.500 militares en el departamento de Cauca para fortalecer la seguridad en la zona y luchar contra la expansión de narcotráfico.
Duque responsabilizó del crimen del martes pasado a "estructuras del narcotráfico, disidentes, residuales, que lo que han querido es mantener el negocio del narcotráfico y buscar con las armas acallar las expresiones de las comunidades y amedrentar a las comunidades indígenas".
Con una variedad de grupos armados disputándose rentas, rutas del narcotráfico, recursos naturales e industrias legales e ilegales, 777 líderes sociales y defensores de derechos humanos de comunidades han sido asesinados en Colombia desde el 1 de septiembre de 2016.