Este lunes comienza en Tarragona (Cataluña) el juicio contra siete acusados para los que la Fiscalía pide un total de 6.317 años de prisión. Se les acusa de haber abusado de 103 menores en el que es considerado uno de los mayores casos de abusos sexuales y pornografía infantil de España.
Los acusados, de los que seis se encuentran a disposición judicial y el séptimo será juzgado en rebeldía al encontrarse huido, formaban una red de pornografía, de alcance internacional, que actuó en el nordeste de España desde el año 2000 hasta 2015, cuando se llevó a cabo una operación policial que acabó con su detención y la incautación de unos 3 millones de archivos, entre los que se encontraban 1.500 películas pornográficas en las que los detenidos abusaban de menores.
Además de participar en los videos, los enjuiciados grababan, distribuían y comercializaban el material pedófilo en una red que contaba con casi 600 clientes.
Las víctimas eran menores vulnerables
El perfil de las víctimas era el de niños vulnerables, a algunos de los cuales buscaron directamente en los servicios de las administraciones públicos que estaban encargados de su tutela, como el centro de menores tutelados de Tortosa, en Tarragona.
Los acusados, según la Fiscalía, se acercaban a los pequeños, algunos de solo 11 años de edad, y les ofrecían dinero (5, 10 o 20 euros, dependiendo de los actos sexuales que les exigieran) o droga a cambio de participar en las películas pornográficas.
Las grabaciones se llevaban a cabo en el domicilio de los acusados, donde la Policía incautó equipos profesionales de grabación y de iluminación. Por esas viviendas pasaron más de 100 menores.
El Gobierno regional ejerce de acusación particular, debido a que siete de las 103 víctimas identificadas –aunque podrían haber más– eran menores tutelados que vivían en Centros de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Otros seis habían estado en algún momento bajo la tutela de la administración catalana debido a su situación de alta vulnerabilidad. Precisamente, fue una denuncia de personal de la DGAIA en Tortosa la que dio comienzo a una minuciosa y laboriosa investigación.
Para Youness N., a quien se considera el captador de los menores y que se encuentra huido de la Justicia española, la Fiscalía pide 710 años de cárcel; mientras que para Jean Luc A., considerado el cerebro de la red, se solicitan 1.179 años, la pena más elevada. Los siete enjuiciados están acusados de delitos continuados de corrupción de menores para producción y distribución de material pornográfico y un delito de organización criminal. Además, a algunos de ellos también se les acusa de delitos de abuso sexual con acceso carnal.