¿Por qué se retrasa la entrada en vigor del Código Penal de Honduras? Las claves para entender la polémica

Honduras, un país con 8.400.000 habitantes y una de las tasas de homicidios más alta del mundo, atraviesa una difícil coyuntura política desde mayo pasado, cuando el Congreso Nacional aprobó reformas al Código Penal que entrarían en vigor el próximo 10 de noviembre.

La modificación introduce 50 nuevos delitos, pero voces de la sociedad civil han asegurado que suaviza las penas para la mayoría de ellos.

El primer Código Penal de Honduras se publicó en 1983 y tuvo su primera, y hasta ahora única reforma, en 1997, incluyendo 210 artículos de los 426 que contiene. El proyecto de modificación argumenta que ese instrumento jurídico "ha dejado de cumplir su papel como disuasivo social para la prevención del delito, sus normas no están en concordancia con la nueva realidad y no coadyuva a reducir el fenómeno del delito", por lo que un nuevo cuerpo normativo "es muy necesario".

Ante los cuestionamientos de al menos 35 organizaciones y sectores sociales, que consideran que los cambios al Código son un retroceso en materia de justicia y que se trata de ajustes hechos para beneficiar a los corruptos, el Legislativo aceptó este martes prorrogar la 'vacatio legis' (período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor) para recibir comentarios.

El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, ha manifestado que están dispuestos a escuchar opiniones con fundamento.

Argumentos y señalamientos

A decir de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, con el nuevo Código Penal "es más fuerte la pena si un hondureño se roba un celular, que un funcionario público se robe el presupuesto" de la institución a su cargo. El ejemplo de Castellanos se fundamenta en que con las modificaciones "el robo se sanciona con una pena de cuatro a ocho años de cárcel, mientras que la malversación se castiga" con sanciones de cuatro a seis años.

Sin embargo, el Congreso Nacional, en un documento titulado 'Percepción contra Realidad', argumenta a favor de las reformas y responde a algunos de los señalamientos.

Actualmente, la pena de malversación es de 2 a 5 años de reclusión si no excede 1.000 lempiras (40 dólares) o de 6 a 12 años, si sobrepasa dicha cantidad. Con la modificación, se condenaría de "4 a 6 años, si lo malversado no pasa de 100.000 lempiras  (4.048 dólares) y de 6 a 9 si las sobrepasa, además de extenderse de 8 a 12 años de prisión cuando afecte bienes o servicios públicos o de 10 a 15 años si se trata de una red de corrupción de tres o más personas", según el documento.

"No queremos la entrada en vigencia del Código Penal porque está blindando a corruptos, a personas que tienen acciones contundentes en temas de narcotráfico. Es importante la participación ciudadana para decirle a los 128 diputados del Congreso Nacional que escuchen la voz del pueblo", ha señalado Castellanos de manera reiterada.

Entre lo objetado por los opositores es que la reforma contempla la reducción de la pena por delitos de malversación de caudales públicos "siempre y cuando el sujeto imputado devuelva el bien o repare el daño causado". Al respecto, Moisés Ulloa, activista de Movimientos Sociales, denuncia: "Este código penal lo que pretende  es bajar las penas, es un blindaje que no podemos permitir".

Sin embargo, el artículo 479 del nuevo código establece que la persona investigada por malversación "no podrá evitar una acusación penal ni obtener una disminución de la pena, si devuelve el bien o repara el daño causado".

Otro de las polémicas está relacionada con la creación y difusión de información que puedan ser considerados como injuria y la calumnia. Incluso, según reporta la prensa local, la Corte Suprema de Justicia pidió al Congreso Nacional mantener en el código la penalización con prisión para algunos delitos, lo que enciende aún más las alertas de las organizaciones de derechos humanas.

De hecho, en julio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) advirtieron que el texto final del nuevo Código Penal contenía restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y de prensa.

También manifestaron su inquietud por la tipificación como delito de las "reuniones y manifestaciones ilícitas", así como el establecimiento de faltas por "asociación para delinquir", "perturbación del orden" y "asociación terrorista", pues recalcan que su formulación indebida podría acarrear a la criminalización de conductas de ejercicio del derecho a la libre reunión, de la libertad de expresión y de la manifestación pacífica.

La CIDH y OACNUDH también alertaron que el Código mantiene la penalización del aborto en todas las circunstancias, contrario a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad.

A contrarreloj, un pequeño triunfo

El nuevo Código Penal de Honduras, que entraría en vigencia el 10 de noviembre, continúa siendo objeto de críticas, por lo que el Poder Legislativo tuvo que dar un giro de timón.

Este 5 de noviembre, el Congreso Nacional aprobó la ampliación de la 'vacatio legis' por seis meses. En este lapso, los sectores que tengan observaciones y recomendaciones podrán presentarlas para someterlas a consideración.

De esta forma, está previsto que el nuevo Código Penal no entrará en vigencia hasta el 10 de mayo del 2020.

Tras la noticia, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras expresó su disposición de apoyar el proceso de revisión de la norma, con el propósito de armonizar el nuevo Código Penal con los estándares internacionales.

Bajo la sombra de la corrupción

Con la ampliación para recibir observaciones al Nuevo Código Penal, las organizaciones ciudadanas insistirán en "que solo beneficia a los corruptos", en un país donde la actual Administración, bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, es considerada corrupta e incapaz.

El mandatario hondureño carga además con el fardo judicial legado por su hermano Juan Antonio 'Tony' Hernández, quien fue declarado culpable el 18 de octubre por narcotráfico en una corte federal en Nueva York (EE.UU.).

Narcotráfico, sobornos y dinero caliente: Lo que hay que saber sobre el controversial juicio al hermano del presidente de Honduras

Por voto unánime del jurado, el excongresista hondureño por el Partido Nacional (conservador) fue declarado culpable de los cuatro delitos que se le imputaban: tráfico de drogas con destino a EE.UU., soborno, posesión ilegal de armas y dispositivos destructivos, y de hacer declaraciones falsas a agentes federales.

Las acusaciones han salpicado al presidente. La justicia estadounidense argumenta que 'Tony' inyectó millones de dólares a campañas políticas en los años 2009, 2013 y 2017 con dinero del narcotráfico. El Cártel de Sinaloa habría donado fondos sucios a los candidatos del Partido Nacional, entre los que estaría Juan Orlando Hernández.

El Gobierno de Honduras ha negado las imputaciones, pero eso no ha frenado las protestas y el malestar social que se han acrecentado tras la declaración de culpabilidad sobre 'Tony'.

Este martes, el opositor Partido Libertad y Refundación convocó a empresarios, profesionales, campesinos, estudiantes y otros sectores a un paro nacional, aún sin fecha, para forzar a Juan Orlando Hernández a dimitir.

La petición de renuncia del presidente hondureño resuena desde junio pasado en la calles del país centroamericano.

Paola Morales

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