La tensión entre los manifestantes y las fuerzas antidisturbios de Chile se agravó este 6 de noviembre en una nueva jornada de violentas movilizaciones antigubernamentales, que se mantienen durante los últimos 19 días.
El equipo de RT en Santiago también sufrió alas consecuencias de las acciones policiales, que incluyeron el uso de gases lacrimógenos y disparos no letales para dispersar a la multitud de personas que protestaban.
Las manifestaciones que en días anteriores se concentraban en la Plaza Italia y otras zonas céntricas se extendieron a los barrios comerciales de la capital chilena; por ejemplo, centenares de personas se manifestaron frente a un centro comercial en una zona de oficinas de lujo.
Previamente, observadores de derechos humanos acusaron a algunos agentes de herir con perdigones a dos alumnas de liceo que se manifestaban en el interior de su centro educativo: el equipo de RT ha presenciado cómo las fuerzas de seguridad chilenas realizaban disparos de ese tipo contra la muchedumbre.
"Nos han disparado día a día a la cara y los carabineros, los polícías, no respetan ninguno de los procedimientos", exclamó un manifestante al afirmar que más de 200 personas han perdido la vista de manera parcial o total por esas prácticas, que considera propias de "una dictadura encubierta".
Otra integrante de la protesta indicó que los oficiales no disparan las municiones lacrimógenas hacia arriba, como se supone que deberían hacer, sino "directo y hacia abajo", algo que maximizaría el daño a los presentes.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, condenó la violencia que ha tenido lugar en las marchas, anunció un plan para prestar ayuda a las pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas y aseguró que no dimitirá, aunque no descarta debatir una posible reforma constitucional.
Por el momento, la Fiscalía chilena contabiliza 23 muertos desde que comenzó el estallido social, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile registró 1.659 heridos en hospitales y 4.364 detenidos hasta el 4 de noviembre.
La Justicia chilena ha admitido una querella contra Piñera por crímenes de lesa humanidad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido una autorización a su Gobierno para visitar Chile con el fin de revisar la situación en ese ámbito.