El senador colombiano Roy Barreras acusó al ministro de Defensa, Guillermo Botero, de haberle ocultado al país la muerte de por lo menos siete menores de edad tras un bombardeo en una zona de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el sur del país, el pasado septiembre.
El 30 de agosto, Botero informó a través de su cuenta de Twitter que habían muerto nueve integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales' (GAO), como también son llamados los grupos disidentes de las FARC-EP. "Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos", agregó en su trino.
Tres días después se conoció que la cifra había aumentado a 14 personas muertas, entre las que se encontraba 'Gildardo El Cucho', quien presuntamente pertenecía a los grupos armados residuales, según había anunciado previamente el presidente colombiano, Iván Duque.
Esta fue la primera acción de los cuerpos de seguridad del Estado, tras el anuncio del prófugo de la Justicia colombiana Iván Márquez y un grupo de guerrilleros, de retomar las armas ante el incumplimiento de los acuerdos de paz y el asesinato de líderes sociales y excombatientes.
¿Qué ocurrió?
El pasado martes se realizó un debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa colombiano, que fue convocado por Barreras, quien preside la Comisión de Paz del Senado.
La información, hasta ahora desconocida, sobre la edad de las víctimas del bombardeo del pasado septiembre fue uno de los principales puntos que se abordó en el debate sobre la gestión del ministro de seguridad.
"Les voy a mostrar el reporte de Medicina Legal no conocido por los colombianos", expresó Barreras, quien pertenece al Partido Social de Unidad Nacional, de origen uribista, y que ocupa 14 puestos en el Senado, de un total de 108.
"Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó a siete niños", afirmó el senador, quien agregó que esta cifra podría incrementarse debido a que cuatro cuerpos "llegaron tan despedazados" que las pruebas forenses solo pudieron establecer que tres tenían menos de 20 años.
La cifra final de muertos fue de 18 personas, según datos de la morgue.
¿Quiénes son las víctimas?
Un informe del 19 de septiembre de Medicina Legal, adscrita a la Fiscalía, mostrado por el senador, recogió las edades de los siete menores muertos tras la acción del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) de las Fuerzas Militares de Colombia.
- Ángela Gaitán, 12 años, quien fue identificada por un resto de uno de sus pies.
- Sandra Vargas, 16 años.
- Diana Medina, 16 años.
- José Rojas, 15 años.
- Jhon Pinzón, 17 años.
- Wilmer Castro, 17 años.
- Abimiller Morales, 17 años.
Según Barreras, estos adolescentes "fueron revictimizados al ser presentados como delincuentes" ante el país.
"Esconderle esas muertes a Colombia es razón suficiente para que este Senado lo censure", afirmó el presidente de la Comisión de Paz del Senado.
El parlamentario le reprochó a Botero su supuesto desconocimiento del informe de Medicina Legal y la recriminó haber ordenado un ataque sin tomar en cuenta los 'Principios Básicos de Derecho Humanitario', que prohíben acciones que puedan causar "incidentalmente muertos y heridos entre la población civil (...) que serían excesivos en relación con la ventaja militar prevista".
Respuesta de Botero
Ante la interpelación, el titular de Defensa dijo que las operaciones militares "siempre se realizan de acuerdo de estándares internacionales de derecho humanitario" y que cuando se llevó a cabo la operación, "no se sabía la presencia de menores".
Explicó que revisó la legislación y se encontró que 'Gildardo El Cucho' "era una amenaza para la seguridad nacional y que como tal se podía bombardear el sitio".
Botero, quien tiene 14 meses de funciones, aseveró que ese tipo de operaciones "tienen control judicial y estaban soportadas en investigaciones de dos fiscalías".
En su opinión, le "corresponderá evaluar la infracción de la que es responsable el GAO y sus miembros al utilizar menores de edad como parte de su estructura de seguridad".
El ministro considera que quien infringe el derecho internacional humanitario es "quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar".
Otra acusación: los falsos positivos
Barreras presentó ante el Senado dos casos catalogados como "falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales de civiles hechas por los cuerpos de seguridad del Estado, que son presentadas como ocurridas en combate.
"Tengo que decirles que hemos vuelto a los falsos positivos, las equivocaciones aquí se cuentan en vida", sostuvo el senador frente a las informaciones no comprobadas que Botero adujo haber manejado en los casos.
El caso más reciente fue el de Flower Trompeta, un defensor de Derechos Humanos asesinado en la localidad de Corinto, departamento del Cauca, luego de que presuntamente fuera retenido por el Ejército.
La información oficial asegura que Trompeta, quien fue relacionado con las disidencias de las FARC, murió en combate. Sin embargo, testigos afirmaron un grupo de civiles se lo llevó con vida de su parcela y que su cuerpo apareció después en las cercanías de la vivienda de su abuela.
El informe de Medicina Legal arrojó que la víctima recibió dos tiros en la espalda y uno en el brazo, por lo que se deduce que corría mientras le disparaban. Ese hecho pone en duda la versión de un enfrentamiento.
En diálogo con RT, el analista político Nicolás Villa Moya afirmó que Colombia atraviesa una crisis de autoridad, debido a que la población "cada vez cree menos" en el Gobierno de Duque. Para el especialista, la razón que llevó al ministro de Defensa a esconder esos presuntos crímenes fue la de no dilapidar "la poca autoridad que le queda" a la actual administración.
"Pensábamos que los falsos positivos eran algo del pasado, pero cada vez hay más evidencia de que han vuelto y han permanecido como una política de Gobierno, tanto en las presidencias de (Álvaro) Uribe, como en la de (Juan Manuel) Santos y ahora en la de Duque", señaló.
En la última semana ha habido 16 homicidios en el Cauca colombiano. De esta cifra, siete víctimas han sido indígenas.
A finales de octubre ocurrió la muerte de Alexander Parra, otro excombatiente desmovilizado, quien fue atacado en su vivienda por un encapuchado en el municipio Mesetas, del departamento del Meta.
Parra es el primer exguerrillero asesinado dentro de un Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación (ETCR), lugares destinados a facilitar la adaptación de antiguos miembros de las extintas FARC a la vida civil.
Una muerte y otra moción de censura
Otro caso presentado por Barreras fue el del exguerrillero desmovilizado Dimar Torres Arévalo, cuya muerte fue ejecutada por el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo, por órdenes de su superior, el coronel Jorge Pérez Amézquita, según la Fiscalía.
Torres Arévalo fue asesinado por Gómez Robledo debido a que este suponía que había sido el responsable del asesinato del militar Pablo Emilio Borja García, a quien le lanzaron un artefacto explosivo de fabricación artesanal mientras caminaba.
El cadáver de Torres Arévalo fue escondido por tres uniformados en una fosa, junto a la motocicleta que manejaba al ser interceptado y asesinado de cuatro tiros. En esa oportunidad, el ministro de Defensa afirmó que la muerte había ocurrido por un forcejeo con fuerzas de seguridad para robar un arma.
Actualmente, Botero ha respaldado las investigaciones de la Fiscalía y ha afirmado que la información del forcejeo fue la primera que le ofrecieron. Sin embargo, ha alegado que el crimen ocurrió cuando el militar estaba "fuera de servicio".
Este caso hizo que se llevara a cabo una moción de censura en la Cámara de Representantes contra Botero, el pasado 13 de junio, de la que se libró con 121 votos que se opusieron a la medida y 20 que se manifestaron a favor.
En un poco más de un año de gestión, el titular de Defensa ha enfrentado dos mociones de censura por su manejo de la seguridad del país, ante la cifra en aumento de líderes sociales y excombatientes asesinados. Corresponderá el próximo martes la votación del Senado para determinar si se mantiene o no en su cargo.
Si bien esta acción interpuesta ante el Senado ha sido catalogada por algunos como una forma de presionar al presidente Iván Duque para obtener beneficios, se prevé que sea aprobada por la mayoría absoluta del Senado.