Afshin Irani pagó tres de las 240 cuotas que le debe a la banca chilena. Todavía le quedan unos 20 años como deudor. Si todo sale bien, a los 45 habrá cancelado su crédito de 15 millones de pesos (20.000 dólares) por haber estudiado Filosofía entre 2013 y 2017 en la Universidad de Chile, aquella que, se supone, es pública.
Él y sus dos hermanos están en una situación similar, y los intereses del préstamo crecen porque son tasados en Unidad de Fomento (UF), "una divisa que sube constantemente". En su momento, había postulado a becas, pero quedó seleccionado para recibir un Crédito con Aval de Estado (CAE) y otro del Fondo Solidario, que ahora debe devolver.
Le llaman "solidario" porque bajo ese financiamiento no se pueden embargar viviendas ante incumplimientos, pero "es un crédito al final del día", considera el filósofo. Hay otros miles de jóvenes de clase media en la misma situación, y hoy expresan su profundo malestar con el sistema. La anulación de las deudas por estudiar es uno de los pedidos principales en el estallido social chileno.
"La bronca la tengo con el Estado, porque toda esa deuda sirve para moverle plata a empresarios que no invierten ni un peso en la educación", dice Afshin, quien participa activamente en los reclamos de las últimas semanas. Aquel joven sueña con obtener su magíster y un doctorado, "necesarios para no tener un trabajo de miseria", pero no consigue un empleo estable, y debería abonarlos con su bolsillo.
Sucede que tras las revueltas estudiantiles de años atrás, si bien se consiguió la obtención de la gratuidad para personas de bajos recursos, el resto de la ciudadanía todavía tiene que recurrir a préstamos para progresar en el ámbito académico. "Y ni tan gratuidad, porque si repruebas un semestre y te atrasas un año más en tu carrera, ese año te lo cobran y debes pagar con crédito o en efectivo", aclara Romina Contreras Ramos, otra universitaria local.
Con ella hablamos en enero del 2017, y por aquel momento temía que las autoridades embargaran su casa por las deudas que contrajo con el CAE para estudiar Literatura Hispánica, también en la Universidad de Chile: "Ya habían tasado mi hogar. Vivíamos con el miedo de que cualquier día llegara un receptor judicial e hiciera efectivo el cobro", recuerda.
Como pasaron más de cinco años desde que pidió el préstamo, su compromiso financiero prescribió, y aunque su morada ya no corre peligro, no podría acercarse a un banco a pedir un crédito para adquirir un bien, porque se encuentra "en la lista negra del sistema". Igualmente, está feliz: "¡Chile despertó!", exclama.
Ahora sueña con acceder a una beca, y se está preparando para dar la Prueba de Selección Universitaria (PSU), porque quiere cambiar su carrera por Ciencias Políticas. Si reprueba, retrasaría otro año su acceso a la facultad, perdería el ciclo lectivo y debería reintentarlo en el 2020. Tampoco tiene un trabajo estable.
Obviamente, hay ciudadanos con problemas más urgentes. En efecto, los reclamos de las protestas también pasan por el acceso a la salud y la vivienda, pensiones dignas y salarios acordes al costo de vida, pero sería imposible identificar todas las exigencias. "Pareciera que los llamados '30 años' [de transición democrática] han incubado un descontento de carácter anárquico, el cual ni siquiera permite pensar en términos peticionarios", describe el sociólogo Jorge Valdebenito.
Al respecto, añade: "Pese a los esfuerzos de dirigentes por generar un pliego de demandas, durante las jornadas de protesta los carteles y consignas lejos se encuentran de adherir a estas".
Para algunos, la mejor forma de canalizar muchas consignas históricas es creando una nueva Constitución, que deje atrás los antiguos pero vigentes pilares de la dictadura de Pinochet. De hecho, recientemente se realizó un simulacro de asamblea constituyente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y la idea sigue sumando adeptos. El 10 de noviembre, tras los masivos reclamos populares, el Gobierno informó que avanzará para crear una nueva carta magna "con amplia participación de la ciudadanía".
Sin embargo, según el especialista, "es de esperar que los sectores conservadores desplieguen todos sus esfuerzos en impedirlo. Y si la asamblea se llegase a realizar, destinarán sus energías para obstaculizar al máximo el cumplimiento de sus objetivos de cambio". A su vez, desde un punto de vista académico, califica: "Estamos en presencia de lo que el marxismo ha señalado como lucha de clases". Más allá de los libros, Valdebenito considera que esta situación es inédita en la historia chilena, y por ello es difícil anticipar el curso de los hechos.
A estas alturas, las movilizaciones son multitudinarias y no cesan. El epicentro de las protestas suele ser Plaza Italia, en Santiago, que ya se convirtió en la cita predilecta de los viernes. Sin embargo, este movimiento social aún no presenta liderazgos: es una masa heterogénea, difícil de conducir, aunque todos coinciden en un rechazo generalizado hacia el Gobierno derechista de Sebastián Piñera.
Para el experto, el hecho de que en las manifestaciones predominen jóvenes de entre 15 y 35 años, es una condición "propicia para el escepticismo ante líderes". Además, sostiene que la amplitud de reivindicaciones dificulta la aparición de una cabeza conductora.
¿Acaso ello puede ser un problema para encausar las demandas hacia cambios concretos, más allá del descontento general? Según el sociólogo, que el pueblo movilizado no tenga personalidades sobresalientes podría ser una virtud para el movimiento, y también un problema para los sectores conservadores. De hecho, al no encontrar personalidades claras, "los ataques mediáticos de parte del Gobierno se han dirigido principalmente a la figura de vándalos", subraya.
En cambio, durante protestas opositoras de años previos, cuando sí surgieron líderes, ellos "fueron objeto de la puesta en circulación de informaciones que tenían como fin destruir su imagen pública", advierte. Como ejemplo, en 2016 el entrevistado estudió de cerca el caso del activista Luis Mesina Marín, referente del petitorio para modificar el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), quien fuera víctima de acciones "conducentes a su deslegitimación".
Tal vez, una de las principales características del contexto chileno es el espíritu de colectividad que se despertó a raíz de las protestas. De hecho, se afianzaron las asambleas territoriales, donde se debaten asuntos vecinales, como "la seguridad barrial, el cuidado infantil y el suministro de víveres", y se formaron cabildos ciudadanos en distintas regiones, "con propósitos puramente preparativos ante una eventual asamblea constituyente".
Sin embargo, Valdebenito destaca que el pedido para desarrollar un nuevo marco legal en ese país sudamericano no atraviesa a toda la población: "Estaría instalado en ciertos sectores asociados a un nivel educacional más alto, lo cual se relaciona económicamente con capas medias o medias altas, de tendencia política más progresista". Al mismo tiempo, suma que "no necesariamente viven la precariedad de la vida, ni la falta de oportunidades, sino que su descontento puede relacionarse con el creciente empobrecimiento".
Por otro lado, el entendido señala que "hay que diferenciar el malestar según la clase social".
Daniel Andrade, miembro de la mesa directiva de Revolución Democrática, un partido fundado en 2012 por referentes de las movilizaciones estudiantiles, opina que "el estallido no va a parar hasta que se convoque a un proceso de participación vinculante". Sobre ello, profundiza: "Ahora no hay ningún actor legitimado para llevar adelante una agenda de cambio. Tiene que haber un programa institucional que proponga cómo participar y que la gente se sienta parte de la solución".
A su vez, el joven coincide en que el movimiento es inorgánico: "Las convocatorias se hacen por Instagram y WhatsApp, llenando Plaza Italia y los centros cívicos de todos los pueblos". Desde su perspectiva, "este es el estallido más grande que ha vivido Chile en toda su historia", y visualiza que el conflicto en las calles va a durar unos días más. Luego, estima que podría tomar otros carriles más institucionales.
Sin embargo, Andrade aclara: "La salida tiene que ser con la gente. No hay lugar para que el presidente haga una reforma, dé un anuncio y esto se calme. Tiene que haber participación profunda, un plebiscito o una asamblea constituyente".
Sobre la falta de voceros, si bien es cierto que ello plantea serias dificultades para poder elevar petitorios claros a la clase política, el expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) destaca que ello produce mayor adhesión popular: "Personas que estaban en la derecha, empiezan a saltar a la vereda de la calle. Y están de acuerdo con los cambios planteados".
En general, la consigna general pide un nuevo sistema, con justicia social como pilar principal. "La única forma que encontró el Gobierno para mantener el actual, fue sacando a los 'milicos', con una represión excesiva", lamenta. Y concluye: "El relato de modelo exitoso, ya se desarmó. Ahora hay que transformarlo".
Leandro Lutzky
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