Según cifras oficiales, en México hay más de 12 millones de personas de más de 60 años y cuatro de cada diez son pobres. En este contexto, la 'Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores' es considerado uno de los programas más ambiciosos del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
El programa de pensiones a adultos mayores comenzó en Ciudad de México en el año 2000, cuando López Obrador ejercía como jefe de Gobierno de la capital mexicana, para luego retomarse a nivel federal en la Presidencia de Vicente Fox (2000–2006), bajo el nombre de 'Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 y más', destinado a quienes no recibieran algún tipo de pensión.
"No es que este programa lo haya inventado el Gobierno ahora, mas bien el Gobierno federal lo está reacomodando. A partir de una serie de evaluaciones se consideró dejarlo en el ámbito federal y no concentrarse en los gobiernos locales. Hubo varias protestas porque algunas personas recibían doble apoyo, otras nada y otras que solo recibían uno", explica Karla Valverde Viesca, especialista en políticas del bienestar y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Pero ¿qué tan eficiente y sustentable es esta política pública con la que el Estado mexicano busca reconocer la aportación que 8,5 millones de personas adultas mayores han hecho al país a lo largo de su vida?
Con la nueva Administración, el apoyo a los adultos mayores pasó a concentrarse en un solo programa a nivel federal y se hizo universal, con lo que creció el número de beneficiarios. Además, se aumentó la cuantía a percibir.
Así, bajo el esquema anterior se entregaban 1.160 pesos (60 dólares) al mes que solo se podían utilizar para comprar despensa en el supermercado. En el actual, se otorgan 2.550 pesos (132 dólares) bimestrales que los beneficiarios pueden usar a su parecer.
"López Obrador nos dijo que iban a aumentar el monto, pero no aumentaron nada, porque ahora nos depositan 2.550 pesos, pero cada dos meses", comparte Lourdes, de 68 años, que lleva cinco años sujeta al apoyo.
La pensión universal para adultos mayores fue una de las principales promesas que López Obrador impulsó a lo largo de su campaña a la Presidencia de México y, aunque es uno de los programas sociales que mayores aplausos gana, en los últimos meses se han presentado protestas de personas que no han recibido el apoyo bajo la nueva modalidad.
Las quejas, principalmente, son porque no han recibido el depósito en las tarjetas dispuestas para este fin a través de 18 bancos, no han recibido los plásticos o los solicitantes de nuevo ingreso no han sido admitidos todavía al programa.
El mandatario mexicano prometió que al concluir febrero se habrían realizado el 100 % de los pagos, sin embargo, la Secretaría del Bienestar reportaba en septiembre el avance en 93,6 %.
Javier es parte de ese 6 % que no ha tenido "la suerte" de recibir todavía los recursos económicos. El hombre, de 75 años, relata que después de tres años de percibir el apoyo del Gobierno de Ciudad de México, hasta ahora no ha contado con el dinero del Gobierno federal.
"Creo que es una cuestión de suerte, porque algunas personas sí lo tienen ya, como mi hermano, que llegaron a tocar a la puerta de su casa para empadronarlo y ya está recibiendo el apoyo", narra.
Javier y su esposa han realizado el trámite en dos ocasiones, pues en la primera no fue hecho correctamente; aunque ya cuentan con las tarjetas bancarias del programa, desde hace seis meses no reciben ningún depósito.
La historia de Antonia y Marino es similar. En octubre de 2018, cuando la actual Administración comenzó a censar a los adultos mayores, este matrimonio acudió a actualizar sus datos.
Después de tres meses, llegaron a su domicilio las tarjetas bancarias. Sin embargo, aunque se les ha depositado el dinero, no han podido disponer de él. "Volvimos a ir a las oficinas, dijeron que sí teníamos el dinero depositado, pero que teníamos que cambiar el plástico, porque estaba mal el registro", recuerdan.
Antonia y Marino se retiraron de las oficinas de la sede regional del programa, en el centro de la capital mexicana, con la promesa de un nuevo plástico en un lapso de dos meses. Continúan esperando.
Lourdes, en cambio, dice que ha tenido buena suerte. "No he tenido ningún problema con las modificaciones que hicieron, solo un mes no me depositaron, pero después me cayó el dinero de manera normal, aunque no me repusieron lo que no me llegó", expresa.
Los inconvenientes, ha argumentando el Gobierno, se deben a que se continúan levantando los censos. "Empezamos con las tarjetas que ya se tenían [del antiguo programa], pero ha habido retrasos porque se está haciendo un censo casa por casa para detectar los lugares donde existe mayor necesidad", ha explicado López Obrador.
"La verdad era bastante desastroso el padrón de beneficiarios del programa", explica Valverde Viesca. "Cuando llega este Gobierno empieza a revisar el padrón, hace una serie de evaluaciones, considerando las hechas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que señalan que sí es un programa que ayuda", agrega.
Por su parte, Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, ha indicado que en algunos casos hay retrasos por las condiciones de las comunidades, aunque también por problemas en la documentación requerida para inscribirse.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se destinaron 100.000 millones de pesos (5.200 millones de dólares) a este programa, lo que permitió incorporar a jubilados y pensionados que no recibían el apoyo. El monto representa el 67 % del presupuesto total de la Secretaría del Bienestar, a cargo del programa.
Al hacer un solo programa federal, el Gobierno mexicano atendió la recomendación hecha por el Coneval en el año 2018 sobre crear un sistema de protección universal en pensiones que sustituyera a los diferentes programas sociales de adultos mayores inconexos.
Los programas sociales surgieron como una acción de los gobiernos para tratar de mitigar las brechas de desigualdad social cuando se transitó de gobiernos primordialmente proteccionistas –entre las décadas de los ochentas y noventas– hacia los modelos de políticas económicas neoliberales, expone la especialista en políticas del bienestar.
"Al llegar una política neoliberal, México y otros países latinoamericanos que venían de modelos de protección social y de programas asistencialistas muy arraigados, lo primero que ven trastocado son esos programas, profundizando la brecha de la pobreza y de la concentración de la riqueza", subraya Valverde.
En México, 629.000 adultos mayores viven en pobreza extrema. En este sentido, distintas políticas del bienestar han sido calificadas de 'clientelares', pues partidos y actores políticos han fungido como 'intermediarios' y usado los programas en su beneficio.
La idea de la política social no es hacer personas dependientes para el resto de la vida, apunta la especialista, sino eliminar las brechas profundas de desigualdad hasta llegar a un punto de equilibrio que en México no ha tenido avance durante los últimos 35 años.
"En estos años, los recursos destinados al llamado gasto social se han visto afectados por casos de corrupción, porque ¿cómo podemos explicar que los años en que más recursos se canalizaron a desarrollo social, son los mismos años en los que aumentó más el número de pobres?", cuestiona.
Valverde confía en que bajo el actual esquema se logren revertir las brechas de desigualdad: "No va a ser fácil ni de inmediato, pero puede ayudar a tener mejores estructuras para los años venideros".
Para ello, la experta recomienda crear sistemas de evaluación externos y de monitoreo más transparentes que permitan medir mejor el impacto de los programas.
Tener 65 años en pueblos originarios y 68 años en el resto de la población, presentar una identificación oficial, el acta de nacimiento y un comprobante de domicilio son los requisitos para obtener el beneficio.
"Hay que inscribirse un año antes de llegar a la edad requerida, porque sí te tardan en entregar la tarjeta", comenta Lourdes teniendo en cuenta su caso. Javier manifiesta la misma experiencia.
Uno de los retos será asegurar en el tiempo los recursos para su funcionamiento, considerando que México ha pasado de ser un país de jóvenes a tender a convertirse en una sociedad de personas adultas mayores.
En 2050, los adultos mayores en México representarán cerca del 30 % de la población con una esperanza de vida de 86 años.
"Es un fenómeno que en los países europeos se dio hace bastante tiempo, pero en México eso ahora trastoca estructuralmente muchas cosas. Como Gobierno te demanda actividades, pensiones, servicios de salud, infraestructura, no existe esa capacidad instalada", refiere la profesora de la UNAM.
Para el año 2020, el Gobierno destinará 129.350 millones de pesos (6.646 millones de dólares) en pensiones para personas adultas mayores, convirtiéndose en el programa con más recursos del actual Gobierno, según el presupuesto aprobado el pasado 22 de noviembre.
El monto de la pensión, además, irá en aumento de acuerdo a la inflación, informó López Obrador.
Con suerte o sin ella, los adultos mayores mexicanos no desprecian el programa. "Yo sí estoy muy agradecida y muy contenta de que nos den esa ayuda, yo uso el dinero para despensa y para los pañales de mi esposo enfermo. Yo he tenido suerte, porque no he tenido problema", concluye Lulú.
Aunque Javier sigue a la espera de los fondos no niega la utilidad: "Nadie va a rechazar el dinero que les manda el Gobierno, porque es una necesidad para las personas, para algunos imperiosa, pero a todos nos sirve".
El presidente Andrés Manuel López Obrador envío este 26 de noviembre al Congreso una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional la pensión a adultos mayores.
Paola Morales
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