Tres días después de las elecciones en Bolivia, el presidente Evo Morales anunció que estaba en proceso lo que finalmente ocurrió este domingo: un golpe de Estado.
La sombra sobre los comicios del pasado 20 de octubre, en los que el mandatario resultó ganador con el 47,08 % de los votos, estuvo precedida por una serie de declaraciones de la dirigencia opositora para manipular al electorado y desconocer las instituciones bolivianas. Las acciones de protesta, como en otras oportunidades, incluyeron obstaculización de las vías y llamados a paralización de actividades.
Sin haberse conocido los números finales, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) sugirió en un informe preliminar que se realizara una segunda vuelta electoral.
Ante lo expresado por la OEA, el Gobierno de Morales permitió que se llevara a cabo la verificación de los resultados y selló un acuerdo con el organismo para que sus recomendaciones fuesen vinculantes. Sin embargo, el pacto obtuvo la negativa del excandidato presidencial Carlos Mesa, quien había catalogado al proceso como un "fraude escandaloso" y una "vergüenza para el país", y convocó a los bolivianos a defender sus votos en las calles en "una batalla democrática".
La pausa en el conteo de votos
En las calles, grupos opositores bloquearon algunas zonas en varias provincias alegando "fraude" y pidiendo repetición de elecciones. Además, quemaron las sedes del Tribunal Supremo Electoral en varias provincias. La violencia escaló en los días siguientes, cuando fueron atacados y perseguidos los seguidores de Morales.
Los cuestionamientos se centraron en el sistema electoral boliviano, que posee dos mecanismos de conteo y que funcionan de manera paralela: la TREP y el Recuento Oficial de los Votos.
Los resultados que arroja la TREP son técnicos y no vinculantes, a diferencia del cómputo oficial. La pausa que se realizó entre el domingo y el lunes en ese sistema se debió a que el voto rural, por situarse en lugares sin acceso a internet, tarda en ser computado y no puede transmitirse de inmediato.
Sin embargo, ante las dudas que suscitó la interrupción de la transmisión de resultados preliminares, al llegar a 83,74 % de los votos computados en la TREP, el TSE sugirió seguir mostrando los datos, por lo que así se hizo.
"Golpe de Estado en proceso"
Desde el miércoles posterior a las elecciones, Morales denunció un golpe de Estado en proceso, planeado por la derecha con apoyo internacional.
Las acciones desestabilizadoras estaban lideradas por Luis Fernando Camacho, jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, y el excandidato presidencial opositor de la alianza política Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien denunció un presunto fraude electoral.
Por su parte, el entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, advirtió sobre la "oleada fascista" que se había desatado y citó como ejemplo los ataques en contra de mujeres, principalmente, y de una alcaldesa en Cochabamba, a quien la retuvieron, la humillaron, la llenaron de pintura roja y la obligaron a caminar descalza.
Durante cuatro días consecutivos hubo enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales en los alrededores de la sede de Gobierno en La Paz (Bolivia), en medio de la presión de la oposición para que renunciara.
Camacho, quien había sido señalado de impulsar una "aventura golpista", dijo que llevaría a la capital boliviana una carta con la solicitud de renuncia, días después de que no pudiera salir del Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz, para pedir la dimisión presidencial.
En medio de este clima, el viernes pasado, el ahora mandatario depuesto alertó que la oposición ya no deseaba que se declarara fraude, ni quería "segunda vuelta, ni siquiera otras elecciones". La solicitud de la derecha era una sola: "que se vaya Evo", recalcó Morales.
La cercanía del golpe
El sábado pasado, el ministerio de Exteriores de Bolivia denunció que "algunos dirigentes" de los movimientos cívicos de ese país intentaban llevar a cabo un golpe de Estado.
En esa misma jornada, el ministro de Defensa boliviano, Javier Zavaleta, aseguró que ningún operativo militar sería realizado para contener las protestas a favor y en contra de la reelección de Morales, y tras reportes de repliegues policiales en algunas zonas opositoras del país.
Las tensiones continuaron en ascenso por la negativa de Mesa a dialogar, la destitución del comandante de Policía de Santa Cruz por su incapacidad de controlar el amotinamiento de un grupo de oficiales en ese departamento, y el asedio a la televisora estatal Bolivia TV.
El informe de la OEA
El domingo, en medio de acciones violentas como la quema de las propiedades de la hermana de Morales, de un alcalde y dos gobernadores, la OEA pidió anular los resultados de las elecciones generales del pasado 20 de octubre y convocar nuevos comicios.
Según las conclusiones de ese documento, el cómputo oficial "estuvo reñido con las buenas prácticas"; no se respetaron "los estándares de seguridad", por lo que supuestamente no era posible "garantizar la integridad de los datos"; y "en los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades".
Sin embargo, el mismo documento arroja que los técnicos del bloque regional "realizaron un análisis pericial caligráfico de 333 actas cuestionadas" y que de esa cantidad, "78 actas (23% de la muestra) presentaban irregularidades desde el punto de vista pericial". Según el cómputo oficial se transmitieron 34.555 actas, por lo que la muestra de la OEA corresponde a 0,22 del total de la data.
Tras la presentación de este informe previo, el exmandatario convocó a nuevas elecciones y a anunció la renovación de la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral.
Las renuncias
A partir de estos anuncios, miembros del gabinete, del parlamento, el procurador, la presidenta del TSE y autoridades provinciales dimitieron de sus cargos. Algunos de ellos, incluso, habían sufrido ataques de turbas opositoras en sus viviendas y contra sus familiares.
Posteriormente, el Ministerio Público pidió procesar a vocales del TSE por las presuntas irregularidades en las elecciones. Tanto la expresidenta como dos vocales fueron detenidos.
El punto final lo pusieron el general Williams Kaliman, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y el comandante general de la Policía, Vladimir Yuri Calderón, quienes pidieron la dimisión del presidente "ante la escalada de conflicto que atraviesa el país" y "velando por la vida y la seguridad de la población".
La presión de las Fuerzas Armadas precipitó el golpe de Estado. Por esa razón, el Morales comunicó su renuncia horas después, con el fin de que Mesa y Camacho cesaran la persecución a "dirigentes sindicales", pararan de propiciar la quema de las casas de funcionarios públicos, y dejaran de "secuestrar y maltratar" a los familiares de los líderes indígenas.
Este lunes, un avión de la Fuerza Aérea de México llegó a Bolivia para recoger a Morales, en medio de un clima de violencia y represión, desatado por las protestas en rechazo al golpe de Estado y la brutal actuación de la fuerza pública para tratar de contener las manifestaciones
"Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida", dijo el presidente dimitido de Bolivia en su cuenta de Twitter, agregando que aunque le duele abandonar el país andino, pronto volverá "con más fuerza y energía".
Previo a su partida, Morales pidió a los bolivianos "cuidar la paz y no caer en la violencia", mientras en las calles se reportan enfrentamientos entre los seguidores del líder indígena y el Ejército, que ha salido a las calles a respaldar a la Policía para ejecutar las acciones de represión.
Ganó el 'No' en el Referendo
Si bien los hechos de violencia y de rechazo a la presidencia de Morales se precipitaron en los últimos días, las tensiones se han incrementando desde hace por lo menos tres años, cuando se planteó la posibilidad de que Morales se postulara a unos nuevos comicios, a pesar de que no estaba previsto en la Carta Magna.
El 21 de febrero de 2016 se llevó a cabo en Bolivia un referendo para determinar si el líder del MAS podía ir a una cuarta elección, debido a que la Constitución de ese país solo permite dos periodos presidenciales consecutivos.
Ante la pregunta: "¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que el presidente y vicepresidente del Estado puedan ser reelectos por dos veces de manera continua?", se establecieron las opciones de 'Sí' o 'No'.
Tras estos comicios, 51,3 % de los votantes bolivianos se pronunciaron en contra de esa iniciativa, y 48,7 % a favor. La participación de ese día, catalogado como histórico, fue de 84, 47 %.
La jornada estuvo acompañada por bloqueos de vías y llamados a paro nacional, que se extendieron incluso después de conocidos los resultados, que fueron convocados por los comités cívicos de algunas provincias.
Los comités cívicos son corporaciones que defienden los intereses económicos de los empresarios de cada departamento y que, a pesar de que se manifiestan sin intereses políticos, han entrenado a grupos juveniles que participan en acciones de calle como bloqueos y obstaculización de las vías en las protestas antigubernamentales.
El quinquenio de Morales comenzó en 2006 y debía terminar en enero de 2011. Sin embargo, como en enero de 2009 se aprobó un referendo constitucional, en diciembre de ese año se convocó a presidenciales y parlamentarias. Este nuevo mandato culminó en enero de 2015.
En abril de 2013, el Tribunal Constitucional decidió que la primera presidencia no se tomaría en cuenta porque había otra Carta Magna. Esto abría la posibilidad para que Morales se midiera en otras votaciones, como ocurrió en 2014, cuando resultó reelecto para cinco años más.
"El día de la mentira"
La elección estuvo precedida por una campaña de informaciones falsas en contra del mandatario que, según los analistas, causaron el revés. En esa oportunidad, Carlos Valverde, exjefe de inteligencia en la década de los 90, difundió que Morales había tenido un hijo con Gabriela Zapata y que por ello traficaba influencias en contratos con un empresa china.
Días después, el propio Valverde desmintió el supuesto vínculo y en el Parlamento no se encontraron evidencias de las supuestas irregularidades por tráfico de influencias de las que acusaban al mandatario.
Esa jornada electoral, posteriormente, sería calificada como "El día de la mentira" por la campaña de guerra sucia que desató la oposición en contra de Morales.
La decisión del Tribunal Constitucional
Casi dos años después, a finales de septiembre de 2017, un grupo de parlamentarios del MAS, junto con dos opositores, presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una "acción abstracta de inconstitucionalidad" en contra de la Ley de Régimen Electoral y la Constitución Política del Estado (CPE).
Los asambleístas masistas alegaron que cinco artículos de la Ley Electoral son "normas inconvencionales" e "inaplicables" porque, según su argumentación, contradicen a otras leyes con el mismo peso constitucional y también tratados internaciones como la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos.
Ese último acuerdo, también llamado Pacto de San José, consagra en su artículo 23 que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de "votar y ser elegidos". Sin embargo, abogados opositores alegaron en marzo de ese año que había una supuesta falta de congruencia legal en ese postulado, que fue rechazada por el Tribunal.
Finalmente, dos meses después, el 22 noviembre de 2017, el TCP autorizó la repostulación de Morales. La oposición, que se opuso desde un inicio a la solicitud del MAS alegando que era inconstitucional, aseguró que el fallo del tribunal desconocía los resultados del referendo y vulneraba los derechos humanos.
Una vez conocida la sentencia, se puso en duda la imparcialidad del tribunal y se anunciaron alianzas opositoras, lideradas por el excandidato Mesa, en rechazo al "golpe contra la democracia" y para luchar en contra de la reelección de Morales, a través de convocatorias a bloqueos de vías, manifestaciones y paros.
Nathali Gómez
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