El Consejo de Europa recomienda a España revisar su legislación contra las 'puertas giratorias'
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa instó este miércoles al Gobierno español a llevar a cabo una revisión de su legislación sobre las limitaciones a las llamadas 'puertas giratorias', y en caso necesario a implementar también un refuerzo de las mismas.
Las 'puertas giratorias', como se llama coloquialmente al hecho de que un alto cargo público pase a trabajar a una empresa privada –aprovechándose de su anterior ocupación estatal y generando conflictos de interés–, son motivo de preocupación para la organización, razón por la cual recomienda a España "que la legislación que rige las limitaciones al ejercicio de actividades privadas posteriores al cese sea revisada por parte de un organismo independiente".
El documento emitido por el Consejo de Europa explica que, en España, "la arquitectura de los estándares sobre puertas giratorias está razonablemente desarrollada sobre el papel", pero "lo que mina la credibilidad del sistema es su funcionamiento".
En este sentido, el informe detalla que la Oficina de Conflictos de Intereses –dependiente del Ejecutivo español– ha emitido desde 2006 un total de 525 autorizaciones para la reincorporación al sector privado y solo 11 solicitudes han sido rechazadas. A la luz de estas cifras, el GRECO considera que "surgen dudas" sobre la posible existencia de un "sistema laxo de autorizaciones" en este departamento.
El organismo europeo recomienda además una modificación de los aforamientos de los que gozan determinados cargos públicos en España, para "no obstaculizar la acción penal contra miembros del Gobierno" que resulten sospechosos de corrupción.
El informe se basa en la información recogida durante la visita a Madrid de un grupo de expertos del GRECO entre el 21 y el 25 de enero de 2019, que se reunió con representantes de los Ministerios de Justicia, Política Territorial y Función Pública, Interior, Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Policía Nacional y Guardia Civil.