Sistema Kafala, una de las formas de esclavitud estatal más claras de nuestro siglo

"Estuve más de un año sin poder salir de casa, ni siquiera para acercarme a una tienda del barrio. Me pegaban todos los días con cables de la electricidad, me arrastraban por el pelo a través del suelo de la casa, incluso me estampaban la cabeza contra las paredes. Un día ya no pude más, y salté por el balcón de la cocina. Estaba en un segundo piso. Me partí las dos piernas, y me destrocé la cara. Y sí, no tenía opción. Ninguna ONG, ni la policía, ni nadie, me hizo caso hasta que salí lisiada en televisión".

Esta es la historia de Lensa Letisa Tufa, una trabajadora doméstica de origen etíope.

El sistema Kafala (o sistema de patrocinio), constituye una de las últimas formas de esclavitud más claras que podemos encontrar en el mundo. Protegido e implementado por algunos gobiernos, este sistema de trabajo denigra y explota a las personas, sumiéndolas en un laberinto del que difícilmente podrán escapar.

¿Qué es el sistema Kafala?

El término Kafala significa,efectivamente, "patrocinio" en árabe, y se encuentra intrínsecamente relacionado con la realidad de este sistema. Nació en 1950 con el objetivo de permitir la entrada de trabajadores extranjeros en ciertos países durante épocas de bonanza económica, concediéndoseles un estatus especial que les permitía trabajar, sin necesidad de tener que completar los complejos trámites que requiere un visado de trabajo para los nacionales de algunos países.

Pese a la buena intención del sistema en sus comienzos, se ha ido transformando con el paso de los años, llegando a ser lo que muchas ONG consideran hoy como una de las formas de esclavitud moderna más claras de nuestro siglo.

En el año 2019, el Kafala se encuentra implantado en todos los países de la región del golfo pérsico (Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudí, Omán, Kuwait y Qatar), aunque también en Líbano y Jordania. A pesar de la similitud del sistema en los países mencionados anteriormente, hay ciertas variaciones en cuanto a su implementación en cada territorio.

Para las ONG como Migrants-Rights, el Kefala es entendido como una vía que utilizan los gobiernos para delegar la supervisión y responsabilidad de los trabajadores migrantes a ciudadanos o empresas privadas, olvidándose de los trabajadores y dejándolos totalmente desamparados ante la ley.

El sistema brinda a los denominados patrocinadores un conjunto de medios legales para controlar a los trabajadores: sin el permiso explícito de los patrocinadores, los trabajadores no podrán cambiar de trabajo, dejarlo, o abandonar el país. Si decidiese abandonar su trabajo sin permiso del patrocinador, este, amparado por la ley, gozaría del poder de cancelar la visa de residencia del trabajador, convirtiéndolo automáticamente en un residente ilegal.

Esta situación tiene su origen en que cuando los trabajadores llegan al hogar, o lugar de trabajo determinado, el patrocinador les suele retirar el pasaporte, a pesar de estar prohibido por ley (pero no perseguido), lo que les convierte automáticamente en esclavos ante la imposibilidad de poder acudir a la policía a denunciar su situación, a sabiendas de que o acabaran entre rejas por no tener documentos o por no tener prueba alguna de que su patrocinador es la persona a la que buscan demandar.

La situación descrita es muy común entre los trabajadores y suele ir acompañada de la cancelación del visado de trabajo, lo que implica la expulsión de aquellos mediante duros procesos de deportación o un tiempo indefinido privados de libertad.

Un punto muy importante en este sistema de patrocinio es la necesidad de un intermediador, que bien se refleja en la figura de una empresa o en la de un agente solitario. Ambas figuras pueden llegar a cobrar más del 35 % del supuesto salario mensual de dichos trabajadores.

La cuestión clave de muchos de estos problemas reside en que el sistema Kafala se encuentra directamente regulado por el Ministerio del Interior, y no por el Ministerio del Trabajo, lo que hace que los trabajadores extranjeros que vienen mediante este sistema no puedan disfrutar de los mismos derechos que el resto de trabajadores en los países antes mencionados que lo toleran.

Es importante destacar que el racismo está latente en el sistema: prueba de ello es que los precios de contratación de los trabajadores varían considerablemente dependiendo de la nación de la que provengan, como en Líbano, donde los filipinos (los mejor pagados) cobran 400 dólares de media al mes y los bangladesíes (los peor pagados) una media de 150 dólares al mes.

Este sistema aglutina a millones de personas que lo padecen, y llega a conformar mayorías poblacionales en determinados países como Qatar, donde en 2018 había más de 1,8 millones de trabajadores domésticos (incluidos los del servicio de la construcción), suponiendo el 90 % del total de la población del país.

Caso concreto: el Kafala en Líbano

En Líbano, uno de los pocos países considerados democráticos de todo Oriente Medio, donde el sistema Kafala tiene una enorme presencia en la sociedad, la situación de las trabajadoras domésticas es de las más denigrantes de todas.

Según Human Rights Watch, en Líbano, un país con una estimación de población de unos seis millones de habitantes (el último censo poblacional se hizo en 1932) trabajan un total de unas 250.000 trabajadoras del hogar, lo que supone un 4 % del total poblacional del país. Esto, dicho así, puede parecer no tener la relevancia real que verdaderamente entraña; pero, según el artículo 7 de la ley de los trabajadores del país, las mujeres afectadas no tienen derecho a ser reconocidas como tales, por lo que no gozan de protección ni de derechos laborales.

Esta situación acarrea consecuencias devastadoras para las trabajadoras domésticas, continuas víctimas de abusos sexuales, maltratos físicos y psicológicos, y explotación laboral. Cimo defiende la ONG Kafa, más del 75 % de trabajadoras del hogar no cobran salario alguno; trabajan más de 14 horas al día; y no tienen ningún día de descanso a la semana ni vacaciones en todo el año. A esto se le une unos datos muy chocantes, pero que solo aportan las ONG, ya que no hay datos ni del Ministerio del Interior, ni de la policía: se calcula que de media se suicidan dos trabajadoras del hogar semanalmente, aunque hay algunas ONG que aseguran que muchas son asesinadas por sus contratistas.

Únase a todo lo expuesto que la policía suele cerrar o archivar los casos de desapariciones o muertes de trabajadoras del hogar en menos de veinticuatro horas, lo que hace que estas se sientan indefensas, y abandonadas por las fuerzas de seguridad, única institución pública a la que podrían acudir en caso de necesidad.

Nos encontramos en pleno año 2019, y hemos de preguntarnos: ¿cuántos años más han de pasar para que acabe cualquier forma de esclavitud en el mundo? Los derechos humanos siguen teniendo un largo camino por recorrer en muchas partes del mundo.

Jaime Rufino y Alberto García

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