Diputados opositores de Chile presentan acusación constitucional contra Piñera por violaciones a los derechos humanos
Diputados opositores de Chile han presentado este martes ante el Congreso una acusación constitucional contra el presidente, Sebastián Piñera, por las presuntas violaciones a los derechos humanos durante el accionar represivo de las protestas.
El procedimiento intenta determinar la responsabilidad política del mandatario respecto a las muertes, torturas, abusos, heridos y detenidos que fueron denunciados desde el inicio del conflicto social, el pasado 14 de octubre.
Si la acusación de Diputados logra quórum, es el Senado el que debe definir, como jurado, si el presidente Piñera puede ser destituido o suspendido en su cargo.
No obstante, los congresistas opositores reconocen que no alcanzarán el apoyo legislativo, en términos cuantitativos, que exige la normativa.
23 muertos y más de 2.300 heridos
Para el diputado Jaime Naranjo (Partido Socialista), lo importante de esta acusación constitucional no es alcanzar el quórum, sino que se esté "notificando al actual presidente Sebastián Piñera, y a los futuros presidentes de Chile, que nunca más se tolerarán graves violaciones a los derechos humanos", manifestó en una rueda de prensa, junto a otros legisladores.
Además del PS, el documento, de 110 páginas, lleva la firma del Partido Comunista (izquierda), el Frente Amplio (izquierda), el Partido Por la Democracia (centroizquierda) e independientes.
Por su parte, la diputada Carmen Hertz (PC) señaló que mediante acciones "ejecutadas por agentes del Estado en el último mes", el Gobierno que encabeza Piñera "ha infringido claramente la Constitución y las leyes".
Según cifras oficiales, desde que comenzaron las protestas antigubernamentales se contabilizan 23 muertos. En tanto, De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), se registraron6.362 detenidos —entre ellos 759 niños y adolescentes— y un total de 2.381 heridos que han acudido a los centros médicos.
Además, hubo hasta el momento 346 acciones judiciales contras las fuerzas de seguridad, entre las que figuran cinco querellas por homicidio, 246 por torturas y 58 por violencia sexual.