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Represión, ataques a la prensa y posibles elecciones: los primeros días del Gobierno de facto en Bolivia
La gestión de la presidenta autoproclamada, Jeanine Áñez, ya se caracteriza por la violación a los derechos humanos y un fuerte estallido social, mientras se espera por saber cuándo habrá una votación presidencial.
Desde que Evo Morales fue obligado a renunciar a la Presidencia, Bolivia acumula 29 muertos, según la Defensoría del Pueblo. Una cifra vacía, que se actualiza día tras día, mientras el conflicto sigue escalando.
Luego del golpe de Estado, el país andino dirime sus horas más difíciles, con un exmandatario exiliado y otra presidenta autoproclamada, un Parlamento que funciona a los encontronazos, masivas manifestaciones seguidas de una gran represión policial, y la militarización de todo el territorio, a cuesta de balas y víctimas fatales. Así, mientras el mundo espera que se celebren nuevas elecciones, repasemos el estado general de situación.
De cara a la posible votación
Actualmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe analizar dos proyectos de ley para celebrar nuevas elecciones y anular las del 20 de octubre, que habían dado como ganador a Morales en primera vuelta. El Movimiento al Socialismo (MAS), de mayoría absoluta en ambas cámaras, plantea agilizar los trámites y que los comicios se celebren el 12 de enero, aunque la fecha debería ser fijada por un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En tanto, el Gobierno de facto de Jeanine Áñez presentó su propio texto con la intención de obtener el aval del Parlamento, aunque ya advirtió que podría lanzar su plan por decreto, en caso de toparse con un freno legislativo. Ambas propuestas son analizadas por la Comisión de Constitución del Senado, presidida por un opositor a Morales, pero no se descarta que haya un posible acuerdo.
La diferencia más grande es que la Administración interina no plantea fechas concretas para ir a las urnas y además pretende realizar un "saneamiento del padrón", ante la sospecha de aparentes irregularidades. Sin embargo, el MAS considera que ello es una maniobra para instalarse en el poder por lo menos otros tres meses, además de su plazo inicial de 90 días. Por otro lado, Áñez pretende nombrar a nuevos vocales para el TSE.
- Sin postulantes confirmados
Si bien todavía no hay candidatos claros ante una eventual votación, desde el partido afín al líder indígena cuentan que los nombres más resonantes son: Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, y Andrónico Rodríguez Ledesma, un politólogo de 29 años, vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba, a quien muchos visualizan como el próximo Evo Morales, que surgió de la misma organización. Por su parte, Áñez ya advirtió que el mandatario depuesto no podría presentarse.
Morales, en tanto, expresó que no participará "por pacificar" a Bolivia, aunque en el futuro no descarta volver a ser candidato. A su vez, sostuvo que la verdadera mandataria interina debería ser Mónica Eva Copa, flamante presidenta del Senado quien, a diferencia de Áñez, asumió el cargo en la Asamblea tras la aprobación parlamentaria.
"Desde hace tres años la derecha trabajó en denigrar la imagen del MAS, lo que ahora complica que se pueda ganar la elección", reconoce un allegado a ese partido, en conversación con este medio.
En la vereda de enfrente, se rumorea que el expresidente Carlos Mesa, referente de Comunidad Ciudadana (CC), volvería a postularse, al igual que el senador Óscar Ortiz Antelo, líder del Movimiento Demócrata Social, aunque todavía no se confirmó ninguna candidatura: "Sobre candidatos, aún no hay nada", contestan a RT desde el equipo de Unión Democrática (UD), la alianza del Gobierno de facto.
Polémica medida, acompañada de víctimas fatales
Ilegítima o no, Áñez ejerce funciones de gobierno, nombra funcionarios, emite disposiciones y las fuerzas de seguridad le responden. En los hechos, más allá de su polémica asunción, es la mandataria interina.
Entre las primeras medidas de la presidenta de facto, se destaca un decreto del 15 de noviembre que exime de responsabilidades penales a los uniformados que actúen en "los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública", se lee en el texto. Aquel escrito ya fue criticado duramente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que "desconoce los estándares internacionales y por su estilo estimula la represión violenta".
Además, la presidenta autoproclamada señaló públicamente que su Administración enfrenta "grupos subversivos armados", usando un vocabulario habitual entre las dictaduras regionales de los 70. Así, desde esa fecha, 18 personas han muerto, entre ellas, un sargento, registra la Defensoría.
- Masacres de Sacaba y Senkata
El mismo viernes en que se publicó el cuestionado decreto, miles de personas salieron a las calles para repudiar el golpe de Estado y la posterior autoproclamación de Áñez. Sin embargo, cuando intentaban llegar a la ciudad de Cochabamba desde Sacaba, se toparon con un cerco policial en el puente Huayllani, que une aquellas urbes. El resultado del violento accionar policial fue de 9 muertos, y según las autopsias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), todas las víctimas recibieron balazos.
En medio de la tensión, el 19 de noviembre se produjo otro fuerte operativo en una planta de la firma Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en la localidad de San Antonio de Sankata, departamento de La Paz. El predio, que estaba siendo bloqueado por manifestantes en rechazo al Gobierno de facto, fue escenario de una brutal represión de las fuerzas de seguridad, que terminó con ocho fallecidos. En este caso, se realizaron seis autopsias y todas indicaron que las víctimas presentaban lesiones y traumas ocasionados por proyectiles de armas de fuego. Asimismo, la Defensoría del Pueblo también concluyó que los disparos produjeron esas muertes.
Persecución a dirigentes y medios de comunicación
Los flamantes funcionarios tampoco mostraron la mejor cara del llamado "proceso de transición". Por ejemplo, el nuevo ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ya avisó que la actual Administración irá "a la cacería" del exministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, junto a otros dirigentes socialistas señalados como supuestos instigadores de las revueltas sociales.
En sintonía, la titular de Comunicación de facto, Roxana Lizárraga, dijo que aquellos periodistas que causen "sedición" serán castigados con la ley boliviana.
Al mismo tiempo, varios reporteros extranjeros fueron intimidados y amenazados por opositores a Morales, en redes sociales y plena calle. De hecho, el corresponsal de RT en Bolivia, Francisco Guaita, fue increpado en la vía pública mientras producía uno de sus habituales reportes. Además, muchos comunicadores y camarógrafos argentinos tuvieron que ser evacuados del país plurinacional ante el clima de tensión.
Telesur, la cadena internacional de noticias, fue sacada del aire por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), según alertó este jueves la presidenta de aquella señal latinoamericana, Patricia Villegas, quien tildó lo sucedido como un acto de censura. En efecto, se trata de un medio crítico con el Gobierno autoproclamado. En ese contexto, muchas voces sostienen que hay un cerco mediático en esa nación andina.
¿Cómo se llegó a esta situación?
El 10 de noviembre las Fuerzas Armadas y la Policía pidieron públicamente la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales, consumando el golpe de Estado. Acto seguido, el líder indígena anunció su dimisión, con la intención de que no escalara la violencia en Bolivia, y logró exiliarse en México, viendo interrumpido su tercer mandato consecutivo.
Según el artículo 169 de la Constitución, en caso de que el mandatario de la nación y el segundo en la línea de mando estén imposibilitados de ejercer funciones, el Ejecutivo debería ser dirigido por el presidente del Senado o, en su defecto, quien lidere Diputados. Sin embargo, el vicepresidente, Álvaro García Linera, junto a la cara más visible de la cámara alta, Adriana Salvatierra, y el presidente de la cámara baja, Víctor Borda, también manifestaron sus salidas.
Ante la vacancia en el Ejecutivo, la vicepresidenta segunda del Senado, la opositora Jeanine Áñez, se nombró a sí misma como presidenta del recinto, pero no obtuvo el 'quórum' necesario para asumir el puesto. Sin embargo, a los pocos minutos, se autoproclamó mandataria interina del país plurinacional, interpretando que seguía en la línea sucesoria. Al llegar a la primera magistratura, prometió llamar a elecciones en un plazo de 90 días, como marca la ley.
A pesar de estas irregularidades, el Tribunal Constitucional aprobó su autodesignación aludiendo al principio de "continuidad", es decir, garantizar la gobernabilidad lo antes posible.
Leandro Lutzky
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