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Aumentan a ocho los fallecidos en Bolivia tras represión policial en planta de hidrocarburos de Senkata
La Defensoría confirmó la cifra y una de sus voceras aseguró que "se está convocando" a los familiares de las víctimas para que se haga una denuncia.
La cifra de fallecidos tras el operativo militar y policial en la planta de hidrocarburos de Senkata, ubicada en El Alto, aumentó a ocho, informó la Defensoría de Bolivia a RT.
"Hay otros fallecidos más y se está convocando a los familiares de desaparecidos para hacer una denuncia y se proceda a hacer una búsqueda", expresó la representante de la Defensoría al corresponsal de RT en Bolivia.
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia también cifraba los fallecidos en ocho. "Se evidencia objetivamente ocho cadáveres, de estos, a dos ya se realizó la autopsia médico legal y seis son velados en una capilla de Senkata. Los médicos forenses realizarán las autopsias faltantes", señaló la dependencia en un comunicado citado por el medio Erbol.
De acuerdo con el IDIF, la lista de fallecidos es la siguiente:
- Edwin Juchamani Paniagua.
- Rudy Cristian Vásquez.
- Juan José Tenorio Mamani, de 23 años.
- Joel Colque Patty (22).
- Antonio Ronaldo Quispe Ticona (23).
- Pedro Quispe Mamani (37).
- Clemente Eloy Mamani Santander (23).
- Devi Posto Cusi (34).
El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura, informó que el Ministerio Público inició de oficio una investigación e imputó a siete personas por la caída del muro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el pasado martes, en medio de un operativo de militares y policías que trasladaban combustible de la planta de Senkata hacia la ciudad de La Paz.
La planta se encontraba bloqueada por manifestantes que protestaban contra el gobierno de la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, quienes fueron dispersados brutalmente por las autoridades bolivianas con armas de fuego.
Este miércoles, cientos de personas han llegado hasta Senkata para repudiar la masacre en la planta de abastecimiento de combustible.
En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre un "grave decreto" que exime de "responsabilidad penal" a las Fuerzas Armadas cuando participan en "operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno".
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