El Gobierno argentino pone fin a los rumores y revocará el protocolo de aborto no punible
Desde el Gobierno argentino confirmaron que darán marcha atrás con la actualización del Protocolo de interrupción legal del embarazo en casos no punibles por haber sido una decisión "inconsulta al presidente". La información oficial llega después de más de 24 horas de rumores, polémica y desmentidas y a tan solo días de la transición presidencial.
Fue Carolina Stanley, ministra de Salud y Desarrollo Social, la encargada de confirmar que el veto a la resolución aparecerá publicada el viernes en el Boletín Oficial y desmentir que le hayan pedido la renuncia al Secretario de Salud de Nación, Adolfo Rubinstein. "Va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta del secretario de Salud", dijo Stanley.
Historia de un protocolo
El miércoles Argentina se despertó con una novedad inesperada: la Secretaría de Gobierno de Salud había aprobado el protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE). Para las organizaciones que luchan por el aborto 'legal, seguro y gratuito' significaba un avance. Para quienes están en contra, configuraba un escándalo. Por eso, horas después empezaron los rumores de que el Gobierno daría marcha atrás.
Publicada en el Boletín Oficial y firmada por el Secretario de Salud de la Nación, Adolfo Luis Rubinstein, esta decisión actualizaba el protocolo que existe desde 2015, pero añadía algunas precisiones en base a informes de la Organización Mundial de la Salud para que no existan vacíos de interpretación. Además, ponía énfasis en que en Argentina el aborto no es delito cuando existen riesgos para la salud (interpretada como una cuestión integral en base a la definición OMS) o cuando el embarazo fue producto de una violación.
Además, explicitaba que el aborto es una cuestión de salud pública. "La interrupción del embarazo debe ser brindada bajo los mismos parámetros que otros componentes del servicio de salud, es decir, respetando los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada", dice el texto.
La decisión impactó en la opinión pública, no solamente porque el aborto es un tema de debate candente durante los últimos años en el país, sino también porque la resolución precisa que el derecho a interrupción legal del embarazo en casos no punibles es un derecho de "mujeres, niñas, adolescentes y toda persona con capacidad de llevar adelante una gestación".
De esta manera, daba en el centro de una polémica reiterada. En febrero, en la provincia de Tucumán, le hicieron una cesárea a una adolescente de 11 años que había pedido abortar. Nació con 23 semanas de gestación y luego murió. En abril del mismo año, organizaciones en contra del aborto intentaron impedir que una adolescente, también de 11 años, embarazada producto de una violación accediera a la interrupción legal del embarazo en la provincia de San Juan.
Así, parte de los objetivos de la resolución tenía que ver con evitar esos modos de proceder que muchas veces buscan "justificarse" en los procedimientos poco claros o en las "objeciones de conciencia".
Además, la resolución contemplaba una distinción clave: la diferencia entre aborto seguro y aborto inseguro. El primero es posible "si es practicado con los instrumentos y en las condiciones adecuadas", en tanto el segundo sucede cuando "es efectuado por personas que no cuenten con las habilidades necesarias o en condiciones carentes de los estándares médicos mínimos, o ambas". Y es que si el estado no garantiza el procedimiento, quienes precisan acceder al aborto recurren a los más diversos modos.
Según la OMS, cada año se practican 20 millones de abortos inseguros en el mundo. Sin ir más lejos, en Argentina el aborto es la primera causa individual de muerte materna y –desde el regreso de la democracia hasta 2018– 3030 mujeres murieron como consecuencia de abortos clandestinos.
Dudas, internas y rumores
Ni bien se conoció la decisión de la Secretaría de Salud empezaron las fracturas dentro del propio Gobierno, a días de la transición presidencial (Alberto Fernández asumirá el próximo 10 de diciembre).
El oficialista Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, tuiteó: "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica".
La diputada, también del oficialismo, Dina Rezinovsky escribió en la red social: "Rubinstein [en referencia el Secretario de Salud] resuelve ampliar el protocolo nacional para descartar niños y destruir mujeres. Se olvida que tras meses de debate el Congreso dio un rechazo total a la ley del aborto. Espero su renuncia y que se deje sin efecto esta resolución inconstitucional".
Más tarde, empezaron a circular rumores de que desde el Ministerio de Desarrollo Social estaban redactando una contra-resolución y que sería publicada en el Boletín Oficial de este jueves. Sectores del oficialismo incluso pedían la renuncia del secretario de Salud.
Y ahí se vieron más las grietas dentro del partido de Gobierno: hubo quienes apoyaron al Secretario (entre ellos, el referente del radicalismo en el PRO, Ernesto Sanz) y otros directamente defendieron la resolución.
La diputada del PRO Silvia Lospenatto escribió: "Hoy celebré la sanción del Protocolo ILE porque creo que es absolutamente necesario para garantizar el acceso en todas las provincias a los derechos consagrados en la ley vigente. Ojalá la decisión no sea revertida". El diputado nacional de la Unión Cívica Radical y exministro de Economía del kirchnerismo, Martín Lousteau, dijo: "Es una verdadera pena que el Presidente decida en sus últimos días en el poder hacer un retroceso tan grande".
En la mañana de este jueves, la anulación no apareció en el Boletín Oficial, y esto volvió a sorprender a propios y ajenos. Sin embargo, después de una reunión de gabinete, el oficialismo confirmó que dará marcha atrás.
Julia Muriel Dominzain