Bolsonaro envía proyecto de ley que exime de castigos a las fuerzas de seguridad en operaciones especiales

La polémica normativa fue enviada al Congreso brasileño para su debate y es la primera de una serie de cuatro legislaciones similares que el mandatario de ultraderecha intentará impulsar en su lucha contra el delito.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca eximir de posibles castigos a policías y militares durante ciertas operaciones especiales en la lucha contra el delito. 

Según indican medios locales, el jueves, en el marco del lanzamiento de su nuevo partido —Alianza por Brasil—, el líder de ultraderecha mencionó que la normativa integra una serie de cuatro legislaciones en materia de seguridad que intentará legalizar en el país sudamericano.

"Será un cambio importante en la lucha contra la violencia en Brasil. Tenemos una manera de reducir realmente la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes en el país", puntualizó el mandatario sobre este proyecto, una de sus banderas de campaña.

Bolsonaro argumentó que "no sirve de nada que una persona se encuentre bien, si está preocupada por la seguridad de los miembros de su familia, quienes se enfrentan al riesgo de ser asesinados por un ladrón de celulares".

6.220 personas murieron en acciones policiales en 2018

En principio, la normativa se aplicaría para las operaciones efectuada bajo la 'Garantía de Ley y Orden', es decir, misiones que se llevan a cabo exclusivamente por orden de la Presidencia y ocurren en casos de agotamiento de las fuerzas tradicionales de seguridad pública. 

Según la Constitución brasileña, la ordenanza otorga provisionalmente a las Fuerzas Armadas, por un tiempo y lugar específicos, el poder que le correspondería a la Policía local. La medida se ha aplicado en estados como el de Roraima, Amazonas o Río de Janeiro, este último considerado como uno de los distritos más violentos del país y con graves denuncias de distintas organizaciones sociales ante el avasallamiento de los efectivos en la población.

La propuesta por Bolsonaro es similar a la realizada por el ministro de Justicia, Sergio Moro, en el paquete anticrimen que mandó al Congreso. Sin embargo, la muerte en septiembre de Ágatha Félix, una niña de 8 años, en una favela de Río de Janeiro por una bala perdida disparada por un policía militar, reabrió las discusiones sobre esta polémica medida y terminó por eliminarse del borrador del proyecto.

Si bien el número total de muertes violentas en Brasil disminuyó el año pasado un 10,4 %, respecto al año anterior, al alcanzar las 57.341 fallecidos, 6.220 personas murieron en acciones policiales (+19,6 %). El Foro Brasileño de Seguridad Pública estima que 23 de cada 100 muertes violentas intencionadas fueron provocadas por la Policía.