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Manifestantes indígenas exigen dignidad y la renuncia de Jeanine Áñez en Bolivia
La Policía lanzó gas lacrimógeno contra la multitudinaria protesta que recorrió las calles desde El Alto hasta la Paz con los ocho muertos que dejó el operativo policial en la planta de hidrocarburos.
Los choques no cesan en Bolivia entre la Policía y los manifestantes que piden la renuncia de la presidenta autoproclamada Jeanine Áñez, quien ordenó reprimir las protestas de movimientos campesinos e indígenas que apoyan al mandatario depuesto, Evo Morales.
El jueves, la Policía lanzó gas lacrimógeno contra una multitudinaria protesta en La Paz, en la que se llevaban los féretros de las víctimas de Senkata, en El Alto, tras un operativo policial que el martes dejó ocho muertos.
Un equipo de RT acompañó desde El Alto a las decenas de miles de personas que se dirigieron a La Paz al grito de "¡Áñez, fascista!", "¡Policías vendidos!", "¡Militares vendidos!". Entre los manifestantes se encontraba Aida, una líder comunitaria, que exigió también el respeto de la wiphala, la bandera que representa a los indígenas.
"Han quemado la wiphala. ¿Qué?, ¿no han ido al colegio? Dicen ser señoritos bien. Uno de los símbolos patrios es pues la wiphala", denunció.
Tras horas de marcha, llegaron a la Paz. Los militares y Policía acordonaron la Asamblea y la Casa de Gobierno. La tensión se elevó. Mientras los manifestantes intentaron echar abajo las barreras que les impedían acceder a la Asamblea, los policías reaccionaron lanzado gases lacrimógenos.
Horas después, los manifestantes se dispersaron. La Policía y los militares comenzaron a tomar el control de la situación, arrestaron a quienes protestaban y los trasladaron a comisaría, donde se generó un nuevo punto de tensión.
"Ira y determinación"
La policía echó gas pimienta a un manifestante pacífico y a los cinco minutos detuvo de manera arbitraria a una mujer. Las protestas se fueron apagando, pero la ira de los manifestantes y su determinación de luchar contra lo que califican un golpe de Estado continúa.
Desde que estalló la crisis política en Bolivia, el 20 de octubre de 2019, se han registrado 32 muertos, y 29 de ellos fallecieron tras la forzada salida de Morales de la Presidencia, el pasado 10 de noviembre.
Desde México, Morales ha condenado la violencia ejercida contra los manifestantes por órdenes del Gobierno de facto. El presidente depuesto señaló que el sometimiento de los militares a los manifestantes es un crimen de lesa humanidad que podría llegar a la Corte Penal Internacional.
"Los que tienen que estar preocupados por la Corte Penal Internacional son Áñez y Murillo por los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo, al ordenar a los militares a asesinar a mis hermanas y hermanos", aseguró.
Este viernes, el ministro del Interior del Gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía del país suramericano contra Morales por "sedición" y "terrorismo".
Murillo informó que la denuncia se realizó luego que se diera a conocer un video, en el que se aprecia a un supuesto dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, conversando presuntamente con Morales, quien indica cómo organizar los bloqueos en el país para protestar contra el Gobierno de Áñez.
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