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La economía de Chile se resiente con fuerza tras un mes de protestas
La destrucción de empleo, la reducción del consumo, el freno a la expansión del sector inmobiliario y pérdidas por destrozos materiales forman parte de un contexto crítico ocasionado por las protestas que vive el país desde octubre.
Tras más de un mes de contestación social en Chile, expresada en protestas a veces violentas, el crecimiento económico del país empieza a dar muestras de desgaste. Esta contracción se suma a la desigualdad estructural de un país en el que el 1% de la población concentra el 26% de las riquezas.
La situación que atraviesa el país produce impactos económicos severos: la destrucción de empleo, la reducción del consumo y el freno a la expansión de la que gozaba hasta hace poco el sector inmobiliario forman parte de un contexto crítico al que se suma ahora una pérdida de 4.500 millones de dólares en concepto de destrozos materiales, ocasionados por las protestas desde el pasado 18 de octubre.
Este sombrío panorama ha cristalizado en cifras poco halagüeñas. Las previsiones sobre el crecimiento del principal indicador macroeconómico, el Producto Interior Bruto (P.I.B.), cayeron de un 3,3% a apenas un 2%, según organismos como la OCDE.
Evitar la emisión monetaria y la suba de impuestos.
El economista e investigador de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Hector Juan Rubini, plantea las opciones de las que dispone el Ejecutivo de Piñera para financiar las mejoras sociales anunciadas.
"Si [el Gobierno] cuenta con financiamiento probablemente podría acceder a un paquete de emergencia para aumentar el gasto en Salud", indica este experto, que también cree podrían mejorarse "las prestaciones también para jubilados y pensionados".
Rubini se muestra convencido de que "si se calman un poco los disturbios" y se llega a un acuerdo entre el Gobierno y las fuerzas opositoras sobre algunas medidas concretas, podrían esperarse "algunas partidas presupuestarias" que pudieran "satisfacer las demandas de quienes lideran estas protestas, al menos hasta marzo o abril del año que viene".
En cambio, "si se opta por la emisión monetaria o algún otro mecanismo como la suba de impuestos" se dificultaría "tanto el financiamiento como su aceptación por parte de la sociedad", señala Rubini, que especifica que "tarde o temprano, eso concluiría en un escenario de caída del ingreso disponible, y avivaría nuevamente protestas callejeras como las de estos días".
Para este economista, en cualquier caso, "la resolución definitiva va a venir, por un lado, del tipo de reforma constitucional que se apruebe eventualmente el año próximo; y por otro lado, de cómo se encauce este conflicto".
Para concluir, Rubin explica que "una cosa es un conflicto social, cívico, liderado por un partido o una agrupación determinada y otra cosa es esto que ha estallado en Chile, donde no está claro quién es el líder y quién puede calmar a los grupos que están llevando a cabo estás protestas a diario".
Informe de Amnistía Internacional sobre la represión en Chile
El Gobierno de Chile criticó el informe publicado por Amnistía Internacional (AI), en el cual la organizción no gubernamental señaló que existe una responsabilidad de funcionarios por una "política deliberada para dañar a manifestantes".
En este sentido, la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno chileno, Lorena Recabarren, calificó el documento como "irresponsable" durante una rueda de prensa.
"El Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional. Sin siquiera solicitar información al Gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes", dijo Recabarren, el pasado jueves 21 de noviembre en el Palacio de La Moneda.
El reporte de Amnistía Internacional señala que las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, principalmente el Ejército y Carabineros, "están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta".
Estos "ataques" han dejado hasta el momento un saldo de al menos "cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas" durante la oleada de protestas que han sacudido al país e iniciaron en octubre pasado, señaló la organización no gubernamental tras concluir una misión de investigación sobre hechos recientes ocurridos en Chile.
"La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día", añadió Amnistía Internacional.
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