Qué decía el protocolo de aborto no punible revocado por Macri y por qué era importante

Después de dos días de rumores y polémicas, y a poco más de dos semanas de la transición presidencial, este viernes el Gobierno argentino anuló la resolución sobre el aborto no punible. ¿Qué indicaba el protocolo?

La resolución actualizaba una norma que ya existía desde 2015. Lo que hacía era precisar algunas cuestiones para que no hubiera "vacíos" en los que profesionales de la salud pudieran ampararse para no cumplimentar el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos en que la salud estuviera en riesgo o en que el embarazo hubiera sido producto de una violación. Apareció publicada este miércoles en el Boletín Oficial, firmada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. 

Actualización

Desde su publicación, la norma quedaba adaptada al nuevo Código Civil y Comercial de 2015 y a las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la ILE.

Agustina Sulleiro, socióloga

El documento explicitaba los "derechos de las personas y responsabilidades del sistema de salud", repasaba la situación del aborto en el mundo y en el país, describía el marco teórico, indicaba las causales (salud o violación) y precisaba cómo debía ser el abordaje del equipo y el procedimiento concreto para realizar la interrupción del embarazo. 

"Si bien no era una ampliación de derechos en términos normativos sí constituía una mayor garantía en el ejercicio de esos derechos, eliminando las barreras de acceso", analizó Agustina Sulleiro, socióloga y especialista en salud en la adolescencia. El documento, según explica, aclaraba "los procedimientos que tienen que llevar adelante los equipos de salud para garantizar los derechos". 

Para Yamila Picasso, politóloga e integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, con este documento no estaba "en discusión la legalidad del aborto, sino algo que ya existe, el protocolo para la ILE". Además, indicó: "Vemos con preocupación que se sigan avasallando derechos para niñas y adolescentes, algo que la actualización venía a cambiar".

Punto por punto

• Federal

Picasso también destacó el carácter ministerial que tenía la resolución. "Todas las actualizaciones anteriores del protocolo no la tenían, los cambios se actualizaban desde la Secretaría de Salud. Esto implicaba que todas las provincias del país que por su legislación no tuvieran un protocolo de ILE vigente tuvieran que cumplirlo", remarcó la especialista.  

• Muertes maternas

Según el protocolo, "por lo menos el 8% de las muertes maternas a nivel mundial se deben a abortos inseguros". Se trata de al menos 22.800 mujeres que mueren cada año debido a "complicaciones de abortos inseguros". Casi todos esos fallecimientos suceden en los "países en desarrollo". El documento establecía que "la interrupción del embarazo es un procedimiento sumamente seguro si es practicado con los instrumentos y en las condiciones adecuadas".

• El derecho de los y las adolescentes

Entre otros puntos, se precisaba el hecho de que adolescentes entre los 13 y los 16 años pudieran dar su consentimiento "autónomamente" para la práctica de la ILE, siempre y cuando no implicase un riesgo grave para su salud o su vida. Y en caso de ser menor de 13 años, podría realizarse con el consentimiento de quienes detenten la responsabilidad parental.

Según Sulleiro, "históricamente la población adolescente fue considerada un objeto de la tutela de los adultos". Pero eso cambió a partir de ciertos hitos normativos como la Convención de Derechos del Niño, su incorporación con rango constitucional, la ley 26.061 y el Código Civil de 2015 y ahora tienen status de 'sujeto de derechos'.

"Esto significa que desde que nacen las personas tienen derechos y los van ejerciendo progresivamente", explicó la socióloga. El protocolo, lo que hacía, era ajustarse a la normativa vigente. "Reconocía a esta población como personas capaces de tomar decisiones sobre su propio cuerpo", concluyó Sulleiro. 

• "Objeción de conciencia"

Por otro lado, la figura de la 'objeción de conciencia' en los médicos, algo recurrente en muchos hospitales del país, no podría impedir que una institución garantizara la interrupción del embarazo. Si bien el derecho a objetar sigue existiendo, eso no puede traducirse en "la dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica".

En la misma línea, las demoras innecesarias, el brindar información falsa o negarse a llevar a cabo el tratamiento —a partir de la norma— serían sancionables administrativa, civil o penalmente.  

Yamila Picasso - politóloga y parte de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito

En Argentina, en el último año, hubo algunos casos paradigmáticos. En febrero, en la provincia de Tucumán, le hicieron una cesárea a una adolescente de 11 años que había pedido abortar. El bebé nació con 23 semanas de gestación y luego murió. En abril del mismo año, organizaciones en contra del aborto intentaron impedir que una adolescente, también de 11 años, embarazada producto de una violación accediera a la interrupción legal del embarazo en la provincia de San Juan. 

• La discapacidad no es un obstáculo

Otra de las precisiones a destacar es que el certificado único de discapacidad no representaría "de ningún modo" una restricción a la capacidad de ejercer autónomamente los derechos para acceder a la práctica. Además, en los casos de violación, ya no sería necesario que la mujer relatase los detalles del evento. Quedaba prohibido insistir en preguntar y recabar datos a fin de no revictimizar a la persona.

• Abordaje

Para garantizar el acceso al derecho, el protocolo indicaba: Brindar un trato humanizado que incluya la recepción y orientación de las personas para responder a sus necesidades de salud emocional y física; garantizar la atención clínica adecuada de acuerdo a los criterios éticos, legales y médicos en vigencia; intercambiar información amplia y completa con la persona usuaria para que exista efectivamente un proceso de consentimiento informado y ofrecer consejería en anticoncepción y cuidados posteriores luego del procedimiento.

• La ILE en tiempos de macrismo

Marina Varni es trabajadora social e integra la 'Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir', un colectivo social que acompaña a mujeres vulnerables. Para ella, la gestión del Gobierno saliente sobre la interrupción legal del embarazo ha ido siempre "en retroceso".

"Los programas sociales para la ILE decayeron notablemente en los hospitales", puntualizó la trabajadora social. "El Gobierno de Macri, como gestor de recursos en la salud, solo hizo que se recortaran los medios para que cada vez menos personas puedan acceder a un aborto legal y seguro", detalló. 

Macri impulsó un fuerte ajuste económico que redundó, entre otras cosas, en rebajar el Ministerio de Salud a Secretaría y en un presupuesto menor destinado a esa cartera. Varni destaca que, al mismo tiempo, hubo un aumento de "profesionales" en su organización que colaboran para garantizar la práctica.

"Desde la 'ola verde' de 2015 [en relación a la irrupción del feminismo bajo la forma de 'Ni una menos' ] y con los debates que sucedieron en el Congreso Nacional en torno a la legalización definitiva del aborto, cada vez más personas se suman a nuestra Red con el objetivo de enfrentar al propio sistema patriarcal que existe en los ámbitos de nuestra sociedad", relató. 

Facundo Lo Duca y Julia Muriel Dominzain