En un hecho inédito y a cuatro días de que venza el plazo para que la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario de México, Rosario Robles Berlanga, fuera sometida a juicio político en la Cámara de Diputados, comisiones del órgano legislativo aprobaron sujetarla a proceso por su presunta participación en el caso conocido como 'La Estafa Maestra'.
La exfuncionaria se encuentra recluida en un penal de Ciudad de México desde el 13 de agosto pasado, luego que un juez determinara prisión preventiva en su contra ante el riesgo de que se diera a la fuga.
Con 46 votos a favor y tres en contra, las comisiones unidas de Gobernación y Justicia de la cámara baja ratificaron el fallo de la subcomisión de examen, previo de someter a juicio político a Robles Berlanga, con lo que podría ser inhabilitada en la administración pública hasta por 20 años.
La subcomisión aclaró que se dejan a salvo los derechos de Robles Berlanga y de los denunciantes (el alcalde Luis Alberto Villarreal García, el gobernador Silvano Aureoles Conejo y la diputada Tatiana Clouthier Carrillo) para que, en su caso, soliciten desahogo de pruebas.
En julio pasado, la Fiscalía General de la República de México (FGR) solicitó a un juez la comparecencia de Robles por ejercicio indebido del servicio público, vinculado al caso de desvío de recursos conocido como 'La Estafa Maestra', delito por el cual podría ser sentenciada hasta a 10 años de prisión.
Días después, en su comparecencia fechada el 8 de agosto, la FGR imputó formalmente a la exsecretaria por el presunto desvío de recursos públicos por un monto de 5.073 millones de pesos (aproximadamente 261 millones de dólares).
En septiembre pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) de México inhabilitó por 10 años a Robles por falsear información en su declaración patrimonial.
Robles Berlanga es señalada como una de las principales involucradas en un esquema de triangulación de recursos mediante el que 11 dependencias de Gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas que, a su vez, subcontrataron a 128 empresas fantasma para la prestación de servicios, lo que provocó la desaparición de 3.433 millones de pesos (192 millones de dólares), provenientes del erario.