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Indígenas colombianos se suman a las protestas en Bogotá mientras aumentan los reclamos al Gobierno de Duque
El pliego de peticiones del Comité Nacional de Paro se ha incrementado puesto que considera que no todos los actores han sido tomados en cuenta en la 'Conversación Nacional' impulsada por el mandatario.
Cuando se cumple una semana del paro nacional convocado en Colombia en contra de las políticas económicas del Gobierno de Iván Duque y de la represión de los órganos de Seguridad del Estado, un grupo de 50 indígenas han llegado a Bogotá para unirse a las manifestaciones.
La Organización Nacional Indígena (ONIC) informó a través de su cuenta de Twitter que 50 guardias indígenas del departamento del Cauca arribaron a la capital colombiana en apoyo a las actividades de protesta.
Previamente, el Movimiento Indígena representado en la Mesa Permanente de Concertación Indígena y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, habían manifestado su respaldo y participación en el paro nacional a través de un comunicado.
En el texto explican que los pueblos originarios, que han sido "víctimas históricas del conflicto armado", apoyaron los acuerdos de paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en su opinión han sido incumplidos, lo que ha generado el asesinato de 134 comuneros indígenas, entre el 7 de agosto de 2018 y el 5 de noviembre de este año.
De igual modo, piden que el Estado sea garante de sus derechos humanos y que se incremente el presupuesto otorgado para la reparación de las víctimas del conflicto que, según la Contraloría, fue disminuido en 34 %.
Otras peticiones
El Comité Nacional de Paro también le ha solicitado al mandatario colombiano, a través de una carta, un diálogo "incluyente, democrático y eficaz" donde participen
"todas las organizaciones de la sociedad civil para llegar a "la concertación de acuerdos sobre los problemas fundamentales del país", a través de "medidas verificables".
"Ni la forma ni el contenido de su propuesta de 'Conversación Nacional' cumplen con esos requisitos mínimos y, por ende, no permiten avanzar en esta materia", ha advertido el principal organizador del paro nacional que comenzó el pasado 21 de noviembre.
Entre los actores que el comité considera que deberían participar como interlocutores en las conversaciones está el movimiento Defendamos la Paz (integrado por un grupo de periodistas, académicos y exintegrantes de la mesa del acuerdo de paz); la Bancada por la Paz (conformada por 50 congresistas de siete partidos de izquierda) y asambleas y cabildos ciudadanos.
Según el comité, se deberían "acordar las reglas, los mecanismos, la agenda, el cronograma y las expresiones territoriales y sectoriales de este proceso", lo que no impide la participación de otros sectores como partidos y movimientos políticos representados en el Congreso, gremios, empresarios, comunidad internacional.
Entre su pliego de peticiones se encuentran:
- Cumplimiento de los acuerdos suscritos con los movimientos estudiantil, campesino, sindical, con los pueblos indígenas y afrocolombianos en los departamentos de Bolívar, Chocó, Valle del Cauca y en los territorios insulares de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, principalmente.
- Implementación integral del Acuerdo Final de Paz, y que se exploren posibilidades para retomar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
- Una política de seguridad y de derechos humanos ante los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y de excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
- Reforma política y electoral, normas y medidas anticorrupción y agenda legislativa para cumplir con el mandato ciudadano de la consulta popular anticorrupción, que fue realizada en agosto de 2018 pero que no contó con los votos necesarios para ser aprobada, por lo que Duque llamó al Congreso para que lo hiciera pero este mantiene paralizada la decisión.
- Medidas para garantizar los derechos de la naturaleza y la protección del medio ambiente.
Actuación del ESMAD
Un aparte lo tiene la solicitud de garantía del derecho a la protesta, "que se desmilitaricen las ciudades y
cese toda acción violenta contra las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)".
El pasado jueves, la directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia informó que tras la autopsia realizada al cuerpo del joven Dilan Cruz, de 18 años, fallecido tras recibir impactos en la cabeza, se determinó que su muerte fue un homicidio.
El elemento que golpeó a Cruz fue un proyectil tipo 'bean bag', disparado por una escopeta calibre 12, un arma convencional usada por el ESMAD.
Al respecto, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le solicitó a la Fiscalía colombiana establecer las responsabilidades por la muerte de Cruz.
La Defensoría del Pueblo ha afirmado que en las manifestaciones han resultado más de 700 personas heridas.
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