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Áñez firma un decreto para indemnizar a los familiares de fallecidos durante crisis política en Bolivia

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Se otorgará un monto de 7.200 dólares a cada familia de las 29 víctimas mortales registradas por la Fiscalía. No obstante, el número de muertos no coincide con la cifra aportada por la Defensoría del Pueblo, que eleva las muertes a 35.

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, firmó este jueves un decreto para otorgar asistencia humanitaria e indemnizar a los familiares de las personas fallecidas y heridas durante el conflicto político en el país andino.

A través de ese decreto se asigna un pago único y global de 50.000 bolivianos (alrededor de 7.200 dólares) a los familiares de cada fallecido, que las autoridades de facto cifran en 29 víctimas, reportadas por la Fiscalía, reseña El Deber.

El pago se hará a los hijos, cónyuges o padres de las víctimas. La cifra de fallecidos tomada en cuenta por la mandataria de facto no coincide con la reportada por la Defensoría del Pueblo, que eleva a 35 el número de muertos por el conflicto político y social en Bolivia desde el pasado 20 de octubre.

Según los datos de esa institución, entre el 20 de octubre, cuando iniciaron las manifestaciones luego de que la oposición se negara a aceptar los resultados electorales que daban como ganador al mandatario Evo Morales, hasta el 06 de noviembre, se registraron tres muertos.

El mayor número de muertos se ha contabilizado durante las manifestaciones contra el gobierno de facto de Áñez. De acuerdo a la Defensoría, desde el 11 de noviembre, un día después del golpe de Estado contra Morales, hasta el pasado 28 de noviembre, fallecieron 32 personas.

Las masacres de Sacaba y Senkata

Durante este lapso, hubo dos masacres, en particular, que fueron ampliamente denunciadas. La primera fue la ocurrida el 15 de noviembre en la localidad de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, donde fueron asesinadas nueves personas durante la represión policial y militar.

Los uniformados atacaron a miles de campesinos de la región de Chapare que caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse contra el gobierno de facto.

La segunda sucedió en la localidad de Senkata, en la ciudad de El Alto, el 19 de noviembre. Un violento operativo policial y militar, que buscaba despejar una planta de hidrocarburos bloqueada por manifestantes, acabó con la vida de 10 personas.

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