El presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, funcionarios de su Gobierno y líderes sociales podrían verse protegidos por una Ley de Garantías aprobada la madrugada de este viernes por la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados.
La normativa evitará que sean detenidos y perseguidos judicialmente los "líderes sociales y dirigentes sindicales de los pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos" que participaron en las movilizaciones tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
Asimismo, la ley también busca modular los juicios emprendidos en contra de altas autoridades, en este caso Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, quienes son acusados por el Gobierno 'de facto' de delitos como terrorismo y sedición.
"Esta ley de garantías de los derechos constitucionales no es una ley que busca la impunidad. Esta ley no es más que la consolidación de los acuerdos que se llegaron con la participación de la Conferencia Episcopal, las Naciones Unidas y otros entes internacionales", expresó el presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque, quien comentó que la normativa fue aprobada "tras once horas de discusión".
No obstante, la diputada opositora, Rose Marie Sandóval, anunció que presentarán un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley pese a que la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Añez, anunció que vetará la ley o no la promulgará porque "fomenta la impunidad" y "va en contra de la Constitución Política del Estado".
El texto ahora está bajo la observación del Senado, donde el MAS también posee mayoría. Según el procedimiento legislativo, tras la aprobación que ahora debe realizar el Senado, cursan diez días para un pronunciamiento del poder Ejecutivo, que, en caso de vetar la norma, podría promulgarla el Legislativo.