Un juez federal impide destinar 3.600 millones de dólares de fondos militares para el muro fronterizo de Trump

La declaratoria de emergencia nacional por parte del presidente de EE.UU. para acelerar la construcción fue considerada ilegal.

A través de un fallo emitido este martes, el juez federal David Briones impidió desviar 3.600 millones de dólares de fondos militares para construir el muro en la frontera entre México y EE.UU, proyecto impulsado por el Gobierno de Donald Trump. 

La demanda, presentada por el condado de El Paso (Texas) y la Red Fronteriza de Derechos Humanos, señalaba que el mandatario estadounidense sobrepasó su autoridad cuando emitió una declaración de emergencia nacional para obtener acceso a fondos adicionales para la obra, a pesar de recibir 1.375 millones de dólares del Congreso.

En septiembre, el secretario de Defensa, Mark Esper, aprobó desviar los fondos del Pentágono para destinarlos a 11 proyectos del muro fronterizo. Sin embargo, la declaratoria de emergencia nacional por parte del presidente de EE.UU. para acelerar la construcción fue considerada ilegal.

"La proclamación de emergencia del presidente fue un intento descarado de tomar el poder del Congreso. La orden de hoy afirma que el presidente no es un rey y que nuestros tribunales están dispuestos a controlarlo cuando sobrepasa sus límites", aseguró Kristy Parker, abogada de la organización Protect Democracy, que representó a los demandantes. 

Además, la demanda alegaba que la declaratoria de Trump no cumplía con la definición de "emergencia" establecida en la legislación nacional, a la vez que rechazaba los comentarios del presidente de que las barreras fronterizas habrían contribuido a la caída de los índices criminales en El Paso. 

El impacto de la 'emergencia' en la zona

Los demandantes aseguraron que la falsa caracterización de la zona como peligrosa perjudicó a la comunidad, al limitar las oportunidades de negocios y turismo.

"La denigración de la democracia tiene un impacto real en las personas reales, y hoy estamos contentos de que un tribunal haya defendido a esas personas", manifestó Laurence Tribe, profesor de Derecho Constitucional de Harvard y también abogado del caso.