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Informe de la ONU concluye que en Chile "se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos"

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Según el organismo, estas violaciones incluyen el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.

El informe realizado por la misión enviada por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Chile concluye que "hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos".

La misión, invitada por el Gobierno chileno, estuvo en el país sureño del 30 de octubre al 22 de noviembre en siete regiones (Antofagasta, Araucanía, Biobío, Coquimbo, Maule, Región Metropolitana y Valparaíso).

Durante su visita, se encargó de revisar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas y el estado de emergencia decretado por el presidente Sebastián Piñera, identificar los principales patrones y tendencias de las violaciones a los derechos humanos cometidas, analizar la respuesta del Estado y hacer recomendaciones.

Acción represiva de Carabineros

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) los Carabineros y el Ejército no se adhirieron a las normas y estándares internacionales.

Sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, observó que durante la protesta pacífica Carabineros respondió con el uso de fuerza no letal y utilizó de manera desproporcionada armas como escopetas antidisturbios, disparando perdigones de plomo, no autorizados para su uso en ese tipo de actividad.

Muertes en las protestas

Hasta el 19 de noviembre, el Ministerio Público chileno informó que había 26 investigaciones por "personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones sociales", que comenzaron el pasado 18 de octubre.

De ese número, la misión verificó la información de 11 de los casos, lo que arrojó que: cuatro muertes estuvieron vinculadas con la privación arbitraria de la vida y acciones ilícitas que involucran a agentes estatales; una persona murió por disparos hechos por un civil, con un militar relacionado; un manifestante falleció de un ataque cardíaco en una manifestación; una persona supuestamente se habría suicidado en una comisaría; cuatro decesos estuvieron relacionados con incendios provocados y saqueos.

Heridos y lesiones oculares

En cuanto a los lesionados, se explica que la cifra varía según las fuentes. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) establece que fueron 3.449 heridos; el Ministerio de Justicia declaró que desde 19 de octubre al 6 de diciembre han resultado heridas 3.590 personas (1.300 civiles y 2.705 miembros de la policía); el Ministerio de Salud informó que ha prestado 12.738 atenciones médicas de urgencia desde 18 de octubre al 7 de diciembre.

La ACNUDH ha documentado un número de casos relacionados con lesiones oculares como resultado de disparos de escopetas antimotines de Carabineros, uso de irritantes químicos e impactos de los cartuchos de gas lacrimógeno.

En el contexto de las manifestaciones, la Sociedad Chilena de Oftalmología, del 19 de octubre al 3 de diciembre, determinó que 345 personas han sufrido lesiones relacionadas con traumatismos oculares, mientras que el INDH recogió que la cifra era de 352 personas, entre el 17 de octubre y el 6 de diciembre.

Denuncias de torturas 

La ACNUDH recopiló datos sobre 133 actos de tortura y malos tratos realizados presuntamente por Carabineros y militares durante el arresto, el traslado a los centros de reclusión o la detención. 

Entre las formas de maltrato se encuentran puñetazos, patadas, culatazos y asfixia, arrollamientos de vehículos o motocicletas militares, tortura psicológica.

En el informe se explica que el Ministerio Público ha abierto 44 investigaciones por tortura y que el INDH presentó, del 18 de octubre al 6 de noviembre, 544 querellas relacionadas con 633 presuntos casos de tortura y malos tratos.

Además, la misión del organismo internacional recopiló información sobre 24 casos de violencia sexual: 14 mujeres, seis hombres, tres niñas y un niño en el contexto de las protestas. Por su parte, el INDH presentó 108 querellas por tortura relacionadas con alegaciones en 166 casos de agresiones de este tipo.

Detenciones

El informe recoge que según el Ministerio de Justicia, 28.210 personas fueron detenidas entre el 19 de octubre y el 6 de diciembre. Hasta ese momento, 1.615 permanecen en prisión preventiva mientras que las demás fueron liberadas.

Entre las denuncias que recibió el Alto Comisionado, se encuentran las detenciones ilegales por miembros de los cuerpos de seguridad sin identificación, la persecución de manifestantes, la retención de su documentación, las golpizas tras el arresto.

De igual modo, documentó actos de violencia contra funcionarios. Según el Ministerio del Interior, 2.705 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos entre el 18 de octubre y 6 de diciembre.

Conclusiones

  • Hay razones fundadas para sostener que se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos y que ha habido un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
  • Hay un número "alarmantemente alto" de personas con lesiones oculares.
  • La ACNUDH documentó cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado.
  • Hubo numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias.
  • Las mujeres, las niñas y las personas LGBTI han sufrido formas específicas de violencia sexual.
  • Adolescentes y jóvenes constituyen la mayoría de las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Recomendaciones

Entre las 21 recomendaciones que ha hecho el ACNUDH se encuentra la petición de asegurar que las personas puedan manifestarse sin restricciones ni riesgos innecesarios y desproporcionados para su integridad física y otros derechos humanos.

Vigilar que los cuerpos de seguridad sigan las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y dejar de usar indiscriminadamente escopetas antidisturbios para controlar las protestas.

Además, garantizar que la seguridad ciudadana esté reservada a los cuerpos policiales civiles y asegurar que el Estado investigue todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

RT