La reciente consulta ciudadana —no vinculante— lanzada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), una entidad que representa a 330 de los 345 Gobiernos locales ante el Estado central, refleja que la gran mayoría de los votantes quiere lanzar una nueva Constitución y, para hacerlo, el mecanismo más aceptado sería una convención constitucional.
Así, más de 2 millones de personas participaron este 15 de diciembre en la encuesta, que no implica cambios directos a nivel político, pero permite conocer las intenciones de una parte de la población y presionar a los poderes Ejecutivo y Legislativo. La consigna, voluntaria, abarcó a 226 comunas en ese país sudamericano, dos tercios del total, y tuvo el respaldo de diversos partidos políticos. Por otro lado, la votación se realizó de modo digital, y también por la vía convencional.
Aquella iniciativa de la ACHM se impulsó a pocos meses del próximo plebiscito, estipulado para el 26 de abril del 2020, cuando la ciudadanía definirá si se avanza hacia un nuevo proceso constituyente, y de qué forma. El referéndum se acordó entre distintos frentes políticos, tras varias semanas de masivas manifestaciones en las cuales se piden cambios profundos en el sistema administrativo y económico.
Primeros sondeos
"El resultado es descollante", expresó el presidente de la organización, Germán Codina. En efecto, entre los votantes de municipios comos Ancud, San Joaquín y El Bosque más del 90 % pide una nueva Constitución, una tendencia que se replica en varias localidades. Sin embargo, todavía no se publicó el resultado general porque falta el recuento en algunos territorios, aunque este martes Piñera recibió las tendencias preliminares.
No obstante, ya se dio a conocer que la gran mayoría plantea impulsar otra carta magna mediante una asamblea conformada íntegramente por ciudadanos, elegidos para ese fin. En contrapartida, casi la tercera parte habría elegido una convención mixta, donde también participen legisladores.
A su vez, un gran número de encuestados prefiere que la instancia de abril sea obligatoria, y apoya la idea de que los municipios tengan más atribuciones y mayores recursos.
Asimismo, las tres demandas sociales más elegidas por los participantes habrían sido: aumentar las pensiones y dignificar la vida de los adultos mayores, mejorar el sistema de la salud pública y su financiamiento, y garantizar el acceso a una educación pública de calidad. Por otro lado, cada circunscripción pudo sumar demandas propias.
"El Estado fue incapaz de reaccionar"
Para el alcalde de la comuna de Huechuraba (Región Metropolitana) y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carlos Cuadrado Prats, los dirigentes territoriales impulsaron la consulta ante las falencias del Ejecutivo nacional: "Asumimos con conciencia un tema que no nos correspondía resolver, pero el Estado de Chile fue incapaz de reaccionar", le dijo a este medio.
En esa línea, sostuvo que debían "darle una solución" a la gente que sale a las calles en sus localidades: "Frente a la sorpresa del estallido social, los alcaldes, que habitualmente trabajamos con la urgencia de los ciudadanos, sabemos el significado de una injusticia en el territorio cuando se prolonga", señaló.
Por otro lado, destacó que no contaron con el apoyo de otros poderes del Estado para lanzar la consulta: "No tuvimos colaboración del Servicio Electoral, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Gobierno en general ni tampoco del Parlamento". De hecho, al ser una iniciativa "sacada a pulso", el político subrayó que la gran participación popular "resulta muy satisfactoria".
En ese marco, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, consideró que la cantidad de votantes es "sorprendente". Y Daniel Jadue, el referente comunista que dirige la comuna de Recoleta en la capital del país, opinó que la encuesta representa "una derrota para los defensores de la Constitución de Pinochet".
A su vez, el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson le explicó a RT que esta acción de los municipios "va a tener incidencias porque justo ahora la Comisión de Constitución del Congreso analiza el mecanismo para la próxima consulta, que sí será vinculante".
¿Qué está pasando en Chile?
El país sudamericano atraviesa jornadas de masivas movilizaciones desde mediados de octubre, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera aprobó aumentos en el precio del transporte público. En efecto, las pequeñas protestas por las subidas en el metro de Santiago dieron lugar para visibilizar históricas demandas sociales, que se masificaron.
Así, con el correr de los días, millones de chilenos expresaron en las calles que la mejor forma de encausar sus reclamos es lanzando una nueva Constitución, para modificar el sistema económico del país. Como respuesta, el Ejecutivo decretó el estado de emergencia y el toque de queda en muchas regiones durante varias jornadas, mientras aumentaban los disturbios.
Hasta la fecha, a casi dos meses de haber comenzado el estallido social, se contabilizan 23 muertes en el contexto de las protestas, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó cinco querellas en la Justicia por posibles homicidios en manos de las fuerzas de seguridad. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional ya criticaron con dureza el accionar policial.
Tras varias semanas de tensión, el Ejecutivo anunció que aceptaba el pedido de reforma constitucional y se logró un acuerdo con distintas fuerzas para lanzar un plebiscito. De esta forma, en abril del próximo año los chilenos definirán si quieren una nueva carta magna, o si se mantiene la Constitución de la dictadura. Con ese panorama, un estudio llamado Termómetro Social, auspiciado por la Universidad de Chile, reveló el 14 de diciembre que nueve de cada diez personas tienen intención de votar en el futuro referéndum, y el 85,5 % lo haría en favor del cambio.
Leandro Lutzky