Las manifestaciones antigubernamentales en Chile no cesan. Este despertar social, que comenzó el pasado 18 de octubre, en rechazo al aumento del pasaje del Metro de Santiago, mantiene actividades de calle, cabildos locales y sigue presionando al Gobierno de Sebastián Piñera para que lleve a cabo reformas y salde la deuda histórica con la sociedad en diferentes áreas: pensiones, salud, modernización del Estado, entre otras.
Para intentar frenar las manifestaciones, Piñera ha anunciado una cantidad importante de medidas, pero sus anuncios no han rendido frutos. Muchas de sus propuestas, antes de ser aplicadas, deben cumplir un trámite burocrático en el Parlamento, que dificultan su rápida puesta en marcha; otras, no cumplen con las demandas de los chilenos.
1.- Ingreso mínimo garantizado
Piñera anunció que se establecería un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos mensuales (aproximadamente 465 dólares actuales), mediante un subsidio estatal. El 6 de noviembre firmó el proyecto de ley y señaló que el Gobierno tiene previsto destinar 190.000 millones de pesos (unos 256 millones de dólares) en el primer año de aplicación de esta medida.
Se explicó que el subsidio estaba dirigido para las personas que tengan un ingreso inferior a los 350.000 pesos y superior al salario mínimo, que es de 301.000 pesos (unos 400 dólares).
La propuesta fue aprobada el pasado 10 de diciembre en la Cámara de Diputados; sin embargo, su aprobación se hizo con algunos cambios, se estableció un subsidio de 59.200 pesos, para que las personas tengan un ingreso mínimo garantizado de 301.000 líquido (salario con descuentos de nómina) y 384.362 (unos 510 dólares) bruto (sueldo sin descuentos). Ahora este tema se debate en el Senado.
- ¿Qué piden los ciudadanos?
Desde la Mesa de Unidad Social, que agrupa a más de 100 organizaciones y movimientos sociales y sindicales exigen que el sueldo mínimo sea elevado a 500.000 pesos (alrededor de 670 dólares) para todos los trabajadores.
2.- Pago único de un bono familiar
Piñera, en otra alocución, el 3 de diciembre, anunció el envío de un proyecto de ley al Parlamento para implementar un bono de 100.000 pesos (alrededor de unos 130 dólares) en beneficio de 6 millones de personas, de unas 1.336.000 familias.
La medida fue al Congreso. En la Cámara de Diputados le dieron el visto bueno, aunque con algunas precisiones que no brindó el mandatario.
El bono es de 50.000 pesos por causante y se dará, exclusivamente, a las familias o personas de bajos ingresos, que hasta el 30 de septiembre pasado hayan recibido los siguientes beneficios: pago de Asignación Familiar o Maternal (AF) por sus cargas familiares, familias pertenecientes a ChileSolidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades y personas con Subsidio Familiar (SUF).
3.- Pensiones
Sobre el tema de las pensiones, son varias las propuestas que hizo el mandatario:
- Aumento inmediato de 20 % de la Pensión Básica Solidaria (PBS) —destinada a las personas que no tengan derecho a una pensión en algún régimen previsional—.
- Aumento inmediato de 20 % en el Aporte Previsional Solidario (APS).
- Aumento adicional de las pensiones básicas y los aportes previsionales solidarios, durante los años 2021 y 2022, para los pensionados mayores de 75 años.
- Aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres que trabajan y cotizan, para incrementar sus pensiones al momento de la jubilación.
- Aportes de recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes.
El Congreso ya aprobó el aumento de las PBS, así como de la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) y las APS. Se trata de un aumento gradual de hasta 50 % hasta enero de 2022, es decir que pasarán a cobrar de 110.201 a 165.302 pesos (unos 220 dólares); aunque desde el próximo mes regirá completo para los pensionados mayores de 80 años.
- ¿Qué piden los ciudadanos?
En esta materia, los manifestantes piden la eliminación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entes privados que manejan el sistema de jubilaciones.
4.- Salud pública
Piñera ha hablado de incrementar el financiamiento a la salud pública, ante la "grave crisis" que atraviesa este sector, denunciada por la Confederación Nacional de Salud Municipal (Confusam).
Entre otras cosas, anunció que instaría al Congreso a discutir de manera inmediata el proyecto de ley para crear el Seguro Catastrófico de Enfermedades, que establece un tope máximo en el gasto de ciertos padecimientos, para que no sea financiado por las familias.
El tema ya fue discutido en la Cámara de Diputados apenas una semana después del anuncio de Piñera; se encuentra retenido en el Senado.
Piñera también anunció la creación de un seguro que cubra parte del gasto de los medicamentos que destinan las familias chilenas y la ampliación a todo el país del convenio del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y algunas farmacias para reducir el precio de los medicamentos.
- ¿Qué opiniones hay al respecto?
Desde el centro de estudios independiente chileno Espacio Público señalan que "quedan dudas sobre cuál sería el porcentaje de cobertura de los medicamentos una vez ya aplicados el descuento por convenio y el seguro". Exhortan al Estado a "evitar generar rentas en favor de las farmacias".
Además, piden que se contemple que el Estado sea capaz de "garantizar el acceso a medicamentos en los lugares apartados y que han sido históricamente segregados".
Desde Confusam, han dicho que los anuncios del Gobierno son solo "parches". "Estas medidas no solamente no solucionan los problemas del sector, sino que profundizan mecanismos para traspasar recursos al sector privado", mencionan.
5.- Estabilización de tarifas eléctricas
El mandatario anunció el envío de un proyecto de ley al Parlamento para anular el aumento impulsado por su Administración del 9,2 % y regresar así a las tarifas del primer semestre del año. Se establece el congelamiento de las tarifas, pero hasta diciembre de 2020.
Después de dar vueltas entre la Cámara de Diputados y el Senado chileno, se aprobó una normativa; aunque desde el 9 de diciembre está a la espera de su promulgación por parte de Piñera.
La normativa establece pasar desde el actual 10 % antes de impuestos, a una tasa de mercado calculada por la autoridad con un piso de 6 % y un techo de 8 % después de impuestos, lo que impactará positivamente en el bolsillo de los consumidores.
Según el ministro de Energía, Francisco López, la normativa beneficia a casi 7 millones de hogares chilenos.
"Las empresas van a dejar de percibir cerca de 1.200 millones de dólares y esperamos que esto tenga una rebaja directa en el próximo proceso tarifario en las cuentas de las personas dadas las rebajas tarifarias de las empresas", añadió el funcionario.
6.- Atacar la colusión
Uno de los temas que los manifestantes también han sacado a la luz en las protestas son los recurrentes casos de colusión, delito cometido por empresas para aumentar sus ganancias. Entre los actos comprobados por la Justicia chilena están la fijación ilegal de precios, limitación de producción y asignación de cuotas de mercados fraudulentas.
Ante ello, Piñera dio a conocer la "Agenda Antiabuso y por un Trato Digno y Justo" para "combatir con mayor severidad las colusiones y los abusos del mercado, los delitos tributarios y el uso de información privilegiada".
Entre otras cosas, esa agenda incluye: condenas de cárcel "efectiva" para quien comete este delito, cuando los bienes afectados son de primera necesidad; fortalecimiento a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) con nuevas herramientas que le permitan prevenir, investigar y denunciar los carteles y las conductas anticompetitivas; y la creación de la figura de denunciante anónimo, medidas para proteger los derechos de los consumidores y mejorar la protección de los derechos de los trabajadores.
- ¿Cuáles son las opiniones sobre la medida?
El fiscal nacional, Jorge Abbott, criticó que la agenda no incluya que el Ministerio Público pueda iniciar la acción penal en casos de colusión o delitos tributarios, sino que sigue dejando en manos de la FNE y el Servicio de Impuestos Internos (SII) la posibilidad de abrir las causas.
Esa petición no solo ha sido hecha por la Fiscalía, sino también por organizaciones como Espacio Público, Chile Transparente y la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal.
7.- Mejores condiciones para las Pymes
Piñera también lanzó un plan para las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente para unas 6.800 que, según el mandatario, han resultado afectadas por las protestas.
El plan incluye presentado por Piñera, incluye, entre otras cosas:
- Envío al Congreso de dos proyectos: uno para anticipar el plazo de implementación de la 'Ley Pago a 30 Días' para que las empresas reciban el dinero de sus facturas "en forma oportuna", esta medida, en principio, entraría en vigencia en febrero de 2021; y el otro para "incentivar y facilitar donaciones" de grandes empresas o personas para aportar a las Pymes "afectadas por el vandalismo y la violencia".
- Planes para dar flexibilidad en los pagos y posibilidad de reprogramar créditos "para capital de trabajo".
- Disposición de 13.000 millones de pesos (unos 17 millones de dólares) para subsidios, préstamos o garantías para que las empresas afectadas por las protestas recuperen su capital de trabajo y vuelvan a levantarse.
Sobre este tema, también se informó que la Policía, fiscalías y el Poder Judicial trabajan "para identificar a violentistas, detenerlos y juzgarlos con todo el rigor de la ley".
8.- Impuesto a los más ricos
El mandatario chileno anunció la anulación del proyecto de ley que contemplaba la rebaja de impuestos a los grandes empresarios; texto que establecía que las empresas que pagaran sus impuestos liberaban de hacerlo a sus dueños y socios. Esta decisión significaba una pérdida en las recaudaciones valorada en 800 millones de dólares.
De inmediato, el Gobierno y la oposición en el Congreso llegaron a un acuerdo para hacer una reforma tributaria y destrabaron, en pocos días, un proyecto que yacía desde hace años en el Parlamento.
El texto establece la creación de dos impuestos para los más ricos. El primero es un nuevo tramo del impuesto a la renta del 40 % para quienes tienen los más altos ingresos, que exceden los 8 millones de pesos (unos 10.600 dólares), con lo cual buscan recaudar unos 200 millones de dólares.
El segundo, será un nuevo impuesto a las viviendas más costosas, tasadas fiscalmente desde 500.000 dólares.
- ¿Y la desigualdad cómo se ataca?
Esas medidas, aunque aplaudidas por varias organizaciones, no cambia una realidad chilena por la que los manifestantes reclaman: la desigualdad.
El informe Panorama Social de América Latina 2018 revela que Chile "presenta una alta concentración de la riqueza". Mientras que el 50 % de los hogares menos favorecidos tenía, en 2017, solo un 2,1 % de la riqueza neta del país, el 10 % más rico concentraba dos terceras partes (66,5 %). Además, el 1 % más rico, amasaba el 26,5 % de esos recursos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrece datos similares: El ingreso promedio del 10 % más rico de la población chilena es 19 veces mayor que el ingreso del 10 % más pobre, en comparación con el promedio de 9,3 % en todos los países de ese bloque.
9.- Dieta de parlamentarios y sueldos de funcionarios
Actualmente, los parlamentarios chilenos devengan, de acuerdo al artículo 62 de la Constitución, un salario similar al de un ministro de Estado, quienes cobran una dieta equivalente a 33 salarios mínimos. Piñera prometió revisar este tema.
Su ingreso bruto es de 9.349.851 pesos (alrededor de 12.400 dólares) mensuales, con los descuentos previsionales y de salud, su salario líquido es de alrededor de 6 millones de pesos (unos 8.000 dólares). Este monto es aparte de las asignaciones parlamentarias, que en el caso de los senadores tienen un tope de 20 millones de pesos (unos 26.500 dólares) y el de los diputados de 11 millones de pesos (14.600 dólares).
La Cámara de Diputados discutió el tema, específicamente un informe presentado hace seis años, y aprobó rebajar a 50 % la dieta parlamentaria. El caso pasó al Senado, donde aún se debate.
Sin embargo, a la par de esta tramitación, ingresó al Congreso un proyecto de ley de reajuste salarial para todos los funcionarios públicos del país, que afectaría a unos 150.000 trabajadores del Estado, a quienes se les congelaría o reduciría su salario.
El proyecto, que ya fue aprobado por las dos cámaras del Congreso y quedó pendiente para convertirse en ley, no avanzó como originalmente lo presentó el Gobierno. Se ha establecido un aumento escalonado de 2,8 % para las remuneraciones inferiores a los 3 millones de pesos (alrededor de 4.000 dólares) y de 1,4 % de reajuste para las rentas superiores.
El reajuste no será aplicable a las remuneraciones del presidente de la República, ministros, subsecretarios, intendentes y los más altos cargos de la Corte Suprema.
10.- Nueva Constitución
Una de las demandas principales de los manifestantes es la redacción de una nueva Carta Magna en el país, puesto que la que rige data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El pasado 15 de noviembre, el Gobierno y la oposición alcanzaron un histórico acuerdo para elaborar una nueva Constitución. Para ello se estableció llevar a cabo en abril del próximo año un plebiscito en el que los ciudadanos decidirán si se lleva adelante el cambio constitucional, además del mecanismo que prefieren para hacerlo: mediante comisión mixta constitucional compuesta por un 50 % de ciudadanos y 50 % de parlamentarios o una convención constitucional, conformada en su totalidad por ciudadanos.
Luego se hará la elección de los constituyentes, se redactará la Carta Magna y habrá un plebiscito de ratificación. Todo el proceso culminaría a finales de 2021.
- La crítica
La principal crítica al acuerdo es referente al mecanismo que plantean para la elección de los miembros que redactarán el nuevo texto.
El texto establece que se aplicará el sistema electoral de la Cámara de Diputados que actualmente consiste en 155 miembros que representan 28 distritos. Según dice la Mesa de Unidad Social, de realizarse la elección de los constituyentes bajo esa fórmula se excluirían "candidaturas independientes, de cabildos, asambleas, organizaciones o movimientos sociales", porque solo se garantiza lugar para las actuales fuerzas con representación en el Parlamento.
"El actual sistema electoral torna inviable cualquier posibilidad de candidaturas independientes y de miembros del movimiento social que no tengan afiliación a partidos políticos legales", señala la organización.
Edgar Romero G.
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