El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó este lunes el proyecto de ley que fortalece el estatuto de protección para los cuerpos de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.
El proyecto, anunciado a principios de noviembre, condena los actos perjudiciales contra agentes del Estado en el ejercicio de su cargo. Según el mandatario, la nueva normativa permitirá: "combatir con mayor eficacia los ataques y violencia" que se ejerce contra las fuerzas de seguridad y orden público.
"Nuestras fuerzas de orden y seguridad y también Gendarmería necesitan ser debidamente respetadas y también tener una adecuada protección", enfatizó.
Pese a las denuncias de uso excesivo de la fuerza de los uniformados durante las manifestaciones antigubernamentales en Chile, que iniciaron en octubre pasado, Piñera señaló: "la inmensa mayoría de nuestros carabineros y policías han actuado de acuerdo a la ley, han cumplido con los protocolos de sus instituciones, y han resguardado y protegido los derechos humanos de todos los ciudadanos".
Asimismo, señaló que hasta este lunes tienen el registro de más de 2.500 carabineros heridos o lesionados, "algunos de ellos de gravedad por haber recibido impactos de bala o bombas molotov".
¿Qué contempla el proyecto?
El proyecto de ley establece como agravante de los delitos de lesiones y homicidios cometidos contra carabineros, policías o gendarmes, el "cometerlos en forma encapuchada, en grupos organizados", detalló el mandatario.
Explicó que, cuando se comentan este tipo de acciones, se necesitará la autorización del Fiscal Regional para poder archivar provisionalmente una causa u ofrecer la suspensión condicional del procedimiento.
La normativa también contempla elevar las penas y establece que no se permitirán medidas sustitutivas en casos de homicidio, castración, mutilación o lesiones graves a uniformados.
Los agresores que hayan sido condenados por cualquiera de estos delitos, solo podrán solicitar el beneficio de libertad condicional, una vez que cumplan dos tercios de la pena impuesta.
El politólogo Eduardo Luque Guerrero opina que el proyecto firmado por el presidente dará impunidad a las fuerzas del orden.
Acción policial en la mira
Una misión enviada por la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un informe recientemente en el que critica la actuación de las fuerzas policiales en las manifestaciones.
Esa misión observó que durante la protesta pacífica, Carabineros respondió con el uso de fuerza no letal y utilizó de manera desproporcionada armas como escopetas antidisturbios, disparando perdigones de plomo, no autorizados para su uso en ese tipo de actividad.
En ese informe, la ONU dio cuenta de 26 personas muertas durante las manifestaciones, más de 12.000 heridos —según datos del Ministerio de Salud— y 345 personas con lesiones oculares.
Además, documentaron 133 actos de tortura y malos tratos realizados presuntamente por Carabineros y militares durante arrestos, de las 28.210 personas fueron detenidas entre el 19 de octubre y el 6 de diciembre.
El propio presidente Piñera, hace unas semanas, reconoció que "hubo uso excesivo de la fuerza" y "no se respetaron los derechos de todos" durante las protestas.
Este sábado, en una de las sedes de la Comisión Chilena de Derechos Humanos —que se encarga de llevar parte de las querellas por violación de DD.HH. en el país— fueron robados casi todos los ordenadores. El presidente de la institución, Carlos Margotta, confirmó a RT que los datos de las víctimas están a salvo, por lo que los denunciantes "no tienen por qué temer el mal uso que puede hacerse" de la información relativa a su situación.
"Estamos frente a un gobierno que ha implementado una política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos", declaró Margotta.