En Colombia se debate el borrador de un proyecto de ley que pretende disolver el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuya actuación represiva ha sido severamente cuestionada, especialmente durante las recientes protestas contra el presidente Iván Duque.
El senador y creador del proyecto, Antonio Sanguino, adelantó que la iniciativa, que se debatirá en marzo de 2020, derogaría las resoluciones que le dieron vida a este cuerpo de la Policía.
El proyecto, hasta ahora, está compuesto por seis artículos que establecen la eliminación del Esmad, la derogación de las resoluciones que crearon a este grupo, la obligación de las autoridades regionales y municipales de garantizar la protesta pacífica, y la creación de mecanismos mediadores entre la ciudadanía y la Fuerza Pública.
Asimismo, la iniciativa legislativa aclara que el uso de la fuerza de la Policía solo tiene cabida en hechos graves de alteración de orden público o en situaciones de conmoción interior.
"Las acciones del Esmad a lo largo de las últimas semanas muestran que sus intervenciones no son proporcionales ni preventivas, sino ejecutadas con el fin de provocar a civiles y propiciar caos. Son acciones que no garantizan la protección de los derechos humanos, sino su vulneración mediante el daño físico, moral y emocional de manifestantes y no manifestantes", explica la justificación del proyecto, según medios locales.
Esta iniciativa surge después que la oposición denunciara a altos mandos de la Policía Nacional por el homicidio de Dilan Cruz, un joven de 18 años que murió al ser impactado por un proyectil tipo 'bean bag', disparado por una escopeta calibre 12, un arma convencional usada por el Esmad. La víctima participaba en una manifestación en el centro de Bogotá, el pasado sábado 23 de noviembre.
Asimismo, se le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigar este hecho y las demás muertes registradas durante las manifestaciones.
Además, contra el Esmad se suman denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, hostigamiento, amenazas y lesiones producidas por este cuerpo especializado.
Al respecto, el proyecto de ley contempla datos de un estudio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) donde se advierte que, por ejemplo, durante 2002 y 2012 hubo 512 detenciones arbitrarias, 596 heridos y 73 casos de tortura.