Exigen a López Obrador medidas concretas para remediar la "mayor catástrofe ambiental" de México

Los afectados por el derrame de tóxicos del Grupo México sobre el Río Sonora, la mayor catástrofe ambiental del país ocurrida en 2014, exigieron al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tomar medidas concretas para solucionar la crisis ecológica y social que dejó la mayor empresa minera del país.

Cinco años después de que la minera Buena Vista del Cobre, ubicada en Cananea, de Grupo México, derramara 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, en el noroeste del país, con una afectación a 22.878 pobladores, la empresa no cumplió con los compromisos que asumió como parte de la remediación de los daños, al tiempo que el Gobierno mexicano sigue sin castigar a la compañía por el incumplimiento.

La situación ha provocado críticas por parte de los Comités Cuenca Río Sonora, una organización de personas afectadas por el derrame que ha señalado: "ya no queremos más discursos, sino certezas".

¿Qué dijo el Gobierno?

El pasado 18 de diciembre, autoridades federales se reunieron con funcionarios estatales y municipales de Sonora, además de 200 afectados, para tratar de alcanzar una salida consensuada al problema.

El secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, detalló que el hospital construido por Grupo México para atender a la población afectada, como parte de las sanciones asumidas por la empresa, carece de equipo para hacer estudios clínicos y personal de la salud.

Por lo tanto, el Gobierno mexicano reconoció que el plan del grupo empresarial para remediar salud en Sonora ha sido "letra muerta".

Piden castigo ejemplar a la minera mexicana que derramó ácido sulfúrico en el "acuario del mundo"

Alcocer también explicó que es necesaria una Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental y Sanitaria de Sonora, que permita medir y evaluar los efectos de la exposición de la gente a altas concentraciones de metales pesados como cromo, zinc, hierro, cadmio, aluminio, plomo y manganeso, que afectan a los habitantes, incluso antes de que ocurriera el derrame.

Pero a pesar de los daños, el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, apuntó que, más allá de castigar a la empresa minera, el gobierno buscará "dialogar" con ella. "Y, por supuesto, tenemos que dialogar con el Grupo México", agregó el vocero oficial.

De hecho, las autoridades no hicieron mención a las sanciones por el derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico en el mar de Guaymas, Sonora, ocurrido en julio pasado, del que se responsabilizó a otra minera propiedad de Grupo México.

Organizaciones responden

Ante la falta de "un plan de acciones concretas para el Río Sonora", los afectados del derrame emitieron un posicionamiento en redes para cuestionar las ambigüedades del Gobierno federal.

En este sentido, exigieron acciones concretas para garantizar la calidad del agua, la salud de las comunidades afectadas y la no repetición de la tragedia ambiental, ya que la presa, que alberga residuos minerales altamente tóxicos, sigue operando prácticamente igual que cuando ocurrió el derrame.

También exigieron tener certeza sobre los planes del Gobierno con el fideicomiso privado que se le ordenó crear a Grupo México para la remediación del Río Sonora, como parte de las sanciones por el desastre ambiental.

En 2015, las autoridades mexicanas multaron a Grupo México con un monto de 23,5 millones de pesos (1,4 millones de dólares), además de constituir un fideicomiso privado para remediar los daños. La multa que representó apenas el 0,09 % de las ganancias que obtuvo Grupo México el mismo año en que ocasionó el derrame: 1.705 millones de dólares en 2014.

Manuel Hernández Borbolla