El Gobierno boliviano de facto explica por qué se han reforzado las medidas policiales en la Embajada de México en La Paz
El Gobierno de facto de Bolivia ha explicado las razones que justifican sus medidas de reforzamiento policial en la Embajada de México en La Paz, hecho que ha suscitado varias denuncias por parte de la Cancillería mexicana.
El secretario privado de la Presidencia, Erick Foronda, explicó en conferencia de prensa que el Gobierno de facto de Jeanine Áñez reforzó la vigilancia en la sede diplomática, porque ha recibido "información creíble de amenazas de violencia" por parte de movimientos sociales de la ciudad de El Alto y de un grupo de La Paz, denominado Ponchos Rojos.
Según Foronda, estos grupos "se aprestan a marchar hacia la residencia de la Embajada de México" para exigir la expulsión del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, refugiado en el recinto diplomático tras el golpe de Estado contra el mandatario depuesto, Evo Morales.
"Con el propósito de precautelar la tranquilidad de la misión y garantizar la seguridad y dignidad de los diplomáticos mexicanos y la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas, el Gobierno constitucional incrementó la presencia de fuerzas policiales en la vía pública", dijo Erick Foronda, informó la agencia de noticias ABI.
El secretario presidencial de facto aclaró que los uniformados no afectan "la libre circulación de los funcionarios mexicanos" ni "violan el recinto diplomático".
México "en alerta"
Desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han denunciado el "hostigamiento" por parte de cuerpos de seguridad e Inteligencia bolivianos que permanecen ante la Embajada y la residencia oficial en Bolivia desde este lunes.
"Contrario a lo que han declarado funcionarios de ese país [Bolivia], actualmente existe un cerco policial que registra el movimiento de las personas que entran y salen de los recintos diplomáticos mexicanos; agentes realizan grabaciones y han intentado detener el libre tránsito de la embajadora de México [María Teresa Mercado] y del personal diplomático", reza un comunicado de la Cancillería.
El subsecretario de México para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, denunció en su cuenta de Twitter que hasta la tarde del martes se mantenía "el secuestro policíaco y militar" en contra de las instalaciones diplomáticas. "Estamos en alerta permanente ante el riesgo de una incursión armada a nuestros inmuebles en La Paz", escribió.
Denunciamos que se mantiene el secuestro policíaco y militar en contra de las instalaciones diplomáticas de 🇲🇽 en 🇧🇴. Estamos en alerta permanente ante el riesgo de una incursión armada a nuestros inmuebles en La Paz. pic.twitter.com/4rwewRAzgL
— Maximiliano Reyes Zúñiga (@maximilianoreyz) December 24, 2019
Desencuentro
La tensión entre los dos países ha aumentado en los últimos días. La Administración de Andrés Manuel López Obrador acusó al Gobierno de facto de Áñez de violar las obligaciones adquiridas por el Estado boliviano en lo referente al artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece una serie de medidas para garantizar la protección y el respeto de las sedes diplomáticas, incluido el caso en que un Gobierno extranjero decide dar refugio o asilo a personas de un país a través de su Embajada, como es el caso de México.
Por su parte, la Cancillería de Bolivia rechazó la "conducta inamistosa de México", porque el país latinoamericano se ha mostrado "reticente a reconocer" a Jeanine Añez como presidenta de Bolivia.
México, a través de su Embajada en La Paz, ha dado refugio a exfuncionarios perseguidos por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez: el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el de Defensa, Javier Zavaleta; el de Justicia, Héctor Arce, y el de Culturas, Wilma Alanoca.
Juan Ramón Quintana es acusado por la Fiscalía de Bolivia de supuestos delitos de sedición y terrorismo.
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