El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) de Colombia ha decidido declarar el galeón español San José, hundido frente a las costas de Cartagena de Indias en el siglo XVIII, como bien de interés cultural del país.
Esta medida, adoptada tras una solicitud de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, implica que el rescate del pecio no podrá sufragarse con parte de su carga de oro y plata.
La propia vicepresidenta ha compartido este viernes en las redes sociales un video en el que explica que la decisión del CNPC se tomó "por unanimidad" y remarca que "el Galeón es indivisible", y por lo tanto "no se pagará la extracción de este con ninguna pieza, con ninguna parte del patrimonio que se encuentra sumergido".
La vicepresidenta indicó también que las autoridades colombianas deberán ahora "definir cuándo, cómo y con quiénes" se llevará a cabo la extracción del navío, en busca de "las mejores condiciones" que garanticen su conservación, "que es a fin de cuentas lo más importante".
Hundimiento antiguo, disputas recientes
El San José fue hundido el 8 de junio de 1708 por corsarios ingleses frente a las costas de Cartagena de Indias, cuando transportaba un cargamento en el que, según crónicas y documentos de la época, se incluían unos 11 millones de monedas de oro y plata, además de piedras preciosas, vasijas ancestrales, brazaletes de bronce, espadas y escudos.
En diciembre de 2015, tras el anuncio oficial del hallazgo, surgieron disputas entre Colombia y España. Desde Madrid argumentaban que, al tratarse de "un barco de Estado", con su bandera, las normas de la Unesco amparaban al Gobierno español a la hora de reclamar su titularidad y, por lo tanto, el patrimonio que supuestamente alberga, al que se le estima un valor aproximado de 17.000 millones de dólares.
El Gobierno colombiano, presidido entonces por Juan Manuel Santos, puso en marcha un proceso de contratación de los servicios de rescate, en el que se estipulaba que el pago se realizaría principalmente con piezas recuperadas del propio barco, siempre que no fueran declaradas como patrimonio.
Con el cambio de gobierno, en 2018, el Ejecutivo saliente paralizó esa contratación para evitar, precisamente, la posible pérdida de patrimonio en una transacción comercial que incluyera parte del tesoro sumergido, y dejó el asunto en manos de la administración del presidente entrante, Iván Duque. La declaración de bien de interés cultural recién anunciada impide definitivamente esa forma de pago a cualquier entidad contratista que realice los trabajos.
En cuanto a la titularidad del navío y su contenido, la disputa entre España y Colombia aún no ha quedado zanjada, y además la empresa norteamericana que realizó el hallazgo continúa reclamando judicialmente el 50 % del posible tesoro alegando que descubrieron el naufragio y su ubicación en 1982.