La fiscal que dirige la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, ordenó que se realizaran informes sobre los elementos utilizados por Carabineros para dispersar las protestas en Chile, que se encuentra en un contexto social de masivas movilizaciones desde mediados de octubre.
"Se han dispuesto pericias de carácter químico, balístico y de otra naturaleza para poder confirmar o descartar cualquier sombra de duda que exista sobre la calidad de los elementos utilizados por las fuerzas policiales", confirmó en una entrevista con El Mercurio, publicada este lunes.
Así, investigarán la composición de los gases lacrimógenos y perdigones, cuyo uso ya fue suspendido en medio de una gran polémica por las denuncias de lesionados. A su vez, Chong aclaró que también se analizarán otros elementos no letales "que han sido lanzados fuera de protocolo".
Investigaciones por violaciones a los derechos humanos
Por lo pronto, la oficina de la Fiscalía chilena tiene 1.000 indagatorias por posibles violaciones a los derechos humanos, en las que Carabineros aparece como la principal fuerza implicada. En su mayoría, se trata de denuncias de agresiones cometidas durante el estado de excepción decretado por el Gobierno de Sebastián Piñera, y también posteriormente.
Al respecto, una de las últimas investigaciones es sobre el atropello contra un manifestante, producido el 20 de diciembre en Plaza Italia, el epicentro de las protestas de Santiago. En ese caso, los funcionarios del Ministerio Público intentan determinar la responsabilidad del conductor, Ofricinio Mauricio Carrillo, un cabo primero de Carabineros.
Así, mientras la Policía sostiene que el uniformado no contaba con buena visión por tener el parabrisas tapado con pintura, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) —querellante en el caso— afirma que se trató de un homicidio frustrado.
En ese marco, el 26 de noviembre la Fiscalía ya había anunciado que investiga 2.670 casos de posibles violaciones a los derechos humanos, como desnudamientos, abusos sexuales, amenazas, ataques en la vía pública y en domicilios particulares, sumado a presuntas situaciones de tortura. "Del total, 2.052 corresponden a denuncias contra Carabineros, 183 involucran al Ejército, 50 a la Policía de Investigaciones y 26 a la Armada", dice el comunicado oficial.
Por otro lado, desde el 18 de octubre hasta el 22 de noviembre ya se habían imputado a 20.000 personas por delitos como saqueos y "desórdenes públicos".
Preocupación de la CIDH
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este domingo que "lamenta profundamente la muerte el 27 de diciembre de Mauricio Fredes, manifestante que huía de una carga policial y cayó a un hoyo con agua y cables de electricidad". En ese tono, advirtió "que al menos 29 personas han fallecido desde el inicio de las protestas".
Además, criticó: "La CIDH recuerda al Estado de Chile que la protesta social es un derecho humano protegido por el sistema interamericano". Para concluir, pidió "que continúen las investigaciones pronta y diligentemente y se establezcan las correspondientes sanciones a los responsables".