El canciller de Ecuador, José Valencia, informó este jueves que los políticos opositores refugiados en la Embajada de México, durante las protestas antigubernamentales de octubre pasado, tomaron un vuelo comercial rumbo al país norteamericano esta mañana.
Valencia detalló que el viaje se concretó luego de que el Gobierno de Lenín Moreno brindara "las facilidades necesarias para que esos ciudadanos salgan del Ecuador".
"Esto evidencia, una vez más, como lo conoce la ciudadanía y la comunidad internacional, que detrás del discurso de persecución política está un interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son hoy procesados por órganos judiciales independientes", precisó el ministro.
¿Quiénes estaban en la Embajada mexicana?
En la sede diplomática de México en Quito se encontraban los asambleístas por la Revolución Ciudadana Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y el asambleísta alterno Luis Fernando Molina.
También se encontraban los cónyuges de estos políticos opositores: Luis Flores, esposo de Rivadeneira; Fausto Jarrín, cónyuge de Buendía; y Tania Pauker, esposa de Viteri.
Rivadeneira fue la primera que ingresó a la Embajada, el 12 de octubre, cuando todavía había protestas en las calles de Ecuador en contra del "paquetazo" de Moreno. El resto lo hizo dos días después.
En ese momento, la asambleísta informó que la decisión de refugiarse en la sede diplomática se produjo tras padecer "un seguimiento extrajudicial". En este sentido, detalló que habría sido vigilada por "agentes de Inteligencia, carros de la Policía, militares y civiles", frente a su domicilio, despacho personal y espacios de militancia.
Desde que culminaron las manifestaciones, varios políticos opositores se han enfrentado a proceso judiciales por, presuntamente, estar implicados en la violencia generada durante las protestas.
Juzgados y en proceso judicial
Los primeros detenidos fueron el asambleísta de la Revolución Ciudadana por la provincia de Sucumbíos, Yofre Poma, y el prefecto de esa entidad, Amado Chávez, del partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA).
Ambos fueron sentenciados en noviembre a un año cuatro meses de prisión, multa de cuatro salarios mínimos y una reparación integral de 6.000 dólares en calidad de cómplices del delito de paralización de servicio público, tras ingresar con hierros y palos a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en el cantón Nueva Loja, Sucumbíos.
El domingo 13 de octubre fue detenida la exalcaldesa del cantón Durán, en la provincia de Guayas, Alexandra Arce Plúas, también militante de la Revolución Ciudadana. Le dictaron prisión preventiva, pero la medida fue revocada a principios de noviembre.
Entre los detenidos también estuvieron la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón y su colaborador Christian González Narváez, así como el exasambleísta Virgilio Hernández y su colaborador Pablo Del Hierro. A todos los acusan del delito de rebelión, relacionado con presuntas acciones cometidas durante las protestas antigubernamentales de octubre.
A Del Hierro le permitieron, desde el principio de la investigación, que se pudiera defender en libertad; mientras, los otros tres estuvieron en prisión preventiva hasta el pasado 24 de diciembre, cuando le fueron impuestas medidas sustitutivas.