Entre los padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por grupos criminales con la complicidad de las autoridades, hace más de cinco años, hay esperanza de que el caso pueda avanzar.
El jueves, el mandatario mexicano dio un mensaje alentador, previo a reunirse con los familiares de los estudiantes en Palacio Nacional de Ciudad de México: "Yo deseo con toda mi alma saber sobre el paradero de los jóvenes [...] Y es decisión de todo el Gobierno llegar a la verdad, esa es una espina que tenemos clavada".
Durante más de dos horas de reunión, fueron informados de los avances en la investigación y, contrario a lo que recibieron en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), vislumbraron disposición de las instituciones para no dar un 'carpetazo' al caso, como sucedió anteriormente.
Salieron de Palacio Nacional con rostro serio, sin detenerse, sosteniendo con fuerza las pancartas blancas con las fotografías de sus hijos desaparecidos y con la expectativa de que en los próximos meses puedan tener avances del caso.
"Se está haciendo el trabajo y eso a nosotros nos genera mayor confianza para saber el paradero de los jóvenes", dice Felipe de la Cruz, vocero de las familias de Ayotzinapa, en entrevista telefónica con RT.
Esta semana, los padres se reunieron con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y con el mandatario mexicano. Más allá de los encuentros con los funcionarios de más alto nivel, vieron algunas avances en la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, y sobre todo, la voluntad del Gobierno federal para acordar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de personas de distintas profesiones que fueron una piedra en el zapato en el sexenio pasado, al mostrar las inconsistencias en la investigación del Estado mexicano.
En una sola frase, Felipe de la Cruz describe el sentimiento de los familiares de los jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero: "Las condiciones hoy son diferentes, la voluntad política existe y eso pues a nosotros nos genera mayor esperanza".
El regreso de la esperanza
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron varios autobuses en Iguala para dirigirse a la Ciudad de México y participar allí en una protesta, cuando un grupo de policías locales e individuos armados abrieron fuego contra ellos. Como resultado, seis personas fallecieron, 17 resultaron heridas y 43 estudiantes fueron desaparecidos.
La desaparición de los jóvenes normalistas conmocionó a la sociedad mexicana, y las exigencias de Justicia desgastaron al Gobierno de Enrique Peña Nieto, que intentó elaborar una hipótesis que sostenía que los estudiantes normalistas fueron secuestrados por el grupo criminal Guerreros Unidos, asesinados y luego incinerados en el basurero de Cocula (Guerrero).
"Yo estoy en la convicción de que pasó lo que la investigación arrojó", dijo el expresidente Peña Nieto en un video difundido en agosto de 2018, con motivo de su sexto informe de Gobierno.
No obstante, la construcción de la llamada "verdad histórica", tildada así por el exprocurador Jesús Murillo Karam, presentó muchas inconsistencias e irregularidades que afectaron la adecuada resolución del caso, la búsqueda de los jóvenes y el conocimiento de su paradero, e inevitablemente los procesos judiciales de los sentenciados.
Las irregularidades en la hipótesis central del Gobierno fueron evidenciadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en un primer informe, en donde resaltaron todas las contradicciones de las declaraciones de los presuntos implicados en la desaparición de los jóvenes y la anuencia de la Policía federal y el Ejército en la trágica noche del 26 de septiembre de 2014.
Con la ayuda del perito independiente José Torero, que realizó pruebas en lugar y recibió los peritajes del caso, se determinó que "es imposible que un incendio de esta magnitud [con 43 cuerpos] se haya podido haber dado en el basurero municipal de Cocula". La "verdad histórica" del Gobierno de Peña Nieto se cayó en un santiamén, pero la Justicia sigue sin aparecer 63 meses después de la desaparición de los jóvenes.
Hasta septiembre del año pasado, la mitad de los detenidos fueron liberados por jueces al analizar algunas irregularidades durante el proceso judicial, como confesiones bajo tortura y malos tratos.
Nueva búsqueda
Poco se ha difundido sobre los detalles de las reuniones entre las autoridades y los familiares, pero dentro de las búsquedas que ha realizado el Gobierno federal en Guerrero, han encontrado algunos restos humanos que se analizarán para saber si coincide con alguno de los estudiantes.
"En un lugar se encontraron restos que se van a a llevar a [la Universidad de] Innsbruck [Austria], en espera de que en febrero o marzo regresen los resultados para poder dar la información [sobre] la identificación de los restos", refiere el vocero de los familiares.
El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, declaró al salir de la reunión con López Obrador que esperan "caminar de manera más rápida" este año con la "construcción de un andamiaje jurídico institucional". En entrevista con Carmen Aristegui, el defensor declaró que los "datos de prueba" indican que "los estudiantes no fueron llevados al basurero de Cocula" y que esperan buscar en distintos puntos de Iguala.
Sin "verdades históricas" en el camino, Felipe de la Cruz resume el sentir de los padres: "Para nosotros, mientras no se demuestre lo contrario científicamente, para nosotros los jóvenes están en vivos".
José Beltrán
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