Desplazados, asesinatos y paramilitarismo: ¿qué ocurre en el departamento colombiano de Chocó?

Los habitantes de Bojayá, ubicado al norte del selvático departamento del Chocó, en el occidente de Colombia, denuncian que una nueva incursión de 300 paramilitares tuvo lugar el pasado 31 de diciembre, lo que ha generando una fuerte ola de desplazamientos.

Según los pobladores, la presencia de los paramilitares se concentra en los caseríos de Pogue, Cuia, Loma de Bojayá y Corazón de Jesús.

"La gente no puede comunicarse y están amenazando a todo el mundo. La persona que se logre comunicar vía teléfono y que denuncie lo que está pasando, la asesinan. Este grupo está en la comunidad y esos actores están en todo el río. Lo más crítico es Pague y Cuia", declaró una habitante de la zona a Blu Radio.

En Bojayá operan tanto las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante del país, así como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa.

Desde la zona, los grupos armados mueven la coca por los ríos para sacarla al Pacífico, un corredor del narcotráfico con destino a Centroamérica y EE.UU.

"Las AGC afirmaron que iniciaban un cese unilateral pero las presiones sobre las comunidades se han cualificado. Les han obligado a cesar denuncias, a recibir regalos de navidad y reses", señala la Comunidad Intereclesial de Justicia y Paz.

Según esta ONG, el hostigamiento comenzó hace mes y medio, pero en los últimos días la represión aumentó con la presencia de hombres armados, vestidos de civil, que entraron a controlar los llamados "puntos" para que nadie salga del territorio.

Amenaza a líderes sociales

No obstante, la alerta se acrecentó el pasado 3 de enero, cuando los grupos ilegales amenazaron —a modo de sentencia de muerte— al reconocido líder social Leyner Palacios, a quien le dieron un plazo de dos horas para que abandonara el departamento de Chocó.

Ante esta amenaza, Palacios se reunió con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; y el mandatario de Colombia, Iván Duque. Tras este encuentro, el general Luis Fernando Navarro Jiménez, ministro de Defensa encargado y comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que la meta era "neutralizar cualquier accionar de Grupos Armados Organizados, Gao, que como el ELN y el Clan del Golfo, delinquen en la zona".

El Ejército colombiano aumentó su presencia en la zona sin reportar enfrentamientos, lo que ha generado suspicacia entre sus habitantes.

"La actuación de los grupos paramilitares de las AGC se realiza en connivencia con la Fuerza Pública asentada en el río Atrato y en muchos otros sectores de la región del Pacífico, esto contradice la legitimidad de un gobierno que postula como principio de intervención la legalidad", denunció Palacios en una misiva de seis páginas, dejada en manos de Iván Duque.

En el documento, Palacios calificó como "preocupante" que la explicación del Gobierno sobre lo que pasa en la región se restrinja a hablar del narcotráfico, "pues es sabido que históricamente este conflicto en la región, además del narcotráfico, ha estado asociado a la implantación de un desarrollo inducido, como la minería a gran escala, la agroindustria de la palma aceitera y megaproyectos de infraestructura".

Al respecto, la Comisión de la Verdad, surgida de la negociación de paz, emitió un comunicado firmado por su presidente, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, donde instan a las autoridades "a tomar las medidas urgentes y necesarias".

En su más reciente informe sobre el estado de la implementación del acuerdo de paz, la misión de Naciones Unidas también advirtió que "el deterioro de la situación en el departamento del Chocó es motivo de alarma".

A esta postura se han sumado la Defensoría del Pueblo y la Iglesia en varias oportunidades. De hecho, el 21 de octubre de 2019, la Defensoría señaló que al menos 2.250 habitantes de las comunidades negras e indígenas de Bojayá, Chocó, estaban confinadas "debido a la inminente confrontación armada entre las AGC y el ELN".

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En ese entonces, la población denunció que 16 líderes fueron víctimas de amenazas y que, como estrategia de guerra, los grupos habían instalado minas antipersonales en las zonas de cobertura telefónica para evitar las comunicaciones en la región.

Bojayá ya fue protagonista el 2 de mayo del 2002 de la mayor tragedia ocurrida durante el conflicto armado de Colombia, cuando un centenar de personas, entre ellas varios niños, murieron víctimas de un cilindro lanzado por guerrilleros de las FARC que combatían con paramilitares.

La extinta insurgencia ha pedido perdón en Bojayá, pero los otros grupos armados que siguen activos no le han dado tregua a un municipio que también es reconocido por haber votado de forma masiva a favor de los acuerdos en el plebiscito por la paz.