Este lunes el expresidente catalán Carles Puigdemont y quien fuera consejero en su Gobierno, Toni Comín, se estrenaron como diputados en el Parlamento europeo. El camino hasta la toma de su escaño ha estado plagado de polémicas y ha sido un vericueto jurídico aún no resuelto: "Hemos superado más de dos años de impedimentos para que hagamos política", ha resumido Puigdemont la situación a su llegada a las instalaciones de Estrasburgo.
Tanto Puigdemont como Comín están acusados en España de sedición y malversación de caudales públicos, entre otros cargos, por la celebración del referéndum de autodeterminación celebrado en Cataluña en 2017. Ambos salieron del país antes de que se formalizara contra ellos ninguna acusación, en octubre de ese año, y establecieron su residencia en Bélgica. En España pesa sobre ellos una orden de busca y captura, que se ejecutará en el momento en que cualquiera de los dos ingrese en el país.
Desde su 'exilio' voluntario se presentaron a las elecciones al Parlamento Europeo el pasado 26 de mayo y ambos fueron elegidos. Sin embargo, el Hemiciclo comunitario no les reconoció su condición de eurodiputados a instancias de las autoridades españolas. Puigdemont y Comín no cumplieron los trámites exigidos por la normativa española, que implicaban desplazarse a Madrid para jurar la Constitución, y tampoco se desplazaron a Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, por el temor a ser arrestados debido a una 'euroorden' que en ese momento había en vigor contra ellos.
Desde el mes pasado su situación ha cambiado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia en la que determinaba que los europarlamentarios lo son desde el momento de la proclamación de los resultados de las elecciones sin necesidad de completar ningún otro trámite. Además, también especificaba que gozaban de inmunidad parlamentaria desde ese mismo momento.
De ese modo, la institución comunitaria les reconoció tanto a Puigdemont, como a Comín, su calidad de diputados europeos con efecto retroactivo desde el 2 de junio. A pesar de ello, no se sabe cuanto tiempo podrán ejercer sus cargos, puesto que el Tribunal Supremo de España ha emitido este mismo lunes un suplicatorio solicitando a la Eurocámara que se suspendan sus inmunidades.
Otros exmiembros del Gobierno catalán fuera de España
Otros políticos que formaron parte del Ejecutivo encabezado por Puigdemont también se encuentran fuera de España.
Es el caso de Clara Ponsatí, quien fue consejera de Educación entre 2016 y 2017. Ponsatí abandonó España, se instaló en Escocia y se reincorporó como docente a la Universidad de Saint Andrews. En la misma situación se encuentra LLuis Puig, exconsejero de Cultura, y Meritxell Serret, exconsejera de Agricultura, ambos residentes actualmente en Bélgica.
Sobre todos ellos pesan órdenes de detención y entrega en España, donde están acusados de los mismos delitos por los que se condenó a 12 de los líderes catalanes considerados responsables de la organización y celebración del referéndum de autodeterminación, así como una Orden de Detención y Entrega Europea pendiente de evaluar por tribunales de diferentes países.
También fuera de España y con causas pendientes con la Justicia española se encuentran Marta Rovira, actual secretaria general del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con una 'euroorden' pendiente de resolver por los tribunales suizos; y Anna Gabriel, de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), aunque esta última solo está acusada de desobediencia, delito que no comporta penas de prisión, y es sobre la única que no pesa una 'euroorden'.
Líderes catalanes en prisión
En prisión permanecen nueve de los 12 líderes independentistas catalanes que fueron juzgados por el 'proceso' catalán. Están condenados a penas de entre nueve y 13 años de prisión. Entre ellos se encuentran el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento catalán Carmen Forcadell, los líderes de asociaciones independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y otros exmiembros del Gobierno regional que presidió Carles Puigdemont. Estos son las doce personas condenadas:
- Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat: 13 años.
- Jordi Turull, exconsejero de Presidencia: 12 años.
- Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores: 12 años.
- Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo: 12 años.
- Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán: 11,5 años.
- Joaquim Forn, exconsejero de Interior: 10,5 años.
- Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad: 10,5 años.
- Jordi Cuixart, presidente de la asociación Omnium Cultural: nueve años.
- Jordi Sánchez, expresidente de la asociación Asamblea Nacional de Cataluña: nueve años.
- Carles Mundó, exconsejero de Justicia: multa.
- Meritxel Borrás, exconsejera de Gobernación: multa.
- Santiago Vila, exconsejero de Empresa y Conocimiento: multa.
La situación más complicada jurídicamente es la de Oriol Junqueras. Estuvo en prisión preventiva casi dos años, desde su detención tras el referéndum ilegal hasta que llegó la sentencia el pasado 14 de octubre, y permanece allí en cumplimiento de la condena. Su pena, la más alta de todas, es de 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación para cargo público.
Antes de que concluyera el juicio Junqueras se presentó a las elecciones europeas y obtuvo un escaño, pero el tribunal no le permitió salir de prisión para tomar posesión de su cargo.
Hace unas semanas el TJUE se pronunció sobre una cuestión prejudicial sobre su situación, planteada cuando aún se encontraba a la espera de sentencia, y estimó que el exvicepresidente tenía la condición de eurodiputado desde la proclamación de los resultados de las elecciones y gozaba de inmunidad desde ese momento, pero dejaba en manos de la Justicia española la aplicación de la sentencia.
La semana pasada el Tribunal Supremo decidió por unanimidad denegarle un permiso de excarcelación para ir a Estrasburgo a tomar posesión de su escaño y mantener en vigor la condena que se encuentra cumpliendo. Acto seguido, la propia Eurocámara le retiró la consideración de eurodiputado.
Nuria López