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¿Criminalización de la protesta? De qué se trata la polémica ley 'antisaqueos' aprobada por el Senado chileno

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El proyecto impulsado por el Gobierno de Sebastián Piñera estipula penas de hasta cinco años de cárcel para los delitos de vandalismo.

El Senado chileno aprobó este lunes el proyecto de la ley 'antisaqueos', que tipifica y endurece las penas para los actos considerados como vandalismo, mientras ese país sudamericano atraviesa un fuerte estallido social desde mediados de octubre, con grandes protestas para modificar el modelo económico. 

La normativa, que todavía debe ser ratificada en la Cámara de Diputados —regresa al recinto de origen por haber tenido pequeñas modificaciones—, estipula desde 61 a 541 días de prisión para quienes interrumpan el tránsito "mediante violencia o intimidación en las personas".

En sintonía, el saqueo podría ser castigado con hasta cinco años de cárcel. Según esta posible regulación, aquella acción será considerada un delito cuando se contribuya a la "sustracción o destrucción" en establecimientos comerciales o industriales. Por otro lado, si el contexto es de "calamidad pública", o se presenta un desastre natural, la privación de la libertad podría ser mayor.

Asimismo, los protestantes que arrojen objetos contundentes se enfrentan a una pena de tres años, como máximo. 

Piñera celebra la aprobación parcial

El proyecto, que había sido propuesto por el Ejecutivo, ingresó a Diputados el pasado 25 de noviembre, bajo el título: "Modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables".

Tras semanas de tratamiento, el presidente, Sebastián Piñera, mostró su conformidad en Twitter con la reciente aprobación de los senadores: "Recuperar la seguridad de las familias y la paz social requiere una fuerte voluntad de nuestros parlamentarios", escribió

Críticas por presunta criminalización de la protesta

El proyecto también despertó duros cuestionamientos desde la oposición, que se manifestaron en las bancas parlamentarias durante el debate legislativo.

Unas de las voces más resonantes fue la del senador Alejandro Guillier, representante de la Región de Antofagasta, quien votó en contra: "Ante un estallido profundo, la respuesta del Gobierno será la prisión. Lo que se busca no es hacerle frente al saqueo, se quiere llegar a marzo teniendo mecanismos de represión más violentos y meter a la cárcel a quienes salgan a protestar o a manifestarse".

En ese tono, concluyó: "No estoy disponible para dar más facultades represivas a un Gobierno que viola los derechos humanos".

Por su parte, el abogado del partido Revolución Democrática, Matías Silva Alliende, le dice a este medio: "El Ejecutivo quiere usar el derecho penal como reacción ante un estallido de carácter político y social". Asimismo, ese docente universitario considera que "se criminaliza la protesta". 

Matías Silva Alliende, abogado de Revolución Democrática y docente universitario
Matías Silva Alliende, abogado de Revolución Democrática y docente universitario
El derecho penal debe utilizarse para regular la conducta de aquellos que cometan delitos, no para usarlo contra el enemigo. El Gobierno no busca sancionar para que el sujeto se reinserte en la sociedad, como debería ser

El magíster en Derecho Constitucional, quien este martes presentó con el Frente Amplio una querella contra Piñera por violaciones a los derechos humanos, subraya que se trata de "la utilización de una herramienta que el ordenamiento jurídico chileno ya tiene sancionado". E insiste: "El presidente da una respuesta desde el punto de vista criminal, pero no se hace nada con la crisis".

Desde su rol académico, repasa que "el derecho penal debe servir para regular la conducta de personas que cometen delitos, no para usarla contra el enemigo". Además, critica que "lo único que hizo el Gobierno fue llenar Plaza Italia de carabineros y no dar cumplimiento a su agenda social". 

Y concluye: "El derecho penal se pensó para aplicar sanciones que sirvan para la reinserción social, pero eso no está en el Gobierno. Ellos usan a un sujeto, que denominan como 'encapuchado', que sería el único que interviene en las protestas sociales, y lo transforman en un adversario". 

Fiscalía formaliza imputaciones y prisión preventiva por saqueos

El mismo día en que el Senado aprobó la norma desde el Congreso de Valparaíso, la Fiscalía de Chile confirmó 11 imputaciones por presuntos "robos en locales comerciales no habitados bajo la modalidad de saqueos", aparentemente ocurridos entre el 20 de octubre y 13 de noviembre en la ciudad de Valdivia, una urbe sureña con gran número de estudiantes. 

A su vez, el último viernes las autoridades ordenaron la prisión preventiva para un individuo acusado de incendiar la estación San Pablo del metro de Santiago, cuyo incidente se produjo el 19 de octubre, en los primeros días de la revuelta social. 

Leandro Lutzky

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