Cerca de 1.000 personas se reunieron en la Gran Central Metropolitana, en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, para iniciar una caravana de migrantes que pretende ir a EE.UU. para huir de la violencia en ese país centroamericano.
La convocatoria se realizó a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea para salir la madrugada de este miércoles. La primera llamada de este tipo ocurrió en octubre de 2018.
"A diario hay muertos y hay falta de trabajo", comenta uno de los migrantes, que dejará a sus cuatro hijos en Honduras, en relación a la seguridad y violencia en el país..
"Aquí no está muy bien la seguridad económica", explica otro hombre, que considera que "viajando" tendrían "un poquito más de oportunidad para sacar adelante" a los que se quedan en el país.
El informe anual de 2019 de Human Rights Watch reveló que Honduras es uno de los países con la mayor cifra de homicidios en el mundo y, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), desde 2002 al año pasado más de 86.000 personas han perdido la vida de manera violenta.
Por otra parte, la tasa de subempleo de la población laboralmente activa sobrepasa 50 %, lo que significa unos 2 millones de personas, en un país cuya población no sobrepasa los 10 millones.
Miles de migrantes hondureños
Desde 2018 hasta junio de 2019, unos 200.000 hondureños partieron con destino a EE.UU. para buscar mejorar su calidad de vida. La mayoría fueron deportados o regresaron de manera voluntaria a su país.
En septiembre de 2019, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó un acuerdo con su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, para supuestamente mejorar la "capacidad de asilo" conteniendo el flujo migratorio proveniente de otros países de Centroamérica. Sin embargo, el acuerdo ha sido calificado como un convenido para que el territorio hondureño sea un 'tercer país seguro', lo que ha sido negado por el Gobierno.
"Convertirse en un 'país seguro' para aceptar refugiados es una contradicción o un paradoja frente a la situación que tiene el país, donde su propia gente se está marchando", explica Clara Irazábal, directora del laboratorio de Latinoamérica y el Caribe, que aboga por una "política más coherente" de "desarrollo general" en Centroamérica en lugar de este tipo de convenios.