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La cúpula de la Policía catalana a juicio: acusaciones, testigos y una gran incógnita

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La Audiencia Nacional de España juzga su papel durante la celebración del referéndum de autodeterminación de octubre de 2017.

Este lunes empieza en la Audiencia Nacional de España el juicio a la cúpula de los Mossos d'Escuadra (la Policía autonómica catalana) por el papel del cuerpo policial durante la celebración del referéndum de autodeterminación ilegal celebrado en Cataluña en octubre de 2017 y los sucesos que tuvieron lugar durante las semanas anteriores.

En el que es conocido como el 'segundo juicio del proceso catalán' se sientan en el banquillo Josep Lluis Trapero, exjefe de los Mossos; Pere Soler, quien fuera director general de este cuerpo policial; César Puig, segundo en la Consejería de Interior del Gobierno catalán a la sazón; y la intendente Teresa Laplana.

¿De qué están acusados?

Tanto Trapero, como Soler y Puig, están acusados del delito de rebelión y la Fiscalía pide para ellos penas de prisión de 11 años de cárcel. Por su parte, Laplana se enfrenta a la acusación de sedición y afronta una petición de condena de cuatro años de cárcel.

¿Qué hechos se juzgan?

Los hechos que se juzgan se centran básicamente en tres jornadas, las del 20 y 21 de septiembre y la del 1 de octubre de 2017. 

En las primeras se produjo una gran manifestación en Barcelona a favor de la celebración del referéndum, que estaba convocado tan solo diez días después. La jornada acabó con una multitud rodeando la Consejería de Economía. Se produjeron algunos destrozos materiales, entre ellos el de algunos vehículos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y hubo personas que tuvieron que abandonar el edificio a través de un patio que comunicaba con un teatro, puesto que los manifestantes bloqueaban la salida.

La segunda fecha es en la que se celebró el referéndum de autodeterminación ilegal.

Durante esas jornadas la actuación de los Mossos fue muy criticada y se les acusó de haber hecho dejación de funciones. Así, en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, se les responsabiliza tanto de haber consentido la celebración del referéndum de autodeterminación como de no haber frenado el asedio a la Consejería de Economía sucedido diez días antes.

La incógnita

Uno de los enigmas de este proceso es saber si la Fiscalía mantendrá la acusación de rebelión.

Los exmiembros del Gobierno catalán y otros líderes independentistas que fueron sentenciados por el Tribunal Supremo a penas de entre nueve y 13 años de cárcel fueron condenados por sedición, y aunque la Fiscalía les acusaba de rebelión, finalmente el Tribunal descartó este delito, que llevaba aparejadas penas de privación de libertad mucho mayores.

Después de esa sentencia, que se conoció en octubre, ahora está por ver si el Ministerio Público mantendrá la misma acusación contra los responsables policiales. Para saberlo habrá que esperar a que concluya la prueba en el juicio, momento en el que la normativa española permite el cambio en la acusación.

Los testigos

Entre los testigos desfilarán algunos de los políticos que ya fueron condenados por los mismos hechos que ahora se juzgan.

El primero, que declarará el próximo 3 de febrero, será el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que fue el jefe del operativo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil del 1-O. A continuación será el turno de Ferrán López, quien fue el sustituto del mayor Trapero.

Por la sala pasarán también como testigos el expresidente de Cataluña que se encuentra actualmente en prisión, Oriol Junqueras, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el exconsejero de Interior Joaquim Forn y el expresidente de la asociación civil Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez.

¿Cuánto durará el juicio?

Está previsto que la fase oral del juicio dure siete semanas en sesiones diarias de mañana y tarde de lunes a jueves. Así las cosas, el juicio quedará visto para sentencia con toda probabilidad a finales de marzo, aunque no hay fecha para conocer la resolución.

¿Quién preside el Tribunal?

El caso está siendo juzgado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con sede en Alcalá de Henares, a unos 20 kilómetros de Madrid. El tribunal, compuesto por tres magistrados, está presidido por Concepción Espejel, una jueza que ha estado en el foco de la polémica en varias ocasiones.

Espejel fue apartada del caso Gürtel, en el que se juzgaba la corrupción de políticos del Partido Popular (PP), por su proximidad a esta formación política. De hecho, su ascenso en la carrera judicial ha venido de la mano del PP, pues la propuso y votó para ser miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de Gobierno del estamento judicial en España.

Sus afinidades políticas hicieron que también fuera excluida del juicio sobre la caja B del PP, las adjudicaciones a una trama corrupta por parte de AENA (empresa gestora de los aeropuertos españoles) o sobre el Ayuntamiento de Jerez. En el caso sobre el desvío de dinero público durante la visita del Papa a Valencia en 2006, fue ella misma la que se apartó.

Apoyo del Gobierno catalán

Diferentes miembros del Gobierno catalán han mostrado su apoyo a Trapero y a las otras tres personas que están siendo juzgadas. El presidente catalán, Quim Torra, ha ofrecido todo su apoyo a todos los procesados y ha dicho que "la justicia se acabará imponiendo a la venganza", a través de su cuenta de Twitter.

En la misma red social se ha manifestado en Consejero de Interior, Miquel Buch, que ha afirmado: "Tengo plena confianza en ellos y en el trabajo que hicieron, siempre actuando con absoluta corrección y profesionalidad".

Nuria López

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