El Gobierno de España ha dado el plazo de un mes para que el Ejecutivo regional de Murcia retire el 'pin parental', una medida impulsada por el partido de extrema derecha Vox que faculta a los padres para que veten la participación de sus hijos en algunas actividades educativas en los centros escolares.
Así lo ha anunciado el Ministerio de Educación, que ha asegurado que si Murcia no retira las instrucciones dadas a los centros escolares en ese plazo recurrirá a los tribunales y demandará al Gobierno regional por la vía contencioso-administrativa.
La disposición enviada por la Consejería de Educación de la Región de Murcia incluye la obligación de informar a las familias de las "actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular" que fuesen impartidas por personal ajeno al centro escolar, para que las familias "puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades".
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha calificado esta medida, a la que llama "veto parental", de "ilegal". Sin embargo, ha desechado la idea de intervenir la autonomía de este territorio por este motivo, y ha dicho que tampoco quieren "ir a los tribunales", porque espera que impere "la sensatez y la moderación".
Contra la 'ideología de género'
El 'pin parental' ha sido una exigencia de Vox, que lo ha impuesto como requisito para apoyar los presupuestos del Gobierno regional de coalición de las formaciones conservadoras, Partido Popular y Ciudadanos. Aunque la medida afecta a todos los contenidos impartidos por personal externo, va especialmente dirigido a aquellas cuestiones moralmente controvertidas o sobre sexualidad y más concretamente a las actividades que tengan que ver con la temática afectivo sexual.
La formación ultraderechista desde su nacimiento ha cargado contra lo que denomina 'ideología de género' y se ha mostrado contraria a todas las acciones de colectivos LGTBI, feministas o que abarcan materias como la diversidad de familias o las preferencias sexuales, por lo que el 'pin parental' se ha interpretado como un ataque a las políticas de igualdad impulsadas por los centros educativos.