Comida basura y casas de apuestas, en el punto de mira del nuevo Gobierno de España

El nuevo ministro de Consumo del Gobierno español, Alberto Garzón, adelantó el pasado domingo algunos de los asuntos con los que se estrenará en su cargo.

Fue durante una entrevista en el canal de televisión La Sexta, en la que anunció, de manera genérica, que presentaría una serie de medidas destinadas a regular la proliferación de casas de apuestas en España –o al menos a revisar algunas de sus formas de operar en el mercado–, y a gravar fiscalmente la "comida basura" o los alimentos ultraprocesados.

Por el momento, estas iniciativas se encuentran en una fase muy inicial y tardarán unas "dos o tres semanas" en materializarse en medidas concretas.

No obstante el ministro ya ha adelantado que en algunos aspectos "se puede hacer muchísimo" y dejó clara que la intención de su departamento es actuar pronto contra lo que considera dos de los mayores problemas de salud pública en España.

Apuestas y juegos de azar: ludopatía, jóvenes y publicidad

En materia de regulación de juegos de azar y apuestas, Garzón señaló que el interés de la sociedad española en acometer el asunto "es transversal" y destacó en ese sentido que "personas de izquierdas y personas conservadoras están de acuerdo en esto".

El titular de Consumo citó datos del ministerio de Sanidad que estiman que "unas 200.000 personas" presentan "trastornos en el juego o juego problemático". A su juicio, estas cifras revelan "un problema de salud pública" contra el que su ministerio tiene que "intervenir".

Los números, desde luego, avalan su tesis, y además revelan implicaciones preocupantes que apuntan hacia las nuevas generaciones: un informe reciente de la Federación Española de Jugadores Rehabilitados (FEJAR) y de la Asociación Madrileña de Psicólogos establece que uno de cada cinco adolescentes españoles de entre 14 y 21 años son adictos a las apuestas deportivas y otros tipos de juegos de azar. Esto significa que España tiene el índice de ludopatía juvenil más alto de Europa.

Otra de las principales preocupaciones del Ministerio de Consumo en este ámbito, que centrará una parte de las medidas impulsadas, es la publicidad de los negocios de apuestas, sobre la que Garzón ha reconocido, con preocupación, que "no hay prácticamente ningún tipo de regulación", a pesar de los principales operadores del juego de azar dedican, según sus cálculos, unos 300 millones de euros a anunciarse en los medios de comunicación, a través de los que "atraen a mucha gente".

¿Un impuesto a la 'comida basura'?

En el apartado del consumo alimenticio, el ministro Garzón anunció que su departamento pretende "reducir el impacto de la 'comida basura'" mediante dos vías principales: "establecer obligaciones claras en el etiquetado" y proceder a una "revisión de la fiscalidad de los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares", que podría redundar en un incremento del gravamen sobre este tipo de productos.

Algunos medios españoles especulan ya con que la medida específica impulsada desde el Gobierno consistirá en una subida del Impuesto al valor agregado (I.V.A.) del 10 % al 21 % en los alimentos considerados insanos. Al hilo de estas especulaciones, van apareciendo los detractores de la medida, que acusan a Consumo de querer legislar en base a un supuesto afán recaudatorio.  

Así, la propia Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas ya se ha manifestado al respecto, en un comunicado en el que señalan que "no hay evidencia científica que ese tipo de medidas sean eficaces, ya que desde la fiscalidad no se cambian hábitos y comportamientos". A juicio de esta organización, "este tipo de medidas tiene un carácter recaudatorio que solo tiene como efecto disminuir la renta de los ciudadanos, especialmente a los de rentas más desfavorecidas".

Lo cierto es que en España, la mitad de la población adulta tiene sobrepeso, y un 25 % de ese sector padece obesidad. La OCDE ha calculado que este problema resta a los españoles un promedio de 2,6 años de vida y lo ha traducido en términos de coste económico: el impacto en el mercado laboral equivale a la producción de 479.000 trabajadores a tiempo completo cada año. El resultado es que la obesidad cuesta a cada español 265 euros adicionales de impuestos al año.

Por otra parte, un estudio de Unicef sitúa a España entre los países con mayores tasas mundiales de obesidad infantil: el 35 % de los menores entre ocho y 16 años tiene exceso de peso en España, de los cuales un 14,2 % sufren obesidad.

"Un elemento de clase" en los problemas a tratar

Garzón admite que el juego de azar "no es un problema 'per se', pero se pueden dar determinadas ocasiones y contextos en los que sí derive en un problema grave". En esa línea, el ministro se refirió al hecho de que "los salones de juego se están instalando de forma creciente en barrios populares, humildes, de clase trabajadora, donde el elevado nivel de frustración y rabia social hace que mucha gente se sienta atraída por una especie de salida, o de esperanza de que apostando va a dejar de estar en condiciones míseras". 

Según los últimos datos recogidos por la Dirección General de la Ordenación del Juego de España (DGOJ), correspondientes a 2018, el 83 % son hombres frente al 17 % de mujeres, siendo el perfil más habitual el del varón con edad comprendida entre los 18 y los 43 años, con bajo nivel de ingresos y de estudios.

Esta mirada sobre la importancia del contexto socio-económico como catalizador de un posible problema de salud pública es exactamente la misma mirada que el ministro dirige al asunto de la 'comida basura' o los alimentos ultraprocesados, en el que el ministro señala la existencia de "un elemento de clase", y afirma que "la gente más pobre consume peor comida".

El mencionado estudio de Unicef también le da razón en esto último. Bajo el título 'Niños, alimentos y nutrición', este informe sobre el estado mundial de la infancia en 2019 concluye que "las familias pobres tienden a seleccionar alimentos de baja calidad que cuestan menos" y que "los gobiernos deben promover entornos saludables para la alimentación escolar, lo que incluye proporcionar comidas escolares equilibradas y limitar la venta y la publicidad de productos nocivos". 

David Romero

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