La condena contra un columnista reabre la polémica sobre crisis de libertad de expresión en México

Las luces de alarma por el clima de inseguridad en el que se ejerce el periodismo en México se reavivaron luego de que un juez ordenara un embargo de más de 5 millones de dólares en contra del politólogo Sergio Aguayo, a quien se acusa de haberle ocasionado al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, un supuesto "daño moral".  

El dictamen del juez Francisco Castillo González desató una oleada de indignación social y el inicio de una campaña de solidaridad con Aguayo, un reconocido académico que en 2016 publicó en el diario Reforma el artículo "Hay que esperar", en el que detallaba la captura de Moreira en España con cargos por corrupción.

Moreira fue acusado en Madrid de lavado de dinero, soborno y asociación criminal, pero luego quedó libre y entonces demandó al columnista por considerar que había afectado su honor, vida privada, imagen, sentimientos, decoro y reputación.

Después de casi cuatro años de litigio y un fallo previo en favor de Aguayo, el juez Castillo González emitió un fallo que sorprendió, entre otros aspectos, porque el multimillonario monto del embargo es el mismo que había pedido el exgobernador, quien también ejerció durante unos meses como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del cual terminó expulsado al tiempo que enfrentaba otras acusaciones por corrupción.

En respuesta a la sentencia en su contra, el columnista de inmediato tramitó un amparo que fue atraído por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro de la Suprema Corte que considera que se lesiona el derecho a la libertad de expresión, lo que abre la puerta a que el caso sea tratado en última instancia por el máximo órgano de justicia. 

En medio del escándalo provocado por la orden de embargo, los periodistas cuestionaron de manera insistente al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, pero el mandatario se deslindó al advertir que el expresidente Felipe Calderón exoneró a Moreira y ahora no puede volver a ser imputado de los múltiples delitos de los que ha sido acusado.

"Se tiene que garantizar la libertad de expresión, pero también hay un marco legal que se tiene que respetar. El (diario) Reforma tiene problemas con los Moreira de tiempo atrás. No me quiero meter en este asunto, es un pleito que traen ahí y lo tienen que resolver con las autoridades judiciales", dijo López Obrador, al considerar que es un problema entre un periódico y un político, y no un conflicto con impacto social.

En ese sentido, Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros sin Fronteras, y Jan-Albert Hootsen, del Comité de Protección para Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), advirtieron en entrevistas con RT que el fallo contra Aguayo no puede separarse de un contexto generalizado de agresiones a la prensa.

"Primero hay que entender que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina. De los 49 asesinatos de periodistas que hubo en el mundo en 2019, 10 de ellos ocurrieron en México, eso nos indica el nivel de gravedad", explicó Flores.

La activista de derechos humanos agregó que la sentencia judicial es un mensaje intimidatorio no sólo para el columnista, sino para que otros periodistas no se atrevan a investigar actos de corrupción y de violaciones a derechos humanos.

"En los últimos años hemos notado una tendencia a más demandas por supuesto 'daño moral', es una de las nuevas prácticas para amedrentar porque se imponen cantidades estratosféricas que tienen fines inhibitorios", agregó.

Hootsen, por su parte, precisó que en 2016 la Suprema Corte de Justicia quitó el tope a la cantidad de dinero por la que se puede demandar a una persona por 'daño moral', ya que antes se establecía un monto simbólico con el fin de generar un espacio de réplica.

"Hoy, en cambio, es más usado como incriminación. El caso de Aguayo es importante porque demuestra que en México no sólo hay violencia contra periodistas en términos físicos, también se ejerce violencia judicial y todo forma parte de la misma estructura de impunidad que existe", lamentó.

Con respecto a las declaraciones de López Obrador, el representante de CPJ consideró que, una vez más, el presidente demostró que la defensa de la libertad de expresión no está entre sus prioridades, ni siquiera en términos retóricos.

Cecilia González

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