El caso de Paola Guzmán, la joven ecuatoriana que se suicidó a los 16 años tras sufrir violaciones en su escuela, llega a la Corte Interamericana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comenzó el proceso contra el Estado de Ecuador por el caso de Paola Guzmán Albarracín, la menor que habría sufrido violencia sexual por parte de dos funcionarios de su colegio y en 2002 se quitó la vida con 16 años ingiriendo fósforo blanco.

La demanda interpuesta por la Comisión Interamericana ante la Corte indica que la presunta víctima habría sufrido violencia sexual por parte del vicerrector y el médico del colegio Miguel Martínez Serrano en Guayaquil. La comisión señala la existencia de un posible "nexo causal entre ello y su decisión de quitarse la vida".

La comisión entendió que el Estado ecuatoriano incumplió su obligación de garantía en su componente de prevención y concluyó que "la alegada situación de impunidad del caso habría obedecido a la presunta falta de debida diligencia por parte de las autoridades".

Durante la audiencia que se celebró este martes en la sede de la Corte, en Costa Rica, el Estado reconoció su responsabilidad respecto a la falta de diligencia para investigar y sancionar a los responsables y la ausencia de medidas de prevención.

María Fernanda Álvarez, directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Ecuador, confirmó que el Estado "no implementó las medidas adecuadas y efectivas para investigar y, de ser el caso, sancionar a los responsables". "El estado no adoptó una política pública y efectiva para prevenir que hechos como los denunciados ocurrieran", reiteró. 

Álvarez se disculpó de forma pública ante Petita Albarracín, madre de la víctima, por las "acciones y omisiones del Estado, que ocasionaran violaciones a los derechos de Paola Guzmán".

Sin embargo, los representantes de Albarracín aseguraron que estos reconocimientos parciales son "importantes", pero "son todavía una parte pequeña" ante los hechos que siguen estando en "controversia".

Los hechos

La menor comenzó a sufrir abusos sexuales a los 14 años por parte del vicerrector. En el informe de la CIDH, la parte demandante relata cómo en 2001, Paola comenzó a tener problemas en dos materias y el vicerrector le ofreció ayudarla con la condición de que saliera con él.

Dos años después se quedó embarazada, y este le obligó a abortar. Fue el propio médico de la escuela quien le realizó el aborto, a cambio de "favores sexuales".

Esta situación llevo a la niña al extremo y, finalmente, decidió ingerir fósforo blanco, altamente tóxico, y se marchó al colegio. El informe señala que ni el médico, ni ninguna otra autoridad del colegio tomaron las medidas pertinentes para atender "la grave condición en que se encontraba la niña, ni para arreglar su traslado a un hospital".

En la audiencia, la madre describió en un relato estremecedor que recibió la llamada una compañera de su hija para anunciarle que Paola estaba mal. Fue a buscarla a la escuela y la llevó a un hospital. Murió esa misma madrugada.

"Negligencias"

La parte denunciante alega que "los procesos legales han estado teñidos de demoras injustificadas, negligencia, parcialidad, asunciones discriminatorias y prejuicios de género, que han obstruido la aspiración de justicia de los familiares".

Respecto al proceso penal, se hace hincapié en que solo se investigó el acoso sexual y no la violación. Además, no se cumplió la orden de detención del vicerrector por encontrarse prófugo, aunque se sabía que nunca salió de Guayaquil.

El caso tiene relevancia porque es el primero de violencia sexual en el contexto educativo que analiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos.