¿Por qué se propone una ley contra el negacionismo de crímenes de la dictadura en Argentina?

A pesar de las pruebas, de los testimonios de los sobrevivientes y de los procesamientos, juicios y condenas de miles de exmilitares, expolicías y civiles, en Argentina hay sectores sociales que minimizan, justifican o hacen apología de los secuestros, torturas, asesinatos, robo de bebés y desapariciones en masa que llevaron a cabo el último gobierno militar.

El balance de la dictadura que gobernó el país de 1976 a 1983 suele despertar un debate social que cambia de intensidad según el gobierno de turno. Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, por ejemplo, los negacionistas no pudieron desdeñar abiertamente la lucha y la historia de los organismos de derechos humanos porque eran apoyados por el gobierno.

En 2015, la llegada de Mauricio Macri a la presidencia volvió a empoderar a quienes avalan masivas violaciones de derechos humanos que dejaron una herida que sigue abierta. Uno de los casos más concretos fue el de La Nación, el diario que apoyó el golpe de Estado y que al día siguiente del triunfo de Macri pidió en un editorial la libertad de represores con el pretexto de su avanzada edad. Se ganó un repudio público incluso en su propia redacción.

Desde el macrismo, varios funcionarios validaron la "teoría de los dos demonios" que los dictadores trataron de imponer para hacer creer que hubo un conflicto entre dos partes equivalentes, sin tomar en cuenta que los crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles, se denominan así porque los comete el Estado. En el caso de Argentina, hay casos probados de que el exterminio se aplicó contra ciudadanos en general, no solamente contra las guerrillas. 

Así, en sus primeros días como secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj se reunió con organizaciones que consideran como presos políticos a criminales condenados. Al mismo tiempo, Macri se negó a recibir a organismos encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo, con el argumento de que no tenía tiempo. Luego se citó con ellos a la fuerza, ante las críticas provocadas por su desaire y poco antes de la visita de François Hollande, presidente de Francia, país que siempre ha apoyado la lucha por los derechos humanos en Argentina.

Días después, Darío Lopérfido, entonces ministro de Cultura de Buenos Aires, denostó la cifra consensuada de víctimas por parte de los organismos, y que tiene un fuerte simbolismo. "No hubo 30.000 desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada", dijo para reducir una tragedia social a una cuestión de dígitos.

En un par de entrevistas, Macri, quien ya había advertido que terminaría con "el curro" (estafa) de los derechos humanos, reconoció que no impulsaría los juicios de lesa humanidad porque eso era "tarea de la justicia", que no le molestaba que golpistas y represores marcharan en festejos patrios y que no sabía ni le importaba el número de desaparecidos. También se refirió a la dictadura como una "guerra sucia", aunque en múltiples procesos los tribunales han concluido que no fue tal, sino un genocidio y terrorismo de Estado.

Más tarde siguieron los traspiés. En 2017, el presidente canceló por decreto la inamovilidad del feriado del 24 de marzo, aniversario del golpe militar. Las críticas lo obligaron a dar marcha atrás. Apenas había corregido la medida cuando el jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, salió a decir en televisión que "solo" hubo 8.000 desaparecidos y "22.000 mentiras".

El negacionismo de los funcionarios jamás tuvo ningún tipo de sanción pública ni privada, lo que coincidía con la indiferencia presidencial. En sus cuatro años de gobierno, Macri no dio mensajes por el Día de la Memoria, ni por la recuperación de bebés robados por los represores y recuperados ya adultos por Abuelas de Plaza de Mayo, ni por las condenas de los juicios de lesa humanidad.

La llegada de Alberto Fernández a la presidencia permitió el regreso de las representantes de los organismos de derechos humanos a los actos oficiales en primera fila. Y ahora, la promesa de que se elaborará una ley que sancione el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad, tal y como ocurre en países como Francia o Alemania, en donde hay condenas por poner en duda el Holocausto.

Cecilia González

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