El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, convocó este domingo una "sesión extraordinaria" del Parlamento para votar sobre la asignación de un crédito de 109 millones de dólares (aproximadamente 100 millones de euros) para financiar la tercer fase del plan de seguridad 'Control Territorial', que busca fortalecer la seguridad del país y luchar contra las pandillas.
La sesión, que fue instada por el propio Bukele, no se pudo celebrar por no haber quórum, al comparecer tan solo 28 de los 84 diputados que componen la Cámara, puesto que la mayoría de los grupos de la Asamblea Nacional no reconocen la potestad del mandatario para la convocatoria. Aun así, Bukele asistió acompañado por oficiales de Policía y militares armados. Tras una oración y unas palabras en las que ordenó el inicio de la sesión, se dirigió a sus seguidores a las puertas del Parlamento e invocó el derecho a la "insurrección popular".
Ya el sábado el presidente hizo un llamamiento a una insurrección del pueblo contra los diputados de la Asamblea Legislativa. Lo hizo invocando el artículo 87 de la Constitución del país, que dice que "se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de reestablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de Gobierno o al sistema político establecido", entre otros supuestos.
Choque de poderes
Así, lo que empezó como un choque entre dos órganos de Estado, que representan al poder Legislativo y Ejecutivo respectivamente, se ha convertido en una crisis democrática. Mientras, la Fuerza Armada ha jurado lealtad al presidente Bukele: "Reiteramos a los buenos ciudadanos que honraremos el juramento de obedecer al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aun a costa de nuestras vidas", afirmó este sábado el ministro de Defensa, René Merino, confirmando que el Ejército espera órdenes de Bukele.
Todo comenzó el pasado viernes, cuando el mandatario exigió al Parlamento que asistiera a una sesión el domingo para aprobar el desembolso de los fondos, un financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Bukele se amparaba en el artículo 167 de la Constitución, que faculta al Consejo de Ministros a convocar de forma extraordinaria a los diputados en caso de que "los intereses de la República lo demanden".
Pero los grupos de la oposición no lo reconocen así, y opinan que no concurren las circunstancias extraordinarias que habilitarían esta potestad del Consejo de Ministros.
Tras ello llegó el llamamiento a la insurrección popular, la apelación a los preceptos constitucionales y la exigencia de lealtad al Ejército.
Mientras tanto, desde el sábado los alrededores de la Asamblea legislativa han sido militarizados y el acceso restringido, hasta el punto de que el domingo la presencia militar armada llegó hasta el interior de la institución.
"Autogolpe"
La oposición califica los últimos acontecimientos de "autogolpe", mientras que organismos internacionales comienzan a dar muestras de preocupación. Así la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Michelle Bachelet, instó a las partes a dialogar y pidió respeto a las instituciones democráticas, mientras que la Delegación de la Unión Europea en San Salvador, a través de un comunicado, ha afirmado que "la situación política con el enfrentamiento entre las instituciones del Estado en El Salvador ha causado una gran preocupación".
El Pleno de la Asamblea Legislativa consideró el viernes que los "procesos de préstamos no constituyen emergencia nacional para convocatorias extraordinarias" y que la convocatoria planteada transgrede "la independencia de los Órganos del Estado".
Por su parte, el líder de ARENA (el partido conservador con más representación en el Parlamento), Carlos Reyes, hizo un llamamiento al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evitar "el rompimiento del orden constitucional en El Salvador" y que actúe para "suspender de inmediato el proceso de autogolpe actualmente en curso".
Además, desde la fuerza política se ha hecho público un comunicado en el que se dice que "el tema que supuestamente ha causado esta crisis institucional no es la aprobación de un préstamo", sino "la real amenaza a la democracia, a las libertades fundamentales, al respeto a los derechos humanos y al rompimiento del orden constitucional salvadoreño".
Desde el Grupo Parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), segundo grupo en número de diputados de la Cámara, han ido más allá de declaraciones, y su diputada Nidia Díaz ha informado de que han interpuesto una querella contra Bukele por el delito de sedición y han denunciado la intromisión del Ejército "contra la Asamblea Legislativa".
El analista político Carlos Alberto Pereyra Mele opina que todo el sistema democrático liberal de America Latina está en una crisis más que profunda, ya que no se ponen en el mismo nivel los poderes reales con los poderes legales. Mele afirmó que lo vivido en El Salvador es un "autogolpe" clásico en el que EE.UU. ha tomado partido al defender al mandatario.
Dos helicópteros, un buque e infraestructuras
El origen de la confrontación se encuentra en un préstamo destinado a financiar la tercera fase del 'Plan Control Territorial', una de las apuestas más publicitadas por el presidente salvadoreño. Sin embargo, ahora no se discute siquiera la aprobación del préstamo, sino tan solo una autorización para que el ministerio de Hacienda negocie el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Aunque Bukele obtuviera el respaldo de la Cámara no tendría disponible de inmediato el monto solicitado, 109 millones de dólares.
El mandatario pretende destinar esa cantidad para financiar "movilidad estratégica" por 46,9 millones de dólares, que incluirían la compra de dos helicópteros y un buque, y otros 25,9 millones serían destinados a infraestructuras y cámaras de videovigilancia, entre otros elementos.
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