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Policía comunitaria y gobierno pactan el desarme de niños reclutados en el estado mexicano de Guerrero

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La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) aceptó la petición de las autoridades, a cambio de que cumplan 29 demandas sociales.

La policía comunitaria de Guerrero, en México, acordó con el gobierno del estado desarmar a los menores de edad que reclutaron hace unas semanas, tras la crisis de violencia que azota sus comunidades. 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), una policía comunitaria que opera desde 2014 en los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera (en la Montaña Baja de Guerrero), informó que pactaron con el gobierno local que los menores depongan las armas, siempre y cuando las autoridades cumplan con 29 demandas.

El coordinador de la CRAC-PF, Bernardino Sánchez, informó al diario Milenio que el pasado jueves 6 se reunieron con autoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido como DIF, que solicitó el desarme de los menores de edad que se preparaban para formar parte de la policía comunitaria.

Según reveló Bernardino Sánchez, la CRAC-PF aceptó no incorporar más a los niños, a cambio de que el gobierno local cumpliera con 29 demandas sociales, entre las que se encuentran: construcción de un hospital y de una universidad; provisión de medicinas; dotación de equipos de seguridad (radios, antenas y siete camionetas); apoyos económicos para las viudas y huérfanos de la violencia cometida por el grupo criminal 'Los Ardillos'; desmantelamiento de esa banda delincuencial; liberación de un compañero preso y cancelación de las órdenes de detención contra 66 miembros de la Coordinadora. 

"Nos comprometimos a ya no hacerlo [incorporar niños a las policías comunitarias], pero que cumplan las 29 demandas. Si no las cumplen, volvemos a hacer otro ruido", advirtió el vocero Sánchez. 

Entrenamiento con niños

Hace tres semanas, una veintena de niños, de entre 6 y 15 años, provenientes de los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa de Álvarez, fueron armados por la CRAC-PF tras la masacre de diez indígenas nahuas, integrantes del grupo musical Sensación, que fueron asesinados e incinerados en esa zona.

La policía comunitaria señaló a 'Los Ardillos', un grupo criminal que impera en esta región, como los presuntos responsables. 

En un video difundido por medios locales, niños marcharon con rifles en la mano durante un recorrido por una autopista de Chilapa de Álvarez, como parte de su entrenamiento. 

La incorporación de niños a las policías comunitarias generó mucha polémica en el país latinoamericano. El presidente Andrés Manuel López Obrador alegó que su Gobierno trabajaba para atender las causas estructurales de la violencia y pidió alejar a los niños de las armas.

Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) tildó de un "crimen" que se involucrara a menores armados en las policías comunitarias, asegurando que la crisis de seguridad en la entidad "no justifica la urgencia involucrar a niños en hechos armados". 

Sin embargo, en la comunidad nahua de Alcozacán, de donde provenían los diez músicos asesinados, la violencia no ha dado tregua en los últimos meses. La policía comunitaria exige al Gobierno de López Obrador atender la inseguridad en la comunidad, que según su recuento, ha dejado 66 huérfanos. 

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