¿Por qué el Gobierno argentino pretende declarar 30 ciudades como "capitales alternas"?
El Gobierno argentino pretende declarar 30 ciudades como "capitales alternas" y desde Presidencia ya elaboraron un proyecto de ley, firmado por el mandatario peronista, Alberto Fernández, para ser votado próximamente en el Congreso.
En principio, el objetivo es federalizar la gestión pública, y para eso se planea mover la administración central a distintas urbes del país, cambiando de sede una vez por mes. En otras palabras, se mudarían las habituales reuniones del Ejecutivo, que estarían a cargo del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.
Así, Fernández cumpliría su promesa de campaña, de conformar un gabinete federal. La intención del Frente de Todos es "profundizar la implementación de políticas de descentralización, acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el territorio nacional", según las palabras del presidente.
De hecho, aquel jefe de Estado se comprometió a visitar todas las capitales alternativas en un plazo de dos años, aunque se espera que lo haga con un equipo reducido: sería un número máximo de diez funcionarios, con incidencia en las políticas públicas de esas zonas. Los encuentros también podrían incluir a otros miembros del Ejecutivo nacional y representantes de la sociedad civil.
Además, en caso de aprobarse la normativa, es posible que algunas dependencias del Estado se radiquen de forma definitiva fuera de la Ciudad de Buenos Aires, actual capital del país sudamericano. De esta forma, el Gobierno de Fernández sostiene que se podrían responder mejor a las problemáticas de distintas regiones.
Las ciudades elegidas por Presidencia
En el listado de posibles capitales momentáneas, al cual tuvo acceso este medio, se destacan algunas ciudades muy importantes para el país del Cono Sur, como Rosario (provincia de Santa Fe), San Luis (actual capital de la provincia homónima), la turística Bariloche (Río Negro), la petrolera Comodoro Rivadavia (el distrito más poblado de Chubut) y Formosa (capital del distrito que lleva su mismo nombre).
Las restantes son: Tinogasta (Catamarca), Río Cuarto (Córdoba), Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), General Pico (La Pampa), Chilecito (La Rioja), Guaymallén (Mendoza), Oberá (Misiones), Cutral Có (Neuquén), Orán (Salta), Caucete (San Luis), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero), Río Grande (Tierra del Fuego) y Monteros (Tucumán). Así, se refleja la intención de colocar sedes administrativas en urbes que, hasta ahora, tenían menor relevancia política.
Además, aparece Concordia (Entre Ríos), reconocida como el lugar más pobre del país, el mismo distrito donde se inició el plan federal de la tarjeta alimentaria para cubrir el déficit nutricional. Sobre la Provincia de Buenos Aires, la zona más poblada de Argentina, Fernández también quiere mudar su gabinete al humilde partido de La Matanza, una valiosa circunscripción electoral, y General Pueyrredón. En esos casos, se trata de territorios que contienen varias ciudades en su interior.
"Es una medida gestual, hay que ver si tiene implicancias prácticas"
Argentina está entre los ocho países más extensos del mundo, y tener presencia estatal en sus 2,8 millones de kilómetros cuadrados no es tarea sencilla. Así, muchos ciudadanos sienten una inmensa diferencia de servicios públicos entre las grandes urbes y el resto de la nación, una brecha que se agranda en la capital del país: "Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires", es una frase local muy típica.
Para el politólogo Gustavo Marangoni, "lo importante sería ver si se abre la posibilidad a que se puedan trasladar dependencias oficiales que están en la Ciudad de Buenos Aires, pero cuyo eje geográfico o económico se encuentra en las propias provincias". Como ejemplo, menciona a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) —firma renacionalizada en 2012, bajo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner—, cuyas oficinas están en la capital, pero su actividad se desarrolla en otras regiones, principalmente en el sur.
Sobre la medida general, que debería ser presentada durante el próximo período de sesiones legislativas, opina: "Es una iniciativa de carácter gestual, pero habrá que ver cuántas implicancias prácticas tienen en el tiempo". Por otro lado, el exdirector del Banco Provincia interpreta que el Gobierno de Fernández busca "tratar que la agenda no sea subsumida por el tema de la deuda", mientras avanzan los esfuerzos para renegociar los pagos pendientes con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por lo pronto, más allá del optimismo oficialista para aprobar el proyecto, resta por ver cómo prosiguen los debates en el Parlamento.
Leandro Lutzky
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