En el municipio purépecha de Nahuatzen, uno de los más pobres del estado de Michoacán, la población indígena siguió el ejemplo del vecino poblado de Terán e inició un proceso de autonomía que continúa hasta hoy en día.
El camino a la autodeterminación de esta comunidad indígena al suroeste de México ha estado marcado por la violencia. Aunque la Constitución del país establece que los pueblos originarios tienen el derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización, así como elegir a sus autoridades o representantes, la decisión de desconocer al Ayuntamiento los ha puesto en la mira de grupos que buscan controlar los recursos públicos y continuar con la tala inmoderada en la región.
"A partir de 2015, nuestra comunidad ha sido blanco de diferentes eventos con el propósito de criminalizarnos, de descalificar nuestra lucha", dice Efraín Avilés Rodríguez, miembro del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen.
En entrevista con RT, Avilés Rodríguez recuerda que hace cinco años decidieron convocar a una asamblea después de que encontraron a "varios compañeros comuneros muertos" en basureros o bolsas de plástico. La situación de inseguridad los llevó a desconocer al Ayuntamiento y a los partidos políticos tradicionales, y a nombrar a un Consejo Ciudadano Indígena, con el propósito de hacerse cargo de la seguridad y la atención de los servicios básicos en la comunidad.
La creación del Consejo Indígena de Nahuatzen los ha puesto en constante riesgo. "Han llegado personas a querer intimidarnos, a querer disuadirnos en este proceso que estamos enfrentando", cuenta Efraín Avilés a este medio. A las amenazas recurrentes que enfrentan, se ha sumado la criminalización por parte de las autoridades judiciales.
Persecución judicial
Desde noviembre de 2018, tres comuneros —dos de ellos integrantes del Consejo Ciudadano Indígena— fueron presos por el delito de sabotaje. No obstante, desde Nahuatzen denuncian que a José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera los encarcelaron injustamente por defender el territorio y autonomía.
De acuerdo con Avilés, el gobierno de Michoacán ha hecho oído sordos ante sus propuestas para reunirse y plantear acciones para mejorar la educación, salud, seguridad y cuidado del medio ambiente. El propósito de las autoridades estatales, según él, es "desaparecer esa posibilidad de que los pueblos originarios busquen la autodeterminación, como una herramienta [para] hacer válida la toma de decisiones".
En esta convulsa región de México, las comunidades indígenas quedan muy vulnerables ante el crimen organizado por cuidar el agua, defender la tierra y prohibir la tala de árboles inmoderada. "Ha habido casos de personas en nuestra región que han perdido la vida por estar protegiendo el medio ambiente", recuerda Efraín Avilés.
Peligro en América Latina
La organización Front Line Defenders documentó en un reciente informe que el año pasado, 304 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el mundo; de este recuento, 208 ocurrieron en América Latina, lo que sitúa a esta región como la más peligrosa para defender los derechos humanos.
Con una impunidad rampante en los asesinatos de defensores de derechos humanos, la defensa del territorio y el medio ambiente se han convertido en una sentencia a muerte. De acuerdo con Front Line Defenders, el 40 % de los defensores asesinados a nivel mundial se dedicaba a la defensa de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.
Colombia encabeza la escalofriante lista de defensores de derechos humanos asesinados, con 106; después le sigue Filipinas, con 43; Honduras con 31 homicidios; Brasil y México, en cambio, están empatados con 23 homicidios en cada país; y en el sexto lugar mundial se encuentra Guatemala, con 15.
De norte a sur de América Latina, los defensores de derechos humanos son sujetos de agresiones físicas, amenazas, intimidaciones, persecución judicial, y en no pocos casos, son asesinados. La defensa de la tierra, el agua, el bosque y su oposición a las industrias extractivas y los megaproyectos los ponen en la mira de grupos criminales que operan con la omisión o colusión de las autoridades.
El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michael Forst, ha advertido que el asesinato "es solo la punta del iceberg" de las constantes agresiones que sufren los defensores.
Desde 2016, Forst instó a los Estados a ocuparse de "la alarmante tendencia de violencia, intimidación, acoso y demonización" de las que son objeto quienes luchan por "defender y promover los derechos ambientales y territoriales".
En México y América Latina, la defensa del territorio y el cuidado del medio ambiente se pagan con la vida, ante la inoperancia del Estado para resguardar su seguridad y la falta de esclarecimiento de los asesinatos, que son gasolina para perpetuar el ciclo de impunidad.
José Beltrán
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